Por Diario HOY.-
En el marco de las movilizaciones a 38 años del último golpe militar, organismos de DD.HH cuestionaron la política del kirchnerismo en la materia. Milani, la represión y el deterioro social, en la mira
La política activa de Derechos Humanos fue uno de los tantos mitos de la era K. Lo que en su momento supo ser un “caballito de batalla” para el relato oficial, hoy se volvió una mochila cada vez más pesada para los funcionarios y dirigentes del “proyecto nacional”, que no logran hacer coincidir su discurso con los hechos de la realidad.
Por un lado, mientras el gobierno restringe su discurso de los derechos humanos a determinados aspectos de lo ocurrido en los años de plomo, nada dice respecto a los derechos humanos de la actualidad que se violan de forma permanente y sistemática. Por ejemplo, uno de cada de tres compatriotas es pobre o indigente -producto de la política económica del gobierno-, sin posibilidades de tener acceso a un trabajo digno como así tampoco a educación y salud. Producto de ello, la marginalidad va en ascenso, siendo el caldo de cultivo de la inseguridad que, diariamente, se cobra la vida de ciudadano inocentes.
En tanto, cada vez son más los organismos de derechos humanos que cuestionan al gobierno, diferenciándose de personajes oscuros como Hebe de Bonafini. Apuntan sus críticas, por ejemplo, al nombramiento del represor César Milani al frente del Ejército, el espionaje a organizaciones sindicales y sociales, y la creciente criminalización de la protesta.
El pasado oscuro de Milani
Uno de los puntos de quiebre en la política de Derechos Humanos del gobierno tiene que ver con la designación de Cesar Milani al frente del Ejército. Según consta en los archivos del “Nunca Más” de La Rioja, dicho militar fue partícipe en la represión del Operativo Independencia en Tucumán en 1975.
“Acá hay denuncias hechas contra Milani desde el año 84, no son nuevas. El gobierno ha definido que debe estar al frente del ejército un represor, lo cual nos está indicando que se está empezando a discutir la participación del ejercito en la represión interna y el espionaje interno. Nos preocupa esto junto al discurso de la Presidenta Cristina Fernández al dar inicio al año legislativo, en el cual llamó a legislar contra las manifestaciones, es decir contra la libertad a manifestarse”, indicó a nuestro diario Enrique Fukman, miembro de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. Asimismo, sostuvo que en los últimos días desde el organismo adhirieron “al proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda que plantea la destitución de Milani”.
Testimonios contra Milani sobran. El ex soldado Alvaro Illanes lo acusó de llevar a cabo interrogatorios ilegales. Asimismo, el ex preso político Ramón Olivera afirmó que lo sacó de su detención ilegal para llevarlo a la Justicia, sumado a que el ex conscripto Darío Illanes aseguró que el actual jefe del Ejército tenía como asistente al desaparecido soldado Alberto Ledo, caso sobre el que pesan la mayoría de las acusaciones.
La represión K
María del Carmen Verdú, una de las máximas exponentes en lo que hace a denuncias contra la represión institucional, habló con Hoy y se refirió al incremento descomunal de los casos de gatillos fácil y torturas en cárceles que se dio con el kirchnerismo en el poder.
“10 años de kirchnerismo una década ganada para quien” donde sacamos una conclusión bien sencilla: no ha habido desde 1983 un gobierno más represor que estas tres gestiones kirchneristas en su conjunto”, sostuvo la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Según el informe citado, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández unas 2280 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad en lo que pueden denominarse como casos de gatillo fácil. Por último, quien fuera parte de la querella en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra sostuvo que “en materia de represión selectiva (desde el kirchnerismo) tienen el récord absoluto de presos políticos y de la criminalización de la protesta”.
Sin novedades sobre López
Desde la desaparición de Jorge Julio López ocurrida en 2006, cuyo paradero aún es un misterio, los organismos de DD.HH vienen reclamando una mayor velocidad y unificación de los juicios a los genocidas como forma de resguardar a los testigos que deben presentarse en diversas causas de Lesa Humanidad.
En ese marco, desde “Justicia Ya!”, espacio que contiene a todos los organismos querellantes de la ciudad, vienen cuestionando la lentitud de los juicios y la poca predisposición gubernamental para que avancen este tipo de procesos.
“Justicia Ya! La Plata viene denunciando desde el inicio de los juicios a los represores de la dictadura cívico-militar instaurada a partir del marzo de 1976, las reiteradas anomalías en todos los procesos desde el momento mismo de su formación: fragmentación y atomización de la causas, juicios a cuenta gotas, tardíos, investigaciones incompletas, falta de colaboración del estado que se niega a abrir los archivos y entregar las listas, cárceles domiciliarias como antesala al permiso de profugación, etc”, sostuvieron en un comunicado.
El espionaje a las organizaciones sociales
La salida de Nilda Garré al frente de la Cartera de Seguridad Nacional fue consecuencia directa de la denuncia por espionaje realizada por organizaciones sindicales y sociales contra el gobierno nacional.
Luego de que el “proyecto X”, mecanismo de infiltración en paros y protestas por parte de las fuerzas de seguridad nacional, tomara estado público salieron a la luz una infinidad de casos de espionaje (a los trabajadores de Kraft-Terrabussi, a la agencia de noticias “Rodolfo Walsh”, a dirigentes estatales de la provincia, entre otros) que hicieron mella en la opinión pública.
