El abogado de Boudou, Diego Pirota, insistió en considerar el expediente judicial como un "despropósito jurídico" con "mucho de impacto político y mediático".
Interesante el análisis de Sergio Crivelli, en el diario La Prensa:
"El llamado a indagatoria de Amado Boudou ahonda la crisis del gobierno. En los hechos había sido alejado del poder y reducido a una función que con benevolencia se podría llamar decorativa. Pero como ocupa el primer lugar en el orden de sucesión presidencial en momentos en que aumentan las dudas a cerca de que la presidenta llegue al fin de su mandato, su situación penal tendrá fuerte impacto en un kirchnerismo en plena retirada.
Puede alegarse que las instituciones tienen una importancia relativa -por no decir nula- en épocas de crisis y que el poder real es el que cuenta, pero el brutal golpe que recibió Boudou proyecta una imagen de decadencia acelerada del poder presidencial y del kirchnerismo.
El fallo, de todas maneras, tuvo diversas interpretaciones. La diputada Elisa Carrió, por ejemplo, opinó que tanto el peronismo como el gobierno quieren "liberarse" del vicepresidente por lo que estarían buscando su inminente destitución.
Es decir que le soltaron la mano.
A diferencia de lo que había ocurrido dos años atrás, cuando el apoyo de la presidenta hizo saltar por las aires jueces, fiscales y hasta el procurador general, Esteban Righi, en defensa del vice cantor. Hoy nadie derrama una lágrima por él. El silencio "K" fue desolador.
Aquel gobierno era mucho más fuerte que este y la presidenta exhibía un liderazgo sin mella. En aquella época tampoco había crisis cambiaria, falta de reservas, enfermedad presidencial, ni derrota electoral abrumadora. Esas novedades pesaron sin duda en el giro judicial que ha dejado a Boudou a tiro de procesamiento.
En el Senado la situación del vice fue seguida con atención durante los últimos días. Se anticiparon las típicas "maniobras" en torno a la designación del presidente provisional del cuerpo, que saltará al primer lugar de la sucesión si no hay vicepresidente. (...)"
Cobos
El diputado radical Julio Cobos advirtió que "sería sano" que el vicepresidente Boudou tomara una licencia en su cargo si la justicia lo llamara a indagatoria en la causa Ciccone y consideró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner paga "un costo político muy grande" por esta situación.
El ex vicepresidente pidió públicamente a Boudou que si el juez Ariel Lijo lo llama a indagatoria en la investigación que le sigue por presunta corrupción, se presente y "no busque otra excusa de apelación".
Un día después de que Boudou se presentó en tribunales, donde insistió en su inocencia, Cobos señaló: "Ayer (viernes 07/02) lo escuché hablar por primera vez ante la sociedad a través de los medios, por lo menos diciéndole que no tenía nada que ver; otras veces ni siquiera se ha dejado preguntar y el Gobierno ha ignorado esta causa como ignora un montón de problemas que aquejan a la sociedad".
En declaraciones a radio Mitre, el ex gobernador de Mendoza se refirió así a las palabras que el vicepresidente le formuló a los periodistas que cubrían su ingreso a tribunales: "No tengo nada que ocultar, vine a decirle al juez que estoy a disposición, que va a contar con mi colaboración".
Consultado sobre si, a su criterio, Boudou tendría que pedir una licencia hasta que se esclarezca su situación judicial, Cobos interpretó que este paso al costado "sería sano para la causa, una vez que el juez decida si lo cita a indatagotoria; sano para él y para el Gobierno".
Para el diputado nacional, éste "es un costo político muy grande que está pagando la señora Presidenta de la Nación, habida cuenta de que corrió por su decisión personal la elección del vicepresidente".
"Cualquier funcionario que se sienta sospechado, por más que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, políticamente afecta al Gobierno en un momento en que, además, está complicada la situación del país", concluyó.
Insaurralde defendió a Boudou
Sin embargo, el diputado nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde respaldó al vicepresidente Amado Boudou al referirse a la situación judicial del titular del Senado y a la cobertura mediática de la causa relacionada con la imprenta Ciccone.
Insaurralde aclaró que "hay que respetar la presunción de inocencia" del vicepresidente, y cuestionó que "algunos medios intenten hacerle creer a la sociedad que está condenado".
