Por Fernando Laborda/La Nación.-
A pesar de imponer su mayoría y rechazar "in limine" todos los planteos de la oposición para iniciarle un juicio político al vicepresidente, cuesta afirmar que el kirchnerismo se haya alzado con un triunfo político.
Es que mientras Amado Boudou continúe en sus funciones hallándose procesado por corrupción, subsistirán varios problemas para el oficialismo.
El primero es que nadie cree en la inocencia del vicepresidente. Y si bien, como plantearon ayer diputados del oficialismo, nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario, la avalancha de indicios recopilados por la Justicia sobre negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho que pesan sobre Boudou, lo inhiben moralmente de ocupar la primera magistratura en ausencia de la jefa del Estado e incluso de presidir las sesiones del Senado.
No son pocos los senadores del propio Frente para la Victoria que no están dispuestos a sesionar con Boudou tocando la campanita.
Y difícilmente existan ministros de Cristina Kirchner prestos a aceptar con agrado alguna orden del vicepresidente si éste tuviera que estar al frente del Poder Ejecutivo por algún viaje de la jefa del Estado. La experiencia de Boudou en ejercicio de la presidencia cuando Cristina Kirchner debió alejarse de su cargo por su última operación ya lo demostró.
Un segundo problema es que la maniobra del kirchnerismo de rechazar la posibilidad del juicio político en la respectiva comisión de Diputados sin siquiera abrir una etapa de investigación, no inhabilitaría a la oposición para seguir presentando pedidos de enjuiciamiento al vicepresidente, quien carga con demasiadas causas judiciales en trámite. Tanto el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anunciaron que irán por ese camino. La idea es que el kirchnerismo pague permanentemente el costo de rechazar sucesivos pedidos de juicio político.
Un tercer problema para el partido gobernante es que la tolerancia de los argentinos ante hechos de corrupción es indirectamente proporcional a las dificultades socioeconómicas. Cuanto mayores sean la inflación, los despidos y los temores a perder el trabajo, menor es la tolerancia ante los escándalos vinculados con supuestas irregularidades administrativas.
La caída en desgracia de Boudou llega en el peor momento económico del kirchnerismo.
La inflación alcanza el más alto nivel en las dos últimas décadas, junto a la de 2002 (40,9%); la caída del poder adquisitivo golpea a los segmentos más pobres por el impuesto inflacionario y a los asalariados por la sumatoria de la inflación y el impuesto a las ganancias; el 70% de la población ocupada no recibe más de 6000 pesos mensuales, según datos del Indec, y en el período comprendido entre marzo último e igual mes de 2013, la evolución del ingreso promedio de quienes trabajan (24,6%) fue 12,7 puntos inferior al aumento del costo de vida medido por el Congreso (37,3%).
A esas dificultades hay que añadir el creciente déficit de las cuentas públicas. El último dato oficial conocido, correspondiente a abril, arroja 4276 millones de pesos de rojo fiscal, un 39,5% más que en igual período de 2013. Sin los aportes de la Anses, del Banco Central y del PAMI que fueron en auxilio del Tesoro Nacional, el déficit hubiese trepado a 9207millones.
Este escenario económico se complementa con el aumento de las necesidades de financiamiento de las provincias, que según Ecolatina, llegarán en 2014 al 1,5% del PBI -unos 45.000 millones de pesos-, por encima del 1% del año anterior. Se trata de un déficit que sólo podría ser paliado en el corto plazo con emisiones de deuda.
Este contexto es el que lleva a los mercados a imaginar que el Gobierno tratará de evitar un default. Puede sonar demasiado racional para una Presidenta acostumbrada a transitar cornisas. Pero lo cierto es que un cóctel de inflación con recesión y desfinanciamiento, mezclado con un vicepresidente procesado por corrupción, podría ser letal.
