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Por Carlos Pagni/La Nación.-
Mientras se encamina hacia la puerta de salida, el kirchnerismo va dejando como herencia dos problemas de gran complejidad. Uno es el déficit energético, que convirtió una inconsistencia sectorial en un desequilibrio macroeconómico. El otro es la proliferación del tráfico y consumo de drogas. El presidente que gobierne a partir del año próximo, si no quiere pagar costos altísimos, deberá contar con una estrategia clara para afrontar esos desafíos.
El avance del narco llegó al centro de la discusión pública. Pero todavía no forma parte del debate electoral. Los principales aspirantes a suceder a Cristina Kirchner hablan de la inseguridad, pero tienen, igual que ella, intuiciones muy brumosas sobre el polifacético problema de los estupefacientes ilegales. Los llamados de atención vienen de fuera de la política. Esta semana se han multiplicado con una novedad: la polémica sobre la despenalización de la marihuana ya está sobre la mesa.
La voz más poderosa fue la del Episcopado católico. La estridencia del documento "El drama de la droga y el narcotráfico", del 7 de noviembre pasado, hizo juego con la centralidad que adquirió la Iglesia desde que Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco.
Ese mensaje fue la intervención más directa de Bergoglio en la política doméstica desde que fue promovido al pontificado. No debe sorprender, entonces, que a los pocos días The Economist sumara a la Argentina a la lista de países entrampados por la droga.
La Conferencia Episcopal machacará esta semana con la misma alarma. Su presidente, José María Arancedo, lo adelantó en la misa inaugural. Y el Papa, que sigue con detalle la peripecia local, potenció el mensaje desde Roma: ayer dijo que "simplemente hay que decir no a cualquier tipo de drogas". En San Pedro lo aplaudía una comunidad de recuperación de adictos.
Cuando estos líderes religiosos hablaron, la preocupación por el tráfico y el consumo de narcóticos ya estaba en el aire. El miércoles de la semana pasada, en Nueva York, la subsecretaria para las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, tuvo expresiones muy relevantes sobre el tema.
Jacobson lamentó que la cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre la Argentina y su país haya decaído, lo que provocó un duro reproche del viceministro de Seguridad, el teniente coronel Sergio Berni: "Estados Unidos importa la droga y exporta las muertes". Ayer, el jefe de Jacobson, John Kerry, sugirió otra colaboración: que Lionel Messi ayude a su país en el Mundial.
La reacción de Berni dejó en un segundo plano un par de conceptos llamativos.
Ella hizo notar, por ejemplo, que en muchos países -mencionó a la Argentina y a Brasil- la mejora en los ingresos de grandes masas de marginados va de la mano de un incremento en la adquisición de narcóticos. Es decir: el mercado de los estupefacientes, según esa tesis, no iría de la mano de la pauperización social, sino de la ampliación de la clase media.
Jacobson fue aun más novedosa cuando se abstuvo de condenar la legalización del consumo de marihuana dispuesta en Uruguay. Aclaró que Barack Obama no cree que sea un remedio y que para la ley federal de los Estados Unidos seguirá siendo un delito. Pero propuso esperar los resultados del -para usar una palabra de José "Pepe" Mujica- "experimento" uruguayo. Jacobson recordó que no sólo Portugal y Holanda adoptaron recetas liberalizadoras. También Colorado y Washington, en los Estados Unidos, apostaron a esa opción. Y otros ocho estados tratan esa legislación. Jacobson adujo no ser una especialista, aunque estudió muchísimo sobre narcotráfico, sobre todo en México, adonde estuvo por ir como embajadora. Cuando se escriba la historia de la política exterior de los Estados Unidos en relación con el tráfico de drogas, sus declaraciones se llevarán un párrafo.
Bergoglio y Jacobson se pronunciaron en la semana en que, en Uruguay, Mujica reglamentó el régimen por el cual quienes tengan más de 18 años y se inscriban en un registro público podrán cultivar marihuana o comprar en las farmacias hasta 10 gramos por semana, a un precio que va de 0,87 a 0,95 dólares.
