Por Diario HOY.-
Ayer, los fiscales Guillermo Marijuan, Ricardo Sáenz, Carlos Stornelli y José María Campagnoli y el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, convocaron formalmente a una marcha del silencio que se realizará el 18 de febrero al cumplirse un mes de la muerte del titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman.
El pedido de que haya “paz”, que ayer esgrimieron los funcionarios judiciales, es un sentimiento compartido por toda la sociedad.
Ahora bien, el árbol no puede tapar al bosque ya que con este tipo de protestas se corre serio riesgo de que, lo que debería ser una investigación profunda para esclarecer la muerte de Nisman, se termine convirtiendo en una suerte de show mediático, en una puesta en escena que se quede en lo meramente superficial sin ahondar en las verdaderas cuestiones que llevaron a que la presidenta Cristina Kirchner sea denunciada por encubrimiento en la causa AMIA y a los pocos días, el fiscal que hizo la demanda, termine con un disparo en la cabeza.
Llama poderosamente la atención que ninguno de los fiscales que ayer posaron para la foto frente a los tribunales de Comodoro Py, haya planteado abiertamente lo extraño que resulta que Nisman, que estaba en la mira de fundamentalistas iraníes por sus investigaciones sobre la voladura de la mutual judía en 1994, pudiera moverse por España y Francia, junto con sus hijas, sin ningún tipo de problemas.
Evidentemente, para que ello ocurriera, contaba con protección, algo que solamente pueden otorgar servicios de inteligencia altamente profesionalizados como puede ser el Mossad israelí, el MI6 británico o la CIA norteamericana. Cabe recordar que Nisman estuvo en París pocos días después del atentado terrorista a la revista Charlie Hebdo.
Ahora bien, que aquellos que lo protegían a Nisman en otras latitudes de la tierra, no hayan podido o querido hacer en lo mismo en un país como la Argentina, donde la inseguridad ha llegado al extremo que un ser humano puede ser asesinado por tener un par de zapatillas de marca o unos pesos en el bolsillo, es un hecho que no debe pasar desapercibido. En ese sentido, la zona donde vivía el fiscal de la causa AMIA se encontraba absolutamente desprotegida: el sistema de seguridad del edificio presentaba fallas por todos lados y, para colmo, los agentes que formaban parte de la custodia de Nisman parecía tener la misma preparación que los personajes de Brigada Explosiva, una popular y bizarra película de los ´80.
Está claro que a Nisman lo dejaron sólo, absolutamente desprotegido.
Y la máxima responsable es la presidenta Cristina Fernández. Concretamente, suponiendo que era verdad que no tenía nada que ver con lo que había denunciado el fiscal, la primera mandataria debería haber garantizado las condiciones para que Nisman pudiera exponer en los tribunales y en el Congreso su denuncia. Y luego demostrar su supuesta inocencia en la Justicia, haciéndole pagar el precio de lo que sería una falsa denuncia. Lejos de haber adoptado ese camino, que es lo que hubiese hecho cualquier persona honorable, el kirchnerismo atacó con virulencia al fiscal en los días previos a su muerte y luego intentó instalar la hipótesis del suicidio, que no tardó en desmoronarse.
Ante semejante panorama, los fiscales, como funcionarios del Ministerio Público y actores centrales del sistema judicial, no pueden ni deben ser meros relatores de la realidad como si fuesen vecinas de barrio. Todos ellos tienen una vasta experiencia, cuentan con contactos, informantes e información sobre cómo se mueven los servicios de inteligencia que podría resultar muy importante para el esclarecimiento del caso.
A su vez, que uno de los organizadores de la protesta sea el sindicalista Julio Piumatto, quien durante años fue un fiel sirviente del kirchnerismo, al punto de que convocaba marchas a favor del gobierno nacional y transitaba por distintos canales de TV para intentar justificar lo injustificable del kirchnerismo, es otro hecho que llama poderosamente la atención.
A Piumatto se le atribuye cercanías con el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien tal como lo hemos reflejado en las páginas de Hoy, parece estar más preocupado en intentar conseguir refuerzos para Independiente que en intervenir ante los graves problemas sociales, políticos y económicos que están sacudiendo al país.
En ese contexto, no vaya a ser que la protesta solo sirva como una forma de sacarle la tapa a una olla a presión, descomprimiendo la situación para que los reclamos se terminen desinflando o queden encapsulados en cuestiones secundarias, y se termine imponiendo la impunidad que es lo que efectivamente le conviene al gobierno nacional.
La crisis política e institucional que generó la muerte de Nisman nunca podría haber ocurrido si la Argentina no fuese un territorio en absoluta indefensión. La mal llamada década ganada, que tienen a Néstor y Cristina Kirchner como máximos responsables, deja un país con fuerzas armadas y de seguridad desguazadas, mientras que los servicios de Inteligencia son el resultado del propio proyecto político del kirchnerismo.
El presente de la ex SIDE es la consecuencia de haber puesto a los espías como integrantes de un aparato de extorsión y de apriete, para perseguir y pincharles los teléfonos a críticos y opositores, cuando su función debería ser contribuir a la defensa de la soberanía nacional ante amenazas concretas como son el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y distintos intereses antinacionales que, como se sabe, tienen los recursos naturales de la Argentina entre ceja y ceja.
