Por Gustavo Carabajal y Ricardo Larrondo/La Nación.- Ayer se cumplieron 28 años de la profanación de la tumba de Juan Domingo Perón, un misterio que no se extingue. Independientemente de quién haya gobernado el país desde la restauración de la democracia, y con 23 años netos de administraciones justicialistas, nada se hizo para esclarecer el incomprensible ataque. Sólo quedó a flote la hipótesis de que todo fue una clara operación de contrainteligencia con fines políticos.
En los últimos días trascendieron datos que estaban ocultos en el expediente y que avalan la presunción de que las manos fueron cortadas con una sierra de paso fino a través de un boquete de 28 centímetros que los autores del hecho hicieron en el vidrio blindado que resguardaba el féretro.
Si bien el juez de Instrucción Alberto Baños mantiene aún abierta la causa 54.248, en la que se investiga el atentado descubierto el 29 de junio de 1987, nada se supo del destino de las manos amputadas al cadáver del general, que estaba en la bóveda familiar, en el cementerio de la Chacarita.
No hubo en este tiempo, desde lo alto del Estado, una decisión política clara de aportar los medios necesarios con el fin de que la Justicia atrape a los responsables de la profanación. Por eso, Baños debió avanzar a ciegas y sin apoyo. A esto hay que sumar que, hace cinco años, en una clara operación de inteligencia, un grupo de desconocidos irrumpió en la casa del juez y robó tres cuerpos del expediente y una notebook. Esa falta de colaboración oficial quedó plasmada hace un año, cuando Baños envió un oficio al Gobierno con los nombres de 30 personas -entre los que figuraban espías militares y civiles- ante la sospecha de su presunta vinculación con la profanación o con maniobras tendientes a encubrir a los autores del hecho. Ante esa solicitud, el magistrado recibió de la Casa Rosada, el año pasado, una sola página con los antecedentes de dos de los 30 nombrados.
Actualmente sobrevive sólo una de las cinco líneas de investigación que tuvo el caso desde el inicio. Esa hipótesis se funda en la sospecha de que el ataque contra la tumba de Perón fue una operación de contrainteligencia presuntamente impulsada por algún servicio ligado a las Fuerzas Armadas o desde sectores militares instalados en la SIDE a partir del ocaso de la última dictadura.
Fue para intentar probar esa hipótesis que Baños solicitó los antecedentes de esas 30 personas a la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la respuesta que recibió fue muy pobre.
De la investigación encarada por LA NACION surge que en ese listado figurarían los nombres de al menos cuatro integrantes del grupo que participó en el ataque.
"La profanación de la tumba de Perón fue una operación mafiosa con un claro objetivo político en un contexto histórico del país en el que se estaban redefiniendo el poder y el perfil de Nación para los años que seguían. En ese contexto histórico ocurrieron los dos levantamientos carapintadas de 1987 y el ataque al regimiento de La Tablada, en 1989. Cuando me refiero al móvil político, hay que enfocarse en una conjunción de logias con mano de obra desocupada", explicó a LA NACION el periodista Claudio Negrete, autor, junto con el abogado Juan Carlos Iglesias, del libro La profanación.
La intervención de Iglesias en el caso del robo de las manos de Perón se produjo cuando el primer juez de la causa, Jaime Far Suau, lo convocó para que lo defendiera en los cinco pedidos de juicio político en su contra. El magistrado había conocido a Perón. Cuando era un joven abogado acompañó a un amigo hasta la residencia 17 de Octubre, en Madrid, durante el exilio del ex presidente.
Esas presentaciones pusieron al descubierto que existía la intención de sacarle el expediente al magistrado antes de que avanzara con la investigación. Ninguna de las acusaciones prosperó. Pero un año y medio después de la profanación, el juez falleció en un extraño accidente automovilístico en la ruta 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Coronel Dorrego. Cuando regresaba de Bariloche, volcó con su Ford Sierra en una suave curva y chocó contra el único peñasco que había en la zona; también murió la mujer que lo acompañaba, Susana Guaita.
"Era fierrero y cuidaba su Ford Sierra hasta en el mínimo detalle. Pero manejaba muy rápido y, por tal motivo, no hay que descartar que hubiese seguido de largo en la curva", expresó un funcionario que trabajó con Far Suau entre 1987 y 1988.
Sin embargo, Negrete e Iglesias nunca creyeron en la hipótesis del accidente. "A Far Suau lo mataron. Fue uno de los cuatro asesinatos que se cometieron para que el caso nunca se esclareciera. El hijo de Guaita viajaba en el asiento trasero y sobrevivió. Afirmó que había escuchado una explosión antes del choque. Un grupo de peritos en accidentología revisó el expediente que se instruyó en Bahía Blanca y se llegó a la conclusión de que no fue un accidente, sino un atentado", expresó Negrete.
