Hoy el gobierno se encontraría en estado deliberativo. Hay señales de que un equipo que responde a Axel Kicillof sigue adelante en la elaboración de un “plan federal” que incluiría el cambio de moneda. Esto, mientras se devela la incógnita de cómo evolucionará el congelamiento de precios en supermercados y electromésticos y los economistas oficialistas no se ponen de acuerdo acerca de si seguir devaluando en cuentagotas o concretar una devaluación importante como reclama el mercado. Éste ya devaluó por su cuenta a través del mercado paralelo. El problema de abandonar el gradualismo es que, inevitablemente, toda devaluación provoca una caída de los salarios reales por un periodo relativamente breve. Y esto, a seis meses de las elecciones, sería nocivo para el gobierno en las urnas y además generaría automáticamente una nueva ola de reclamos de aumentos salariales.
De poco o nada servirían entonces los esfuerzos del kirchnerismo para que las actuales paritarias no superen el 20% para sueldos altos y para los bajos a lo sumo el 22%. Este último número le dieron a los docentes, pagadero en tres cuotas, y hasta ahora no aceptaron. Pero el cristinismo piensa cerrar todas las paritarias con el marco descripto y recién después decidir si habrá una devaluación importante. A todo esto, la información oficial destaca que en enero se fueron de los bancos públicos 229 millones de dólares y de los privados sólo 81 millones. Esto demuestra claramente que los bancos oficiales entregan dólares a cueveros, casas de cambio y bancos amigos para que vendan en el mercado blue a 7,50 / 7,60 pesos, que es el piso que el mercado le fijó al paralelo. Y casualmente la paridad de 7,50 pesos es la que propone Eduardo Curia, uno de los economistas que vuelve a consultar el gobierno y que es íntimo amigo de Guillermo Moreno. Todo esto pese a que la presidente en incontables oportunidades se opuso a una medida de ese tipo, que la adjudica al club devaluacionista. Pero lo suyo es la contradicción: hace quince días dijo que no sirve controlar precios y horas después decidió el congelamiento.
La tentadora guerra con el campo
Ahora, un hecho ajeno a la agenda que trata de imponer el gobierno se produjo el viernes pasado en la asamblea de productores de Pehuajó. Allí fue unánime la crítica a que el gobierno continúe pagando por la soja con un dólar de 3,22 -es decir, deducidas las retenciones- contra un blue de 7,65. La mayoría de los productores se inclina por paralizar la comercialización de la soja de la campaña nueva, lo que bloquearía el ingreso de dólares al gobierno.
De llegarse a esto, las opciones posibles para la Casa Rosada serían de alto riesgo. O bien devalúa para acercase al blue o, por el contrario, debería caer en una nueva violación de los derechos de propiedad, decretando la obligatoriedad de vender la soja. Esta decisión, para que sea efectiva, debería acompañarse con la irrupción de inspectores en los campos, algo que empezó a ensayarse la semana pasada por orden de Ricardo Echegaray. En su larga serie de atropellos a la propiedad privada, entre los cuales se cuentan Ciccone, Repsol y mucho antes Aguas Argentinas, el kirchnerismo no encontró resistencia significativa. En cambio, en este eventual escenario, podrían movilizarse 250.000 productores que se resistirían a una medida francamente inconstitucional, que violaría la libertad de comercio, de la cual ya se están despidiendo los supermercadistas y las cadenas de electrodomésticos.
Es cierto que al gobierno le vendría bien una nueva guerra con el campo, un enemigo natural del kirchnerismo. Aplicaría así una vez más la dialéctica amigo-enemigo que siempre propone el filosofo Ernesto Laclau, mentor ideológico del cristinismo. También hay que evaluar que una nueva guerra con el campo enervaría los nervios de los mercados y en particular de los depositantes en pesos y en dólares. Se agravaría así el actual panorama, conformado por los piquetes, amenazas, escraches y cortes de rutas. Un escenario próximo al caos sería, por otra parte, el mejor argumento para el resurgimiento de una oposición que hasta ahora no consigue capitalizar los recientes tropiezos del gobierno.
