Antes eran las tarifas y el dólar. Ahora el Gobierno busca nuevos diques de contención para frenar la suba de precios. Frente a un índice inflacionario que rondará el 30%, el objetivo de que los aumentos de sueldos corran varios puntos por debajo da una pista de por dónde el Ejecutivo busca ajustar.
Una forma práctica de determinar cuáles son los problemas más difíciles de resolver en un país es ver cuáles son los cargos públicos menos codiciados.
No tendrá el rigor científico de las estadísticas que manejan los sociólogos, economistas, politólogos y expertos en salud y educación, pero resulta bien ilustrativo.
Así, es notable cómo ha decaído el interés por hacerse cargo del área de transporte, luego de que la sucesión de accidentes dejaran en evidencia el grave estado de deterioro de la infraestructura.
De la misma manera, ya no resulta tan atractivo el sillón que ocupa Miguel Galluccio, al comprobarse que no resultará tan fácil encontrarle "candidato" a la reestatizada YPF.
También luce devaluado el otrora poderoso cargo de ministro de Economía, ahora con atribuciones recortadas y funciones casi acotadas a lidiar con los "fondos buitre".
Pero si hay que elegir el primero entre los cargos "indeseables", tal vez en estos días no haya peor lugar que estar en los zapatos de Carlos Tomada, ministro de Trabajo.
Es que no debe resultar agradable argumentar ante los dirigentes sindicales por qué un "gobierno progresista" considera que los ajustes salariales deben ser de 20% en un país en el que todas las proyecciones apuntan a una inflación cercana al 30% y, además, sostener que los aumentos deben pactarse una sola vez y para todo el año, ignorando el efecto erosionante de la suba de precios en los bolsillos.
Peor aun debe ser sentarse frente a los maestros (ya definitivamente ligados en el imaginario colectivo al concepto de salarios bajos) y explicar por qué es aceptable que, luego del aumento, más de un 20% de ellos deberán volver a pagar el Impuesto a las Ganancias.
Y, para colmo, cuando alguien hace declaraciones públicas -tal como ocurrió con el titular de la Unión Industrial, José de Mendiguren- se afirma que unas paritarias fuera de control pueden reeditar el temido "Rodrigazo" de 1975.
Ni siquiera fue de ayuda que luego el dirigente industrial haya admitido que su frase había sido desafortunada. Todo el mundo entendió que, más allá de las formas, estaba defendiendo una visión oficialista según la cual los salarios deben moderarse para ayudar a morigerar la inflación.
"El mero hecho de que se esté hablando del Rodrigazo muestra a las claras el actual clima de época", afirma el economista Federico Muñoz, quien manifiesta su asombro por el cambio de actitud del Gobierno.
"Tras años de alentar paritarias generosas, hoy -temeroso de un desborde inflacionario- aboga por aumentos que no excedan el 20% para todo el año", señala Muñoz.
Sin embargo, agrega que "los sindicatos tienen múltiples motivos para rechazar tal pedido de moderación: con una inflación que en 2012 fue de casi 27% y una emisión de dinero creciendo a casi el 40%, las expectativas apuntan a una aceleración".
En ese marco, todo indica que Tomada vivirá uno de los años más complicados en su ya extensa gestión: no hay analista ni dirigente sindical que no anticipe una dura "puja distributiva".
"En 2013 podemos tener más conflictividad que el año pasado y mucho más que en los anteriores", anticipa Ernesto Kritz, consultor en temas laborales.
A esto se le suma otro condimento, que es que el Ejecutivo deberá enfrentar la avalancha de reclamos sin un "Moyano aliado", a diferencia de otros años en los cuales el líder camionero hacía de "paraguas contenedor" y "marcaba la cancha" con la cifra que él acordaba para su gremio.
Por lo pronto, fue él quien advirtió que los dirigentes sindicales deben mostrarse firmes en la negociación salarial.
"Si ellos no exigen con más firmeza lo que están reclamando, los trabajadores van a salir a la calle solos y creo que se van complicar las cosas", alertó.
Y agregó que el 20% de aumento en el "piso" del Impuesto a las Ganancias resulta insuficiente, dado que cuando se produzca la nueva indexación salarial quedará neutralizado el momentáneo efecto de mayor ingreso.
El ajuste al que "no le gusta" su nombre
Lo paradójico es que los economistas que habitualmente critican al Gobierno creen que su preocupación por una escalada inflacionaria está ampliamente fundada.
Lo que fustigan, en todo caso, es el método elegido para combatirla y el "relato" para justificarla.
Es que la percepción generalizada es que, agotadas otras anclas para combatir la suba de precios, ahora le llegó el turno a los salarios, que deberán cumplir con esa pesada tarea.
"Parece mentira, pero el Gobierno ahora debe usar a los salarios y al consumo para frenar los precios cuando, hasta hace poco, esas eran dos variables innegociables", comenta a iProfesional.com un importante dirigente empresario.
Sucede que las urgencias del modelo han hecho que las dos variables mencionadas (salarios y consumo) tengan que reemplazar a las dos anclas anteriores (tarifas y dólar), que "lucen agotadas" y ahora deben moverse más de prisa.
Alfonso Prat Gay, ex titular del Banco Central, no oculta sus críticas a los funcionarios kirchneristas. Considera que buscan vestir una política de ajuste con un ropaje de "progre".
"Si la inflación es cercana al 30% y le piden al asalariado que se banque un aumento menor, del 20% y, además, que se banque un incremento en la alícuota del impuesto que paga -y que no debería pagar- lo podrán llamar de la manera que quieran, pero históricamente eso siempre se llamó ajuste", afirma Prat Gay.