Los otros dos homicidios a los que se refirió Negrete tuvieron como víctimas a Paulino Lavagna y a María del Carmen Melo. Lavagna, cuidador del cementerio en donde estaba la bóveda de la familia Perón, falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción se dejó constancia de que la muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había sido asesinado a golpes.
Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una paliza días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que había visto cerca de la bóveda.
Con la muerte de Far Suau, la investigación se paralizó.
Ninguno de los colegas que subrogaron el juzgado o que lo reemplazaron pudo avanzar y el expediente se archivó. Hasta que, en septiembre de 1994, el juez Baños reabrió la investigación y nunca más la cerró. El magistrado impuso el secreto del sumario ante la extraña aparición de un duplicado del juego de 12 llaves de las cuatro cerraduras que aseguraban el blindex con marco de hierro en la bóveda de la familia Perón, que había sido colocado para evitar el robo del féretro.
Hubo una serie de maniobras para desviar la pesquisa. Una de esas operaciones tuvo nombre y apellido: Juan Alberto Imbessi, quien por lo menos durante diez años estuvo como imputado en la causa. Nada de lo que dijo en sus indagatorias aportó un dato concreto para esclarecer el caso.
A esto hay que sumar las amenazas al juez Baños, el robo de tres cuerpos del expediente y de la computadora personal del magistrado.
EL INICIO DE TODO
La profanación fue denunciada el 29 de junio de 1987 por Roberto García, esposo de Delia Perón, sobrina del ex presidente. García descubrió que faltaban la gorra, la bandera y el sable que cubrían el ataúd oval. Había vidrios rotos y la claraboya había sido violentada. Vio el boquete en el vidrio blindado de nueve centímetros de espesor y 170 kilos de peso, engarzado en un marco rectangular de acero y diseñado de forma tal que, de romperse totalmente el vidrio, el féretro no pudiera ser retirado.
Con la presencia de Far Suau, los policías comandados por el comisario Carlos Zunino y los peritos forenses y de rastros bajaron de a uno por vez al estrecho subsuelo de la bóveda. Primero, con las doce llaves, se retiró el vidrio blindado. Luego se colocó el ataúd encima de tres caballetes. Al levantar la tapa del féretro, los investigadores judiciales y policiales descubrieron que las manos habían sido amputadas. Los cortes fueron precisos, pero desparejos.
Según el informe forense, la mano derecha fue cortada a la altura de la muñeca y la otra se cortó por encima de esa articulación, donde el hueso es más blando. La presencia de aserrín cadavérico que no había impregnado el faldón del uniforme del general indicaba que los cortes habían sido recientes, no más de una semana antes del descubrimiento.
Los peritos determinaron que las manos fueron cortadas con una sierra de paso fino similar a la sierra tipo Gigli, un instrumento quirúrgico que consiste en una hoja muy delgada con dientes en tres direcciones.
A partir del hallazgo de los duplicados de las doce llaves en el sótano de la comisaría 29» y la escasa dimensión del boquete en el vidrio blindado, los investigadores sospecharon que los autores de la profanación habían montado una escena para desviar la pesquisa. Pero LA NACION obtuvo entonces un dato que estaba oculto. Durante la investigación, los detectives consultaron a un veterano ladrón de joyerías. Le preguntaron cuánto tiempo les hubiera llevado a los profanadores hacer un boquete en el blindex que resguardaba el ataúd. El asaltante, de apellido Chirico, aportó un dato clave: con una maza de medio kilo, una punta de albañil y velas era posible romperlo en poco más una hora.
Los investigadores hicieron la prueba y tardaron 55 minutos en romper el vidrio de ocho placas y de 9 mm de espesor, separadas entre sí por una membrana y un polímero denominado polivinil butirol, capaz de soportar una descarga de FAL. Con la maza y una punta de albañil se rompieron cada una de esas placas y con la vela se quemó el polímero que las adhería. Esto resultaba compatible con el hallazgo de restos de vela en el vidrio. Así, los detectives advirtieron que las velas no se usaron para iluminar el recinto, sino para quemar esas membranas.
Dentro del féretro los peritos hallaron un fragmento de un guante de goma. Correspondía a un dedo. Con esto comprobaron que resultaba factible que los profanadores hubiesen enrollado en una falange uno de los extremos de la sierra de Gigli, que también se podía manipular con dos mangos de madera o metal.
Esta experiencia confirmó que los autores de la profanación no necesitaron mucho espacio para concretar los cortes de precisión quirúrgica.
