Por Carlos Tórtora/El Informador.-
En notas anteriores señalamos lo inusual de que un juez federal cite a un imputado a prestar declaración indagatoria con 45 días de anticipación, que es lo que hizo Ariel Lijo con Amado Boudou. Los plazos habituales para estas declaraciones rara vez superan los 15 días.
El caso es que el comité de crisis del cristinismo reaccionó pidiendo el adelantamiento de la indagatoria -lo que fue otorgado por Lijo para el próximo lunes a las 11 horas- y a la vez la nulidad del llamado a indagatoria. El súbito apuro del vicepresidente para declarar obedecería sobre todo a razones de estrategia electoral. Si la declaración hubiera quedado para el 15 de julio, la decisión del juez -probablemente el procesamiento- recién se conocería en agosto y los futuros intentos de la defensa del vicepresidente para que se revoque el mismo recién se pondrían en marcha prácticamente a partir de septiembre. Pero el gobierno necesita apagar judicialmente el caso Boudou lo antes posible, para evitar que esté en primera plana a fin de año, que es cuando se pondrá en marcha con más intensidad la lucha por el poder en el 2015. En otras palabras, el cristinismo apuesta todo a conseguir el apartamiento de Lijo de la causa o cuando menos que quede sin efecto el casi seguro procesamiento. Por ejemplo, cualquier error del juez en el auto de procesamiento sería objeto de un inmediato pedido de nulidad del mismo, si es que antes no consiguen Darío Richarte y Diego Pirota que la Cámara Federal anule el llamado a indagatoria, lo que parece poco probable. Por otra parte, el mes que durará el Mundial de Brasil será un plazo ideal para los operadores judiciales de la Casa Rosada trabajen parea desmantelar el planteo de Lijo.
De largo plazo
En la hipótesis de que Boudou y sus cómplices terminaran siendo llevados a un juicio oral, los conocedores de los tiempos judiciales saben que el mismo podría dilatarse fácilmente para después del 2015, por lo cual el mayor impacto negativo del caso lo tendrá el gobierno en los próximos meses. Luego podría ocurrir con el vicepresidente algo similar a lo que le tocó a Mauricio Macri en la causa de las escuchados ilegales. Procesado y con pedido de elevación a juicio oral desde agosto del 2012, la causa quedó prácticamente paralizada hasta que en marzo pasado el juez federal Sebastián Casanello resolvió la elevación de la misma a juicio oral pero excluyéndolo a Macri al expresar dudas sobre las pruebas existentes en su contra, aunque continúa procesado. En síntesis, lo esencial para el cristinismo es que los costos políticos del caso Boudou se paguen lo antes posible, porque se atenuaría así su impacto en la campaña electoral. En el entorno de Boudou entienden que esta batalla es de largo alcance y que su suerte se definirá después de las elecciones presidenciales. Entonces se sabrá si el cristinismo, aun no ganando las elecciones, conservará una cuota de poder lo suficientemente grande como negociar el rumbo judicial de los grandes casos de corrupción. De no conseguirlo, no sólo el vicepresidente sino la misma Cristina se enfrentarán a un 2016 sumamente oscuro.