Si bien pocos creen que se den negociaciones en las que se pacte "apenas" un 20% de mejora, también es cierto que los analistas ya asumen que éste será un año de alta conflictividad y con caída del salario en términos reales.
María Laura Calí, directora de la consultora SEL-que todos los años realiza encuestas entre las empresas para conocer sus planes salariales- cree que "la cifra promedio de los acuerdos estará en un 25%, sin gran margen para bajar ni subir mucho de ese nivel".
"Este será un año en el que probablemente todos perderemos poder adquisitivo. Algunos, como los trabajadores que están en situación informal, lo sufrirán de manera más aguda", agrega la experta.
El enfriamiento pone un techo
Por más que los sindicatos sean conscientes de que la inflación está en alza y que tiende al 30%, resultará difícil obtener incrementos en esos niveles, porque existe un clima económico que no ayuda a la hora de negociar.
"El temor a un aumento del desempleo es palpable. Las encuestas no dicen que las empresas tengan planes de echar gente, pero sí resulta evidente una situación de parálisis. Hace un año, uno de cada tres empresarios encuestados afirmaba que aumentaría su dotación y hoy ese porcentaje no llega al 15%", grafica Calí.
Esto abona la tesis de quienes afirman que el enfriamiento en el consumo, lejos de obedecer a un bajón coyuntural, llegó para quedarse y formará parte estable del nuevo paisaje económico.
"En 2013, la capacidad para generar nuevos puestos de trabajo se verá muy comprometida y probablemente la tasa de desempleo suba marginalmente. Este repunte, por más pequeño que sea, resulta de por sí suficiente para impedir que el salario le gane a la inflación", afirma un informe de Economía&Regiones, la consultora de Rogelio Frigerio.
¿Hay alternativa?
El contexto luce sombrío para los asalariados. Los que estén en mejores condiciones negociadoras podrán aspirar, como máximo, a empatarle a la inflación de 2012.
Incluso, quienes puedan superar ese nivel, luego tendrán una rebaja indirecta por el creciente peso del Impuesto a las Ganancias, pese al ajuste anunciado por la jefa de Estado, ya que con el 20% hubo un "olvido" de un año en la actualización.
Y eso, sólo si se compara con el 25% que, según el consenso de los economistas, aumentaron los precios el año pasado. Ni que decir si, como muchos temen, la inflación de 2013 llegase al 30 por ciento.
Es otro de los motivos para no envidiar el cargo de Tomada, que tiene la presión del Ejecutivo, por un lado, y la de los líderes gremiales, por otro.
Por lo pronto, los sindicatos ya "avisaron" que en el caso en el que la suba de precios supere determinados límites, aspirarán a una reapertura de las negociaciones en el segundo semestre, algo que para la actual administración kirchnerista resulta inaceptable.
Por todos estos motivos es que surge la gran pregunta de fondo: ¿es realmente imprescindible que sean los sueldos de los asalariados la "variable del ajuste"? ¿No hay otra alternativa para resolver las inconsistencias del modelo económico?
Es uno de los grandes debates del momento. Para algunos, el Gobierno ya agotó todas las otras "anclas" contra la inflación. Pero otros creen que habría alternativas, pero que requerirían una decisión política que el kirchnerismo no tiene en este momento.
El punto sobre el cual hay consenso es que las empresas argentinas de 2013 no son las mismas que las de 2007.
Las de "antes", podían convalidar incrementos salariales elevados sin que ello implicara tener que trasladar íntegramente esos aumentos a los precios.
Las de "ahora", con márgenes de rentabilidad que se han reducido notablemente, no tienen grandes posibilidades de absorber subas en las remuneraciones sin que ello tenga un inmediato correlato inflacionario.
Por otra parte, las compañías hoy tienen menos capacidad de inversión para ampliar las plantas, lo que incrementa la presión a que los precios de los bienes y servicios suban.
En definitiva, lo que parece claro es que en esta etapa no hay margen para grandes aumentos de salarios sin que ello genere un problema inflacionario mayor.
En busca de nuevas anclas
Una de las "anclas" favorita del modelo K -utilizada hasta el cansancio- fueron las tarifas congeladas.
De alguna manera, éstas no hicieron otra cosa que "subsidiar" al consumo, habida cuenta de que les dejó a las familias más dinero disponible para comprar.
Hoy, con las compañías de luz y gas en terapia intensiva (algunas ya defaultearon, otras corren ese riesgo) resulta imposible sostener esa política de congelamiento.
Prueba de ello son los anuncios de aumentos, tímidos pero incrementos al fin, en los precios para la producción de hidrocarburos.
Por supuesto, queda la "gran ancla" de los últimos años en la era K, el dólar.
El problema es que no podrá cumplir la función de antaño, como ya dejó en claro el mismísimo Guillermo Moreno, al admitir que la devaluación del tipo de cambio oficial deberá ser de 20% para no agravar los problemas de competitividad.
Hay que decir que, de todas formas, ninguna de estas "anclas" gozaba de la simpatía de los economistas.
El analista Ricardo Delgado no duda en afirmar que "contener reclamos salariales es una de las herramientas a las que probablemente el Gobierno echará mano", mientras intenta preservar la competitividad de la economía deslizando el dólar algo más rápido.
"Claro que esto es patear los problemas para adelante, porque no soluciona las inconsistencias de fondo", advierte.
En definitiva, las "anclas" que antes respondían, hoy están exhaustas. Y las soluciones que se proponen desde la oposición son descartadas por tener demasiado olor a "plan ortodoxo".
¿Qué alternativa queda, entonces? Es ahí donde suena el teléfono de Tomada.