Con respecto a los autores de la profanación, el abogado Juan Gabriel Labaké, que representó como querellante a María Estela Martínez de Perón, dijo que se siguieron cinco hipótesis. "Cuando ocurrió la profanación, me comuniqué por teléfono con la viuda de Perón para darle la noticia, antes de que se enterara por los diarios. En esa charla le pregunté quiénes creía que podían haber ideado semejante ataque. Me detalló quiénes estaban resentidos con Perón. Mencionó a la Logia P2, encabezada por Licio Gelli; a la masonería inglesa, que podía haber actuado en venganza por la decisión de Perón de estatizar los ferrocarriles en los años 50; a la «mano de obra» desocupada de la dictadura militar; a los Montoneros, y algunos sectores de la SIDE que en 1987 aún respondían a grupos militares. De todas las conversaciones que tuve con ella llegué a la conclusión de que estaba convencida de que la profanación tenía una raíz esotérica", dijo a LA NACION Labaké. El abogado cree que no hubo móvil político para la profanación.
Fuera de la pista política, todas las otras hipótesis quedaron descartadas en los 28 años de investigación. En 1996, el juez Baños agotó la investigación del móvil económico y la posibilidad de que los autores de la profanación hubieran robado las manos de Perón para abrir una supuesta caja fuerte en Suiza.
A través de una serie de oficios y exhortos, el gobierno de la Confederación Helvética remitió un detallado informe en el que se indicó que no existía ninguna cuenta a nombre de Perón y que no había mecanismos de lectura de huellas digitales para abrir cajas de seguridad.
En cuanto al móvil político, en la causa figuran los nombres de los sospechosos de integrar el grupo operativo que irrumpió en la bóveda. Sin embargo, no existen pruebas físicas que permitan demostrar sin dudas su responsabilidad en el hecho. Sólo la confesión de un arrepentido podría develar el misterio.
Otro protagonista del caso, más reciente, es Daniel Carunchio, tanatólogo y ex subdirector de la morgue en la Facultad de Medicina de la UBA, conocido por haber practicado tanatopraxia a los cuerpos del ex presidente Arturo Frondizi, de Amalia Lacroze de Fortabat, de Lorenzo Miguel, de María Elena Walsh, de Leonardo Favio y de la ex ministra de la Corte Carmen Argibay Molina, entre otras 24.000 prácticas que ha realizado en los últimos 35 años.
EL ÚLTIMO TRASLADO
Carunchio, junto con su tío, el por entonces empresario funerario Alfredo Péculo, participó de los cuidados realizados al cuerpo de Perón cuando, el 17 de octubre de 2006, fue trasladado de la Chacarita hasta la quinta de San Vicente donde el general y Eva Perón descansaron durante dos veranos en los años 50.
Aquel histórico traslado de Perón al mausoleo erigido en San Vicente quedó marcado por la violencia. Militantes que esperaban la llegada del féretro oval a la quinta protagonizaron graves incidentes. Los cruces entre facciones sindicales incluyeron varios disparos y dejaron más de 40 heridos.
Aquella jornada resultó ajetreada para el cuerpo de Perón, al transitar largas horas por la calles porteñas y del conurbano. El traslado del féretro había comenzado a las 7. Del cementerio de la Chacarita fue llevado en una camioneta de la cochería Paraná, custodiada por la Policía Federal, a la sede de la CGT, en Azopardo al 800, donde se congregaron cientos de dirigentes gremiales y miles de trabajadores. Poco después del mediodía, el ataúd, envuelto en una gran bandera nacional y acompañado con la gorra de general y el sable de Perón, fue apoyado en una cureña y arrastrado por un jeep Gaucho con personal del Ejército. Partió de la CGT escoltado por dos escuadrones y la fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
A su paso mucha gente vivaba a Perón y arrojaba flores. Todos querían tocar el féretro. A las pocas cuadras, en Paseo Colón y Humberto I, comenzaron los sobresaltos.
"Yo iba en la cureña pegado al féretro junto con un empleado de la cochería para protegerlo y recibimos golpes por todos lados por frenar a los manifestantes, pues todos querían tocar el féretro. Incluso me fisuraron una costilla. Es más: tuve que guardar la gorra y el sable del general porque un par de vivos intentaron llevárselos", dijo Carunchio. Fuentes castrenses confiaron a LA NACION que el sable original desapareció durante la profanación y lo que hay ahora es una réplica.
Finalizados aquellos episodios violentos, se habilitó el ingreso del cortejo a la quinta de San Vicente. El féretro fue llevado hasta el mausoleo. Habían pasado casi 12 horas con el presidente muerto en movimiento, con una temperatura ambiente que osciló entre los 18 y los 25 grados.
"Una vez terminada la ceremonia abrimos el féretro y vimos que el cuerpo no presentaba complicaciones, y realizamos algunas tareas de mantenimiento. Al año siguiente repetimos otros tratamientos de conservación", agregó Carunchio, que recordó que el cuerpo sufrió otras dos mutilaciones: en una pierna y en un brazo. De allí se extrajeron muestras óseas por el reclamo de paternidad que había hecho Martha Holgado, quien mostró documentación ante la Justicia. Ese examen de ADN dio negativo.
Así, el cuerpo de Perón espera en San Vicente el fin de la impunidad en uno de los casos más tristes y escandalosos de la historia argentina.
.jpg)
