Por Diario HOY.- La Justicia ya le marcó la fecha a la empresa. Su presidente, Miguel Galuccio, en plena evaluación de su gestión, deberá explicar algunas cláusulas firmadas que pueden ser polémicas.
Miguel Galuccio, el presidente de YPF, deberá enfrentar en pocos días el que puede ser el desafío más importante de su gestión. La jueza María Cristina Carrió de Lorenzo le notificó a la petrolera que tiene tiempo hasta el 22 de febrero para hacer público el polémico contrato de exploración y producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta con la firma Chevron.
Los legisladores nunca tuvieron acceso al contrato ni a las condiciones otorgadas a Chevron que permitieron con su voto. La sesión que terminó votando las modificaciones se hizo con un fuerte enfrentamiento en las inmediaciones.
La medida es consecuencia del reclamo presentado ante la Justicia por el senador Rubén Giustiniani que tuvo fallo favorable de la Corte Suprema en noviembre del año pasado. Como el máximo tribunal no fijó plazos, la causa volvió al magistrado de primera instancia que ahora puede abrir las puertas a un nuevo debate político.
El argumento de Giustiniani fue que el Estado controla el 51% de YPF y, por lo tanto, el contrato firmado con Chevron debe ser considerado un acto de gobierno plausible del escrutinio público.
El convenio con la petrolera estadounidense, firmado el 16 de julio de 2013, estuvo rodeado de polémica por los beneficios otorgados y unas supuestas cláusulas secretas que YPF se negó a difundir escudándose en el secreto empresario y la confidencialidad de un acuerdo entre privados.
A los pocos meses de la estatización de YPF y con una producción en baja heredada de la gestión de Repsol, el gobierno de Cristina Kirchner y Galuccio necesitaban mostrar nuevas inversiones.
Como el cepo cambiario, la inflación y la politizada expropiación del 51% de YPF ahuyentaron inversores, el gobierno le aseguró varios beneficios a Chevron.
El primero, antes de firmarse el convenio, fue fijar un precio preferencial, más caro, vía el decreto 929/13, para el gas nuevo a extraerse. Se lo bautizó el "decreto Chevron".
Otro beneficio plasmado en el contrato fue la posibilidad de girar dividendos al exterior y la de seguir cobrando regalías por las inversiones realizadas aún si deja el negocio en la provincia de Neuquén. El congreso neuquino necesitaba votar un cambio en la concesión que ya tenía YPF y se obviaron informes y auditorías ambientales.
En concreto, la inversión de Chevron en Vaca Muerta ya superó los 1.500 millones de dólares y la producción dio buenos resultados. Según lo informado por YPF, ya generó 5.000 puestos de trabajo. La estrepitosa caída del precio del petróleo a menos de 30 dólares cambió las bondades del negocio.
Para Galuccio puede ser el punto de inflexión de su continuidad al frente de YPF. De salir airoso del escrutinio público del contrato, tendría más posibilidades de continuar en su cargo.
Su gestión al frente de la petrolera divide al macrismo. Se divide casi en partes iguales los que la consideran positiva y los que no. La decisión final quedará en poder del presidente Mauricio Macri. La difusión del contrato por 35 años con Chevron, otro eslabón de la herencia K, será una prueba crucial.
