Por Mariano Obarrio/La Nación.-
Larroque, ayer en la Plaza de Mayo, supervisó los preparativos del acto de hoy. Foto: LA NACION / Hernán Zenteno
El nuevo control de precios por parte de militantes del gobierno de Cristina Kirchner desató ayer fuertes polémicas y temores de actos de amedrentamiento y violencia contra comercios y supermercados. El jefe de La Cámpora y diputado kirchnerista, Andrés "Cuervo" Larroque, denunció un "movimiento destituyente" y convocó a los simpatizantes cristinistas a "organizarse" .
La Presidenta anunció el miércoles último que sus organizaciones juveniles, sociales y políticas "se desplegarán por todo el territorio" en un operativo de control de 500 productos sometidos desde ayer a un acuerdo de precios entre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y algunas cámaras de supermercados.
Cristina Kirchner bautizó el programa Mirar y Cuidar, que se constituirá en un monitoreo permanente.Para algunos sectores de la oposición podría ser el principio de milicias populares. Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, Unidos y Organizados encabezará el operativo con La Cámpora, Kolina y Movimiento Evita, entre otras corrientes cristinistas. Pero niegan la utilización de la violencia como método de control. El plan fue presentado por Larroque, y la Presidenta lo aceptó sin preguntar detalles y se lo encargó a Moreno. Las precisiones operativas sólo se definirán la semana próxima en una reunión entre éste, los intendentes y las agrupaciones juveniles. En líneas generales, el área de Comercio informó que recibirá denuncias de los militantes e impondrá fuertes multas en 24 horas a supermercados que incumplan los acuerdos. Incluso, se podrían clausurar los centros comerciales, según la ley de abastecimiento. Allegados a la Presidenta aseguraron a LA NACION que en esta nueva fase La Cámpora aumentará sus áreas de gestión en el Estado. Desplazó, así, del operativo a las tradicionales entidades de defensa del consumidor, como lo son Adecua, Adelco, SEC y Consumidores Libres, entre otras. "ODIO Y DESTITUCIÓN" El propio Larroque desató temores cuando dijo a Radio Del Plata que "desde algunos sectores se piensa que la única manera de cambiar las cosas es a través del odio y con movimientos de destitución". Y agregó que la semana próxima se convocará a todas las organizaciones sociales a "organizarse y tomar conciencia". Subrayó que el control de precios "es una responsabilidad de toda la sociedad" y que "la gente puede tener mucho poder si se organiza". Negó que vaya a aplicar la violencia. "No", dijo cuando se lo preguntaron. "No hay que tenerle miedo a la gente organizada, porque no son monstruos", aseguró. Consultado sobre si el Gobierno promovía la fractura de la sociedad, Larroque se remontó al fusilamiento de Manuel Dorrego el 13 de diciembre de 1828. "La división de la sociedad la hicieron con el fusilamiento de Dorrego", dijo. Para llevar algo de tranquilidad, el diputado kirchnerista bonaerense Fernando "Chino" Navarro señaló que "el control de precios articulado con la comunidad se va a desarrollar en un marco de responsabilidad y sentido común". Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, consideró que el control de los precios es función del Estado. "Si el Estado quiere controlar la eficacia de los acuerdos, lo debe hacer el propio Estado mediante los órganos pertinentes", dijo. Y opinó que esos monitoreos "se canalizan en la sociedad moderna a través de organizaciones de consumidores". En una reunión con supermercados y autoservicios, la secretaría de Moreno acordó ayer los precios de 500 productos e informó mediante la agencia Télam que servirá "no sólo para que se cumplan los precios acordados, sino también para garantizar el abastecimiento en las góndolas". Los precios son los que regían al 1° de febrero de este año y abarcan alimentos, bebidas, artículos de higiene y de tocador. También seguirá funcionando el teléfono de Defensa del Consumidor, a través de la línea gratuita 0800-666-1518. Tras el encuentro de ayer, la Cámara de Distribuidores Mayoristas, la Confederación General Económica (CGE) y la Cámara de Supermercados Propiedad de Residentes Chinos ratificaron su adhesión al acuerdo. También lo hicieron la Cámara Empresarial de Países del Sudeste Asiático y la de Empresarios y Comerciantes de Carnes y Afines de Mataderos, que dirige Ricardo Bruzzese. Todas son entidades subordinadas políticamente a la Casa Rosada y a Moreno.
