Por Guillermo Cherashny/El Informador.- Ya se puede afirmar que ley de blanqueo de capitales, tan criticada por la oposición y la mayoría de los analistas económicos, es un verdadero fracaso. Hasta ahora, cuenta con una suscripción marginal de menos del 1% de los 4.000 millones de dólares que esperaba captar.
Este es el número que el gobierno considera imprescindible para cerrar el 2013 y que lo pensaba cubrir con los ingresos generados por esta ley creada por los cinco cerebros económicos del gobierno y anunciada con bombos y platillos por la presidente. Ella no le dio, por cierto, la misma publicidad al acuerdo de YPF con Chevron, cuyo contenido íntegro nadie conoce.
Este contexto es el caldo de cultivo de versiones fuertes.
Una de las mismas señala que, ante las necesidades de caja insatisfechas, después de las PASO o a más tardar después de las legislativas del 27 de octubre, el gobierno haría nuevamente uso de su mayoría en las dos cámaras para sancionar otra ley con fines recaudatorios.El objeto de la norma sería obligar a particulares y empresas a la reparación forzosa de los depósitos en dólares que tengan en el exterior. La herramienta para conseguir esto sería disuasiva: cobrar un impuesto progresivo según la cantidad de dólares blanqueados. Los problemas operativos serían importantes, ya que no se conoce ninguna forma en que el gobierno pueda reclamarles a los bancos del exterior que incauten una parte de los depósitos declarados allí por las firmas y los ciudadanos locales.
Una de las mismas señala que, ante las necesidades de caja insatisfechas, después de las PASO o a más tardar después de las legislativas del 27 de octubre, el gobierno haría nuevamente uso de su mayoría en las dos cámaras para sancionar otra ley con fines recaudatorios.El objeto de la norma sería obligar a particulares y empresas a la reparación forzosa de los depósitos en dólares que tengan en el exterior. La herramienta para conseguir esto sería disuasiva: cobrar un impuesto progresivo según la cantidad de dólares blanqueados. Los problemas operativos serían importantes, ya que no se conoce ninguna forma en que el gobierno pueda reclamarles a los bancos del exterior que incauten una parte de los depósitos declarados allí por las firmas y los ciudadanos locales.
El curso a seguir sería entonces una intimación contra las empresas o particulares para que tributen ese impuesto bajo apercibimiento de requerirle a la justicia embargo e inhibiciones de sus bienes dinerarios.
La última oportunidad
De este modo, se cumpliría la velada amenaza de Ricardo Echegaray al anunciar el blanqueo: “es la última oportunidad que tienen los contribuyentes”, sentenció. El gobierno, a todo esto, ya trabaja en la elaboración de una campaña, denunciando como traidores a la patria a los que tienen activos financieros en el exterior y que supuestamente no los quieren traer para favorecer el desarrollo del país y así aumentar la fuerte inclusión social que, también presuntamente, caracterizó a la década ganada. El impuesto en estudio se les aplicaría también a los que tienen depósitos en dólares en el país. En suma, se trataría de otra de las confiscaciones a las que ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Sobre este plan habría optimismo en los despachos oficiales, donde se descarta que los depositantes locales -y menos aún los del exterior- salgan a la calle a golpear con martillos las puertas de los bancos, como ocurrió en el 2002. La necesidad de dólares tiene cara de hereje y puede entonces arrastrar al gobierno a jugadas cada vez más desesperadas.
