Por Noelia Barral Grigera/El Cronista.-
En momentos en que la atención pública está centrada en el Mundial de fútbol que se juega en Brasil, la mayoría oficialista en el Senado reflotará una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya obtuvo sanción en Diputados y que eriza al arco opositor: el proyecto que limita la responsabilidad del Estado.
Esa iniciativa recorta las obligaciones del Estado y sus funcionarios por los actos u omisiones que perjudiquen a ciudadanos o empresas, y quienes se sientan afectados ya no podrían reclamar en el fuero civil. La propuesta oficial deriva los casos al fuero administrativo, que varía según la jurisdicción.
En la Cámara de Diputados, el kirchnerismo aprobó el texto en soledad a fines de noviembre último, y recién ahora el Senado decidió reactivar el tratamiento. Mañana, los legisladores que conduce Miguel Pichetto se reunirán a las 17 para avanzar con el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales y agilizar su llegada al recinto. No será un camino exento de discusiones y polémicas.
Al igual que en la Cámara baja, los opositores en el Senado reclamarán cambios al texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en paralelo con la discusión del hoy freezado Código Civil. En esta iniciativa, la Casa Rosada modificó radicalmente los puntos que había propuesto la comisión de juristas presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que trabajó en el proyecto del nuevo Código.
Los especialistas habían incorporado tres artículos en el anteproyecto que establecían que el Estado y los funcionarios deben responder ante el fuero civil por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones.
Para el Ejecutivo, sin embargo, esa cuestión pertenece al derecho administrativo, y para regular ese punto presentó el proyecto de ley que mañana discutirán los senadores. Allí propone remitir las demandas contra el Estado al fuero Contencioso Administrativo y detalla que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios de servicios públicos”.
Los opositores consideran que con una iniciativa de este tipo, el Estado podría quedar libre de responsabilidades en episodios similares al accidente ferroviario de la estación Once, que provocó 51 muertos y más de 700 heridos. E incluso advirtieron el renovado interés del kirchnerismo en el tema estaría vinculado con la delicada situación judicial que atraviesa el vicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, ese no es el caso, dado que la suerte del funcionario se definirá en el fuero penal, y no en el civil.
Avanzan penas a policías
Ademas, también mañana, habrá en el Senado una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar el proyecto presentado por Aníbal Fernández para incorporar penas a los miembros de las Fuerzas de Seguridad que abandonen sus actos de servicio. Esa iniciativa –redactada al calor de la huelga policial de diciembre último en distintas provincias del país, asociadas a desmanes vinculados a los saqueos– establece castigos para los
miembros de las fuerzas de seguridad que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”.
Las penas previstas en el texto van de $ 750 a 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año para quien infrinja la ley.
