La Columna de Lanata/Clarín.-
La agrupación creada por el kirchnerismo para cooptar el sistema judicial representa alrededor del 30 por ciento del mismo.
Es legítima Justicia Legítima? O, mejor: ¿Justicia Legítima cumple la ley?
Hoy la agrupación creada por el kirchnerismo para cooptar el sistema judicial representa alrededor del 30 por ciento del mismo: básicamente en Capital y Buenos Aires, con pequeñas sucursales en todo el país. Su nombre es una exégesis del kirchnerismo clásico: así como Cristina y Néstor son el Estado, el Pueblo y la Patrea (no es error, debe leerse/decirse Patrea) también son la Señora Ciega que nos recibe en Tribunales.
Cuando, días atrás, la Corte se pronunció respecto de las tarifas de la luz (Disgresión: llevamos meses en los cuales las tarifas de luz y gas son el principal problema político de la Argentina, algo esta fuera de foco) la sentencia incluyó una novedad: un reproche duro e inusual contra una “jueza legítima”, Martina Isabel Forns. La Corte dijo que la jueza se movió “a extramuros de las normas constitucionales y legales”, y se la acusó de un “desarrollo contradictorio de las actuaciones”. “(Usted) Esta comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial”, dijeron los jueces del Supremo.
El miércoles por la mañana el esposo de la jueza –ex funcionario de la IGJ durante el kirchnerismo– gritaba ante los micrófonos de Radio Nacional en el programa de Romina Manguel: “Somos víctimas de una persecución política!!”. Gabriel Macaggi denunciaba también su situación personal: según él, había sido despedido de la IGJ por el macrismo, “acusado de socialista”. Juro que dijo eso.
De inmediato busqué frenéticamente en Internet: ningún otro de los 781.472 votantes de Progresistas (que fue en alianza en 2015 con el Partido Socialista) ha sido despedido hasta el cierre de esta columna. Si se trata de una purga ideológica, estaría fracasando. Creo que lo que la Corte le estaba diciendo a la esposa de Macaggi es que no antepusiera su ideología particular a la ley que le tocaba contemplar.
La idea de persecución política es tan cara al kirchnerismo como a sus jueces legítimos: es romántica y sirve para ratificar sus falacias, como se los persigue, creen ellos, eso demuestra que tienen razón. Y en verdad sucede todo lo contrario: el Gobierno ha sido más que prudente a la hora de evaluar el trabajo de los jueces y fiscales. Muchos de ellos no soportarían ni siquiera una investigación liviana, y han sido cómplices de los mismos delitos que se desarrollaron en el campo del Ejecutivo; cómplices necesarios, unos y otros se necesitaron para que el desfalco se llevara a cabo. Hicieron falta jueces corruptos para que políticos corruptos llevaran a cabo su objetivo en libertad y con impunidad.
No me importa si Casanello es vegano, vota al kirchnerismo o colecciona bonsai: hizo y hace todo lo posible por no investigar a Cristina. Los legítimos han tenido y tienen conductas ilegítimas. Veamos sólo algunos ejemplos: –El fiscal de Cámara Javier de Luca buscó frenar la investigación contra el ex vicepresidente Boudou en la causa Ciccone: dijo que no estaban claros los hechos en los que se lo investigaba. “No se lograron definir con precisión los delitos investigados”, dijo.
También afirmó que “no había negociaciones incompatibles porque la AFIP no depende de Economía”.
–El fiscal Carlos Gonella está procesado por no investigar al empresario Lázaro Báez (aquel “olvido” en la caratula de la ruta del dinero que descubrió Marijuan al volver de vacaciones). Por otro lado, Gonella asumió en la Procelac aunque había jurado ante el Senado para el cargo de fiscal en Formosa, sitio que no visitó ni siquiera como turista.
–El fiscal Pedro Zoni, designado para una fiscalía en el Chaco terminó en la que era la fiscalía de Gerardo Di Masi y, a horas de ser designado, pidió la indagatoria de la madre y hermana de Alberto Nissman.
–El devenir de la causa Nisman registra también el insólito pronunciamiento de Casación; lo firman María Laura Garrigós de Rébori, Mario Magariños y Daniel Morín que afirman desconocer si la muerte de Nisman es un hecho vinculado a un delito, lo que les permite sacar la causa del ámbito federal y devolverla al fuero ordinario.
–Apartar a Bonadio de la causa Hotesur, a sola firma de Ballesteros y Eduardo Freiler.
Este último cuestiona el hecho de que hubiera intervenido la Policía Metropolitana para allanar empresas vinculadas a la ex familia presidencial, todas ellas sospechadas de ser pantallas para el lavado de dinero.
–Benjamín Sal Llargues, ex integrante de la Cámara de Casación bonaerense que redujo la pena al abusador de un chico de seis años: consideró que el delito no era tan grave porque antes el menor había sido violado por su padre. El escándalo de la sentencia llegó a Naciones Unidas y Sal Llargues presentó su renuncia.
–La denuncia del juez federal Alfredo López a cargo de la pesquisa por la agresión sufrida por Macri y Vidal en Mar del Plata; Lopez denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazaferri y Nicolas Czizikl por demorar injustificadamente la investigación de los hechos.
–La denuncia de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que representa a la mitad de los 400 fiscales nacionales y federales contra Gils Carbó. El texto tiene cuatro carillas y señala: “El exorbitante aumento en la cantidad de empleados designados en la Procuración en forma directa, sin concurso ni evaluación; haber tomado juramento a fiscales designados para ocupar cargos en Formosa, Santiago del Estero, Posadas, Goya, Corrientes y General Pico que en lugar de ejercer en los cargos donde fueron designados “han actuado como oportunistas” y fueron trasladados a Comodoro Py 2002, lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado; el intento de destituir al fiscal José María Campagnoli; los sumarios contra los fiscales para presionarlos; la peligrosa designación de fiscales subrogantes sin necesidad o urgencia que lo justifique; las maniobras para limitar la actuación del fiscal German Moldes, etc.
–La hija de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio denunciados por la tramitación ilegal de una causa en la que aparece Lázaro Báez. Osorio fue denunciado por omitir una investigación contra la hija de Gils Carbó, Damiana Alonso, que administra el sitio de Internet Mercados y Transparencia en el que se publicó información sensible sobre el caso Báez. Alonso fue denunciada por haber accedido de manera irregular a esa información, pero Osorio desestimó la imputación y poco después fue propuesto por Gils Carbó como fiscal de Cámara subrogante. Curiosidades: Osorio no llegó a asumir ya que su designación fue frenada por la Justicia pero la denuncia de Monner Sans quedó radicada en el juzgado de Lijo y recayó sobre el propio fiscal Osorio, que se morderá la cola.
–El propio Lázaro Báez luego de declarar la existencia de reuniones entre Cristina y Casanello en Olivos amplió la recusación a la Sala II y mencionó como integrantes de un plan para proteger a la ex presidente, a Alejandra Gils Carbó, sus ayudantes Gonella y Omar Orsi y a Ricardo Etchegaray.
Importa poco, en esta serie, si creen en la Asignación Universal por Hijo, o quieren desarrollar el canal de televisión de los pueblos originarios y después dejarlos colgandos del bananero, o si su eje de política exterior es Irán-Venezuela-Bolivia-su ruta. Este problema es legal. Y como tal debe ser tratado.
