Por iProfesional.- Investigarán si la compra de títulos públicos con reservas y el envío masivo de divisas al exterior impidieron a los bancos devolver los ahorros.
La Cámara Federal porteña ordenó reimpulsar la causa penal por el corralito de 2001 y dispuso que se complete la pesquisa para analizar todas las hipótesis referidas a los motivos por los cuales los bancos se vieron impedidos de "honrar" compromisos adquiridos con los ahorristas.
A la vez, la sala II del tribunal de apelaciones dejó la existencia de "falta de mérito", debido a que no se presentaron las pruebas suficientes para sobreseer ni para procesar a ejecutivos y responsables de los bancos.
Los camaristas revocaron así una disposición del juez federal Norberto Oyarbide, quien había sobreseído a todos y cerrado la pesquisa abierta hace once años en el juzgado de instrucción en lo criminal del ex juez Mariano Bergés y luego derivada al fuero federal.La decisión recayó sobre los directivos bancarios Carlos González Taboada y José Dagnino Pastore, del Banco Sudameris; Juan Manuel Sacerdote y Victor Zerbino, del BankBoston; José Cristofani, del Río; Peter Baumman y Henry Gibbs, del Citibank; Alan Roderic Mc Donald, por el Scotiabank y Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia. "Lejos de haberse concluido la pesquisa resta completarla de manera de analizar la totalidad de las hipótesis planteadas, las cuales no tienen razón para desplazarse entre sí, antes bien, su sumatoria parece necesaria a efectos de encaminar adecuadamente la investigación y responder con sustento probatorio suficiente los interrogantes que aquella todavía no ha despejado", argumentaron los camaristas Martin Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. El cierre de la causa había sido apelado por los abogados querellantes Carlos Wiater y Fernando Sznurewicz, quienes patrocinan a unos 1500 ahorristas que no pudieron recuperar sus dólares de los bancos y por apelación de la también querellante María Isabel Escasany. Ante este fallo, el juez federal Sebastián Casanello ahora deberá ordenar nuevas medidas de prueba y un peritaje contable, según dispuso la Cámara. En la causa por supuesta "administración fraudulenta" los banqueros habían sido indagados pero fueron beneficiados con el sobreseimiento ahora revocado. Los magistrados dispusieron que, entre otras medidas, el nuevo juez del caso produzca prueba para determinar si la adquisición de títulos públicos con reservas -registradas a valor nominal cuando su cotización en plaza era mucho menor ante el temor de una entrada en cesación de pagos- fue uno de los motivos que impidieron a los bancos "responder a sus compromisos", más allá del retiro masivo de los depósitos. Solicitaron que también se incluya la posibilidad de la existencia de un "envío masivo de divisas al exterior" que también "hubiera contribuido a causa esa situación", concluyó el fallo consignado por Télam.
