Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Desguace de Clarín
Aunque hubo una desmentida oficial, es creíble la versión de una posible intervención al directorio del Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores. La realidad es distinta, ya que en ese organismo se puso en marcha la preparación de las condiciones para una eventual intervención. La gerente Karina Bermúdez firmó un dictamen favorable a anular las decisiones de la última asamblea del grupo, en la que irrumpieron teatralmente Guillermo Moreno, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, presidente de la CNV y la citada Bermúdez. La ley del mercado de capitales sancionada a fines del año pasado incluyó a último momento el polémico artículo 20, que habilita a la CNV a intervenir en aquellas empresas en las que juzgue que ha sido perjudicado algún accionista minoritario, y la autoriza a desplazar a los órganos de administración de la compañía y nombrar un veedor por 180 días.
La valla judicial
En el caso del Grupo Clarín, al estatizarse las AFJP, el Estado se quedó con el 9% de las acciones del multimedios. Sería entonces el mismo gobierno, que nombra al presidente de la CNV, el que le pediría a ésta la intervención de la empresa. Este disparate jurídico no sería para nada improbable en el actual clima de desesperación que envuelve al gobierno, que con el convenio con Chevron para explotar Vaca Muerta, está demostrando echar mano a cualquier recurso. Así es que la intervención del directorio de Clarín para suspender los programas de Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en radio y televisión y también apartar a los editorialistas del diario, no es hoy una fantasía. A favor de este tipo de decisiones juega el acortamiento de los tiempos, porque se avecina una probable derrota del oficialismo ante Sergio Massa en Buenos Aires, que no sólo dejaría mal parado al gobierno para las legislativas de octubre. También podría precipitarse una rápida pérdida de poder que tal vez dejaría a la Casa Rosada sin fuerzas suficientes como para pasar a la ofensiva contra Clarín. De ahí que las próximas tres semanas serán probablemente las últimas en las que el kirchnerismo pueda usar sin límites su fuerza avasallante. Sin embargo, la tentación del cristinismo de neutralizar al Grupo Clarín bien puede toparse con medidas cautelares que se lo impidan. La ley que restringe las cautelares contra el Estado ya fue declarada inconstitucional por diversos fallos de primera instancia. Esta perspectiva podría conducir no sólo a que la intervención de Clarín no prospere sino que la justicia dicte también la inconstitucional el citado artículo 20 de la ley del mercado de capitales.