Mientras tanto, en la otra orilla del Plata, un grupo de especialistas presentó anteayer, en la librería Hernández, el documento "La Argentina y la cuestión de las drogas". Entre los autores están, entre otros, Juan Gabriel Tokatlian, José Manuel Ugarte, José María Vázquez Ocampo, Pepe Paradiso y Agustín Colombo Sierra. El texto propone revisar la estrategia de "guerra contra las drogas" discriminando la lucha contra el crimen de las políticas sociales y sanitarias. Previene sobre el peligro de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Una precaución atendible si se advierte la participación del teniente general César Milani y del teniente coronel Berni en la tarea. Los redactores aconsejan "diseñar y ejecutar un tipo de regulación específica por droga de acuerdo con los daños que cada sustancia psicoactiva ilegal causa". Pero no se animaron a escribir "despenalizar".
EL VACÍO DE LA SEDRONAR
Muchos de los suscriptores de la declaración comulgan con el kirchnerismo. Pero la política oficial se va alejando de esos postulados. Desde el punto de vista social y sanitario, la Sedronar fue sometida a un vaciamiento. Su director, Juan Carlos Molina -un sacerdote y militante kirchnerista de Río Gallegos a quien la Presidenta acudió cuando los obispos publicaron su duro documento-, luchó hasta donde pudo contra el clientelismo de Alicia Kirchner y su mano derecha, Carlos Castagnetto. Antes de que Molina llegara a su sillón, Castagnetto reemplazó a los directores por militantes de Kolina, la agrupación de la cuñada presidencial. Para la Capacitación en Adicciones designó a Betina Matteos, quien se desempeñaba como directora de Formación de Actores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. La Subsecretaría de Prevención quedó a cargo de Carlos Jacomet, un autodidacta que trabajaba en el municipio de San Luis. Como director de Asistencia de las Adicciones fue nombrado Ignacio Puente Olivera, ex cura sin antecedentes relevantes, salvo pertenecer al entorno de Alicia Kirchner.
Más allá de este déficit de expertise en la Sedronar, la Argentina garantiza muchas de las condiciones que requiere la industria del crimen para radicarse en un país.
El fuero federal está minado por la corrupción y la manipulación política. Muchas fuerzas de seguridad se comportan como carteles: en vez de combatir el negocio, lo regulan o administran. Como la droga se ha convertido en medio de pago, se multiplican los pequeños dealers y el delito adquiere una inquietante capilaridad social, sobre todo en los sectores postergados. Y se da un fenómeno del que la política habla en voz muy baja: entre los funcionarios de todas las escalas y partidos hay cada vez más adictos, sobre todo cocainómanos. ¿O los gobernadores no debieron advertirle a la Presidenta sobre los dramas de un ministro que, al final, fue reemplazado? Muchos narcos se vinculan con el poder a través de su propia clientela. Comprensible: los que, como dijo la señora de Kirchner, "toman de la buena" suelen estar más cerca de los grandes traficantes.
La Argentina cuenta, además, con un circuito ideal para el lavado. Comprar o vender dólares en negro ha sido siempre facilísimo. Las "cuevas" por las que fluyen los fondos de la evasión y de las coimas son cada vez más habituales. Y una de las herencias más notorias que deja la "década ganada" es la proliferación de los casinos, liderada por Cristóbal López.
El de Palermo, acaso la más grande del país, está siendo investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, debido a que Lotería Nacional nunca demostró un control confiable sobre lo que se juega en esa sala. Esos agujeros negros son una invitación irresistible para el crimen organizado.
El gobierno porteño se desentiende del problema al decir que el monitoreo es facultad de Lotería. Es una negligencia. Aníbal Ibarra y Mauricio Macri acordaron con esa agencia que parte de la recaudación vaya a la ciudad. El 9 de diciembre pasado, Macri hizo aprobar a libro cerrado una adenda a ese convenio con el gobierno nacional, condonando a López la deuda de Ingresos Brutos y eximiéndolo de ese gravamen a cambio de un aumento en el canon que cobra Lotería. Fue el pacto más importante entre la Nación y la Ciudad en el último año. Pero ni la señora de Kirchner ni Macri se refieren a él cuando cuentan sus reuniones reservadas. Una de ellas ocurrió días antes de que la Legislatura aprobara el contrato. A propósito: la jueza Elena Liberatori, en una causa iniciada por Andrés Gil, acaba de anular el convenio. Sostuvo que, por ser un régimen impositivo especial para López, tendría que haber pasado dos veces por la Legislatura. ¿Apelará Macri esa anulación? Hagan sus apuestas.
