Por Diario HOY.-
Desde el gobierno nacional pretenden controlar la justicia a través de organismos claves como los consejos de la magistratura, para intervenir en la selección de jueces y fiscales
El mecanismo de selección y control de los jueces y los funcionarios judiciales, tanto a nivel nacional como provincial, genera enérgicos cuestionamiento. Sobre todo en relación al funcionamiento de los consejos de la magistratura, que son los organismos que se encargan de elegir a los candidatos para el poder Judicial y tienen una fuerte influencia política.
El gobierno kirchnerista ya comenzó su avance sobre ese organismo para controlar la justicia más allá de su gobierno y que sus funcionarios no terminen tras las rejas después de diciembre de 2015. Así, se garantizaría el nombramiento de jueces amigos, además de proteger a los adictos al poder político.
Los resultados de estas maniobras ya se pueden descubrir en el accionar de algunos magistrados, en los que se presentan situaciones insólitas como la de permitirle no viajar desde Córdoba a Capital al juicio por la tragedia de Once por falta de recursos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, uno de los funcionarios K con más causas en su contra por enriquecimiento ilícito y dádivas.
Además de que el juez federal Norberto Oyarbide siga ejerciendo su cargo sin sobresaltos pese a que reconoció haber frenado un allanamiento por pedido de un funcionario cercano a Carlos Zannini que estaría implicado en la investigación. La permanencia de Oyarbide, a pesar de tiene quince denuncias abiertas y es uno de los tres jueces más denunciados en el Consejo de la Magistratura, se explica en que, entre muchas otras causas que favorecieron a funcionarios K, cerró una por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner.
En el Consejo de la Magistratura nacional ahora están el diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el viceministro de Justicia, Julián Alvarez, dos de los referentes de La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo presidencial Máximo Kirchner, a quien no se le conoce trabajo alguno y ni siquiera logró concluir el curso de ingreso de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Además, los ultra kirchneristas buscan quedarse con otros cargos estratégicos, como el lugar que dejó vacante en el Consejo de la Magistratura bonaerense el exdiputado K acusado de enriquecimiento ilícito Raúl Pérez.
En la Provincia el sistema de selección de jueces es uno de los más oscuros y de los más influidos por el poder político. Un juez provincial que prefirió mantener en reserva su identidad dijo a Hoy que en la justicia bonaerense “no se respetan los órdenes de méritos de los exámenes de los postulantes sin ninguna justificación, por lo que uno que clasificó en el puesto once puede aparecer arriba del de mejor puntaje sin explicación alguna, esto hace que por ejemplo un actual juez de Casación no haya aprobado el examen para ser fiscal”.
El magistrado aseguró que para elegir los jueces en la Provincia “funcionan los padrinazgos y lo deciden las corporaciones política y judicial a espaldas de la gente porque no hay ninguna difusión de los actos del Consejo de la Magistratura”.
Qué es el Consejo de la Magistratura
La creación del Consejo de la Magistratura, tanto en la Nación como en la Provincia, surge de la reforma de las respectivas constituciones en 1994. En la Nación el organismo encargado de seleccionar los jueces y funcionarios judiciales está integrado por tres jueces que eligen los magistrados de todo el país, Seis legisladores nacionales, elegidos por los presidentes del Senado y Diputados, dos abogados de la matricula federal designados por el voto directo de los profesionales que tengan esa matricula, un representante del poder Ejecutivo y un representante académico que deberá ser profesor universitario de las facultades de derecho nacionales.
A nivel provincial el Consejo de la Magistratura comenzó su funcionamiento el 24 de junio de 1997. La Carta Magna de la Provincia le asigna como función seleccionar a los postulantes a jueces mediante procedimientos que “garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”. Lamentablemente, en los últimos años, pocas veces se ha cumplido lo que dictamina la Constitución
En la Provincia, el Consejo está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia. Asimismo, con carácter consultivo, lo integran jueces, abogados; y distintos especialistas académicos.
Disputa por la selección de jueces en la Provincia
El avance no es solo sobre la justicia federal. En la provincia de Buenos Aires también hay intentos del kirchnerismo para copar el poder judicial. Concretamente, en el Consejo de la Magistratura bonaerense, de los seis consejeros titulares en representación del poder legislativo ya se eligieron tres senadores, y dos de ellos son parte del ultrakirchnerismo. Concretamente, uno de los lugares es ocupado por Cristina Fioramonti, esposa del diputado nacional ultra K Carlos Kunkel y que, según distintos trascendidos, llegó hasta ese lugar por “portación de apellido”. De hecho, Fioramonti se movería un centímetro de lo que ordena su esposo, que es uno de los personajes más polémicos del kirchnerismo, caracterizado por sus actitudes violentas en el congreso nacional.
El otro senador K en el Consejo de la Magistratura es Gustavo Oliva, exdirector del tradicional Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo slogan de campaña fue el de ser “100% K” y que convirtió la tradicional en una suerte de bunker de camporistas y militantes rentados de otras agrupaciones financiadas por el gobierno K. Estas tarea fue profundizada por la actual directora, María José Arias Mercader, lo que llevó a que se terminara judicializando la elección de director (ver "La oposición, preocupada por la avanzada K en la Justicia"). En tanto, en representación de la oposición, en el Consejo asumió el radical massista Roberto Costa.
En representación de la Cámara baja está el sciolista Guido Lorenzino y el radical massista Walter Carusso. Todavía resta nombrar al reemplazante del exdiptuado Raúl Pérez, que durante años fue uno de los encargados de seleccionar a los jueces a pesar de que tuvo durante una década una causa abierta en la Justicia por enriquecimiento ilícito.
Como era de esperar, el cargo vacante, que aún debe ser ocupado por un diputado, será para un representante del bloque del Frente para la Victoria. El ultrakirchnerismo buscó quedarse con ese espacio, para replicar lo que sucede en el Consejo de la Magistratura nacional, aunque se encontró con una fuerte resistencia interna. Ocurre que no son pocos los que, en el tramo final del gobierno K, se están animando a ponerle un freno a las ofensivas orquestadas por el kirchnerismo para garantizarse impunidad.
