Por Carlos Tórtora/El Informador.- Una de las modificaciones al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura introducido por el bloque de diputados del Frente para la Victoria parece destinada a provocar un tembladeral electoral. Se trata del artículo 18°, que establece que los partidos políticos o frentes electorales que deseen presentar candidatos a consejeros en todo el país deberán existir legalmente en al menos 18 de las 24 provincias. Además, en el caso de los frentes o alianzas, deberán repetir exactamente la misma composición partidaria y denominación en al menos 18 de las 24 provincias.
Las consecuencias de esta modificación son múltiples.Para empezar, los únicos tres partidos que alcanzan a tener representación en 18 distritos son el PJ, la UCR y el PRO. Como para postular candidatos a cargos nacionales las alianzas deben integrarse al menos con un partido nacional, la conclusión es obvia: sólo podrán presentar listas de candidatos a consejeros los partidos mencionados o las alianzas que ellos integren. El resto de los 31 partidos nacionales no tendrán -de aplicarse la reforma- chance alguna de presentar candidatos a consejeros sino es aliándose con el PJ, la UCR y el PRO. Obviamente, la intención del oficialismo es forzar una concentración del voto con la idea de que la misma favorezca al Frente para la Victoria. Tal como se está proyectando la tendencia política, la elección de los consejeros será la vedette de los próximos comicios y el partido o alianza que no participe de ésta vería sensiblemente disminuida su capacidad de captar votos para las otras dos categorías, diputados y senadores nacionales. Este factor justamente sería el que obligaría a que los 31 partidos nacionales en inferioridad de condiciones busquen aliarse a los tres que sí pueden postular consejeros. En lo concreto, se darían situaciones muy particulares. Por ejemplo, a Francisco de Narváez no le alcanzaría su partido nacional, Unión Celeste y Blanca, que al tener representación sólo en seis distritos, necesitaría acordar con el macrismo para poder contar con la boleta de candidatos a consejeros. Lo mismo vale para Sergio Massa. En el caso de que decida finalmente encabezar una lista para diputados nacionales necesitaría, por ejemplo, adherir a la boleta de candidatos a consejeros del FpV.
Partidos de distrito, afuera
En cuanto al segundo párrafo del artículo 18°, sus consecuencias pueden ser graves. El mismo sostiene que en el caso de los frentes o alianzas, deberán repetir exactamente la misma composición partidaria y denominación en al menos 18 de las 24 provincias. Este texto es incompatible con el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos cuando dice “asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un partido político nacional”. Si se aplicara el engendro que proyecta el gobierno, se produciría entonces el siguiente absurdo: para postular diputados y senadores nacionales podrían formarse alianzas entre un partido nacional y uno de distrito, pero para candidatear consejeros, sólo podrían aliarse partidos nacionales, porque los partidos de distrito son distintos en cada provincia y, de acuerdo a la reforma, no podrían entonces integrar la alianza para esta categoría. Esta doble composición de alianzas es imposible, ya que la justicia electoral sólo admite por distrito dos categorías de alianzas, para cargos nacionales y para cargos distritales. Así las cosas, la totalidad de los partidos provinciales, que son de distrito y muchos partidos de distrito que no integran un partido nacional, quedarían fuera de la elección de los consejeros. No es arriesgado predecir que semejante embrollo probablemente termine ante los estrados judiciales. A menos de dos meses del vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas para las primarias del 11 de agosto, la intervención de la justicia en este tema sería una verdadera maratón contra el calendario.