En ese marco, analizó que "lo demonizan sectores del poder que no le perdonan que haya recuperado las AFJP para el Estado, con los enormes beneficios que eso le trajo al conjunto de la sociedad y las enormes pérdidas que le implicó a grupos económicos concentrados que se dilapidaban los recursos de los trabajadores argentinos".
Así, rechazó las críticas de dirigentes opositores, como Julio Cobos, quien cargó contra Boudou y el Gobierno, al que acusó de “ignorar un montón de problemas que aquejan a la sociedad".
“Sería sano para la causa, una vez que el juez decida si lo cita a indagatoria; sano para él y para el Gobierno", le recomendó Cobos, quien opinó que "es un costo político muy grande que está pagando la señora Presidenta de la Nación, habida cuenta de que corrió por su decisión personal la elección del vicepresidente".
"Cualquier funcionario que se sienta sospechado, por más que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, políticamente afecta al Gobierno en un momento en que, además, está complicada la situación del país", analizó.
En tanto, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien consideró que “no hay vicepresidente hace rato”.
Abogado de Boudou
A su vez, el abogado de Boudou, Diego Pirota, sostuvo que su cliente "le hizo saber" al juez Lijo -luego de que el fiscal Jorge Di Lello pidiera la indagatoria de Boudou- que su comparencia en los tribunales "no significaba de ninguna manera ninguna cuestión de presión", sino que su intención fue mostrar que se "somete como una persona más ante la Justicia".
En la investigación por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública" en el caso Ciccone, Boudou se presentó espontáneamente en Comodoro Py, donde le pidió a Lijo "una actuación rápida" para "esclarecer lo antes posible" su situación, reiteró su inocencia y prometió no ampararse en sus fueros.
En un extenso reportaje por radio América, Pirota explicó que Boudou fue a ponerse a disposición del juez tantas veces como el magistrado lo considere necesario y pidió que no se le diera a ese gesto ninguna otra connotación: "Mas que un acto de presión, fue un acto de humildad", definió el letrado.
Acompañado de Pirota y de su otro abogado, Eduardo Durañona, el vicepresidente elevó 2 escritos en los que, tras negar haber participado de algún trámite para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone, dijo que esa responsabilidad estaba en manos del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, cuya indagatoria también pidió el fiscal.
"No emití opinión ni dictamen alguno, tanto respecto al levantamiento de la quiebra de Ciccone, como a la quita de intereses y plan de facilidades de pago solicitado por la fallida", puntualizó en el texto, para agregar que la cuestión tributaria es una "de las facultades discrecionales que posee el Administrador Federal de Ingresos Públicos".
Ajeno a las interpretaciones periodísticas acerca de que esas declaraciones serían una "venganza" o un pase de facturas a Echegaray, la defensa de Boudou estimó que "todo lo que hizo la AFIP" al darle el plan de facilidades a Ciccone para salvarla de la quiebra "es correcto".
"No encuentro ninguna circunstancia en la causa penal que me haga pensar en que la AFIP hizo algo indebido ni ilícito. Ni de parte del ministro de Economía (en ese momento, es decir, Boudou), ni del director" del ente recaudador, afirmó.
Pirota ratificó el argumento de Boudou, quien volvió a negar ante el juez Lijo haberse reunido con la familia Ciccone para negociar el traspaso de la empresa ni conocer a Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con la ex Ciccone.
El letrado sostuvo que "no existe" ninguna relación de Boudou con quien es señalado como su supuesto "testaferro" y enfatizó que el hecho de que Vandenbroele haya alquilado un departamento del vicepresidente era algo "irrelevante más que anecdótico".
"¿Qué hay de ilícito en todo esto que se haya probado?", preguntó Pirota.
El abogado insistió en denunciar que el expediente abierto contra Boudou "tiene muy poco de jurídico en términos procesales y tiene mucho de impacto político y mediático".
"Nosotros ya planteamos todas las nulidades que consideramos, entendemos que es un despropósito jurídico lo que está pasando", dijo, aunque reiteró que no está en los planes de su cliente pedir la recusación ni de Lijo ni de Di Lello, a quien le reprochó haberse "precipitado en solicitar" las indagatorias.
Pirota puntualizó que "estas indagatorias, la manera que las pide y las razones que da (Di Lello) nos obliga a tomar una decisión en la que el vicepresidente no dudó un instante en presentarse, ponerse a disposición de la Justicia y mostrar al juez y al fiscal que él va a estar a disposición, como lo estuvo siempre, para dar todas las explicaciones que hagan falta".
