Por Esteban Rafele/El Cronista.-
Avanza la estrategia de doble vía. Suma apoyo internacional y busca presionar a bonistas del canje y el banco pagador, que ayer no pagó, pero habilitó negociaciones
Horas después de que el fondo NML Capital haya denunciado la falta de voluntad del gobierno argentino para llegar a un acuerdo, el Ministerio de Economía confirmó ayer por la tarde que enviará una delegación en representación del país a negociar con los holdouts en las oficinas del mediador Daniel Pollack. La reunión será el próximo lunes 7, cuando haya pasado una semana de la moratoria financiera en la que incurre el país desde hoy por no haber podido pagar vencimientos de deuda por u$s 539 millones, que hasta anoche seguían depositados en dos cuentas del Bank of New York (BONY) en el Banco Central.
“El Ministerio de Economía informa que se ha designado una delegación para reunirse el día 7 de julio con el citado funcionario”, informó la cartera de Axel Kicillof en un comunicado, en alusión a Pollack. “De este modo, Argentina reitera su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100% de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso”, reiteró. Economía no comunicó quiénes integrarán la delegación ni descartó que sea el propio Kicillof el que la encabece.
La declaración llegó horas después de un comunicado firmado por Jay Newman, administrador de carteras de NML Capital, en el que afirmó: “No hay negociaciones en marcha ni ha habido ninguna negociación”. Y agregó: “El gobierno de Argentina ha elegido poner al país al borde del default. Sinceramente esperamos que reconsidere este camino hacia un callejón sin salida”.
Argentina ingresará hoy formalmente en moratoria y tiene hasta el 30 de julio para pagar los vencimientos que no pudo saldar ayer por orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, que el viernes había ordenado al BONY, agente fiduciario del país, devolver el dinero que el Gobierno había girado para saldar bonos de leyes de Estados Unidos y Europa por u$s 539 millones.
El Ejecutivo insistió ayer en que el jueves depositó el dinero, que ahora corresponde a los bonistas, y que por lo tanto ya pagó. El BONY no movió los dólares de las dos cuentas que tiene en el Banco Central, por lo que hasta ayer seguían computándose como reservas. Bonistas de alemania pidieron ayer al juez Griesa que libere los fondos destinados a pagar sus papeles, emitidos bajo legislación europea y aún así sujetos a embargo. Kicillof contaba con esa presión de bonistas a Griesa y al propio BONY, que debe decidir entre incumplir la orden judicial o incumplir el contrato que tiene con Argentina.
En paralelo, el Gobierno avanza en la estrategia de presión internacional a la justicia de Estados Unidos. Ayer, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que los cancilleres de los países miembros escucharán el jueves en Washington a Kicillof explicar la contienda legal que conmina al país a pagarle u$s 1.330 millones a NML Capital y otros litigantes por sus bonos en default, en detrimento del 92,4% de los acreedores que aceptó el canje de deuda.
La OEA votó a pesar de la abstención de la representante de Estados Unidos, Carmen Lomellin, quien pidió “no interferir” con las decisiones de la justicia de su país. Al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, poco le importó y calificó de “decisión insólita” la del juez de Nueva York Thomas Griesa, que dejó al país al borde de un nuevo default. La reunión de la OEA se suma a la carta que el G-77 más China envió la semana pasada al presidente de Estados Unidos y la justicia de ese país en defensa de Argentina y a la declaración de la ONU.
El Gobierno busca así negociar con los fondos buitre con cierto poder de presión sobre la justicia de Estados Unidos, a la que acusa de empujar al país al default. El país no puede hacer una oferta mejor a la del canje antes del 31 de diciembre por la cláusula RUFO de los bonos reestructurados, por lo que el margen para llegar a un acuerdo con los fondos buitre es mínimo.
