Por Joaquín Morales Solá/La Nación.-
Una fuerte ráfaga de política práctica colocó al Presidente en el país real que deberá gobernar durante los próximos cuatro años. Aparecieron el Senado y los gremios, que siempre fueron tormentos a veces concertados para los presidentes no peronistas. El peronismo retiene, y retendrá, la mayoría tanto en la principal cámara legislativa como en los sindicatos. Sin embargo, la distancia que Cristina Kirchner había tomado del peronismo clásico y de gran parte de los gremios le permitió a Mauricio Macri un comienzo mucho menos traumático del que se esperaba. "El peronismo está respondiendo más por la bronca acumulada contra Cristina que por la oposición a Macri", reseña un dirigente justicialista.
El jefe del bloque peronista de senadores (el cargo institucional más importante que tiene ese partido) es Miguel Pichetto. Pichetto perdió el año pasado la gobernación de su provincia, Río Negro, el mismo distrito donde en 2013 ganó la reelección como senador con el 52% de los votos. ¿Qué pasó entre 2013 y 2015 para que a Pichetto lo abandonaran miles de votantes? Pasó Axel Kicillof. Su política de subvaluación del dólar hundió la producción del valle de Río Negro. Pichetto pagó esa factura política. Ahora se encarga de criticar a Kicillof cada vez que le hablan de él.
En un peronismo políticamente acéfalo, muchos peronistas le reconocen a Pichetto el liderazgo de una oposición racional frente a Macri. Extraña curva de la política: el senador dejó de ser un candidato perdidoso a gobernador y se convirtió en un virtual jefe nacional de su partido. Varios gobernadores peronistas (no menos de cinco lo hacen explícitamente) convalidan su estrategia. Negociar y acordar, conceder y reclamar concesiones, acercarse sin mezclarse con el macrismo.
En rigor, Pichetto les dio a los gobernadores la estrategia que buscaban. Las provincias son un paisaje de desastres económicos y financieros. Las obras viales se dejaron de pagar en agosto del año pasado. El resto de las obras públicas se quedaron sin financiación desde noviembre. Cristina tomó las dos decisiones. Macri reinició algunos pagos, no todos, en las últimas semanas. La adversidad no sólo asedia a las provincias chicas; también Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza merodean la crisis. Tras el común derroche de recursos públicos, las provincias con menor envergadura no son nada sin las obras públicas. Sólo San Luis, San Juan y Formosa tienen las cuentas más o menos ordenadas.
Párrafo aparte merece Santa Cruz, cuna y señorío de la dinastía política que gobernó durante 12 años. Su Estado tiene un déficit mensual de 400 millones de pesos. Todas las obras públicas están paralizadas, no sólo las que construía Lázaro Báez. La industria petrolera (el otro gran motor de la economía santacruceña) está despidiendo a trabajadores por la vertical caída internacional del precio del petróleo. El turismo es muy reducido allí; sólo es rentable El Calafate. Ningún gobierno distrital (todos monitoreados por los Kirchner) ahorró un peso ni un dólar durante la época dorada. Santa Cruz está mal. "Es un polvorín con la mecha encendida", dice otro gobernador.
Un potencial conflicto en esa provincia provocaría un problema para la residencia de Cristina Kirchner. No estaría cómoda ni en la Patagonia ni en la Capital, donde le es difícil circular por el espacio público. Es la última mala noticia que recibió la ex presidenta. Ella se fue convencida de que dejaba una indestructible malla de protección.
El bloque peronista del Senado, el bloque de diputados nacionales de ese partido, el bloque de diputados peronistas de la provincia de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura, que decide los premios y castigos a los jueces. Ésa era la armadura. Dos meses después de su adiós, no le queda nada. Cristina da vueltas ahora en la vieja noria de la política argentina: sueña con el eterno retorno, tropieza con el fatal no retorno.
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Tanto los senadores dialoguistas como los diputados peronistas que rompieron el bloque cristinista aspiran a un acuerdo de largo plazo con el Gobierno. ¿Qué leyes pretende Macri que sean aprobadas por el Congreso? ¿Qué está dispuesto a conceder? La devolución a las provincias del 15% de la coparticipación es un reclamo permanente. Se trata de fondos retenidos por el gobierno federal para el sistema previsional; ya la Corte Suprema le ordenó que devolviera esos recursos a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Hay jurisprudencia, dicen senadores y diputados, que debería trasladarse a una política nacional. ¿No puede el gobierno nacional aumentarles la coparticipación de este año a las provincias en un 15%? Bien, ¿por qué no empezar entonces por devolverles el 7% en un proceso anual creciente que finalice en el 15%? Así son todas las negociaciones.
Macri necesita los dos jueces de la Corte Suprema que designó, aunque en verdad sólo postuló. Después del trámite senatorial que impone la ley, es muy probable que el cuerpo dé el acuerdo a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El acuerdo podría salir con la aprobación de todo el bloque peronista o con la disidencia de algunos de sus miembros. Los cristinistas puros son ahí una minoría, intensamente trabajada por insistentes enviados de la ex presidenta, como Oscar Parrilli. Pero son una minoría que Pichetto trabaja para que no se vaya del bloque. Son preferibles las disidencias parciales a la ruptura.
La aprobación parlamentaria de un acuerdo con los holdouts no tendrá tampoco mayores escollos. Los peronistas serios saben que Cristina Kirchner estuvo a punto de firmar un acuerdo con los fondos buitre en junio de 2014 y que Kicillof abortó el pacto en el instante agónico. "El país debe salir del default. Ya es hora", dicen algunos senadores peronistas. Plantearán, eso sí, una suba del mínimo no imponible por encima del proyecto del Gobierno: lo llevarán de 30.000 a 37.000 pesos. Pero todos los embajadores políticos designados por Macri tendrán su acuerdo en pocos días; quizás el Senado resuelva el tema el próximo martes 23. Algunos embajadores designados son viejos colegas de los senadores (Bordón, Puerta y Juez), otros son respetados, como Marcelo Stubrin y Martín Lousteau.
Ni siquiera Miguel del Sel recoge muchos reparos: "No tiene experiencia diplomática, es obvio, pero estuvo a un punto de ganar Santa Fe. ¿Por qué negarle ese mérito?", reconoce un peronista.
Macri necesita mostrar que está luchando contra la inflación para su relación con los sindicatos. Por lo pronto, acaba de nombrar la palabra maldita, "inflación", como nunca otro presidente la nombró en la última década. Hizo más: la calificó de "inaceptable". Verbalizar un problema es aceptar su existencia. No es poco después de tantas negaciones. Su problema consiste en cómo resolverlo. La solución de Guillermo Moreno no fue una solución, dicen los funcionarios. Tienen razón, pero, además, la solución Moreno necesita de un Moreno, de una política que lo acompañe y de un gobierno pendenciero. Nada de eso hay ahora.
¿Cuál es la solución? Por ahora, esperar que pase el momento más complicado de la suba de precios y que la inversión y la competencia vayan acomodando la economía en los próximos meses. El Gobierno se resiste a desdoblar las paritarias, porque teme que ese camino termine en un estado de perpetua negociación laboral. Los senadores son más flexibles que los sindicatos. Por ahora. Unos y otros conocen exactamente el lado eventualmente débil del Presidente. La inflación. Es lo único que podría alejar a Macri de la mayoría social que lo apoya. Y, con senadores o con sindicalistas, al peronismo le gusta moverse al ritmo de las oscilaciones sociales.
