La imagen no es nada, la sed es todo. Así, con ese slogan se promocionó durante mucho tiempo una gaseosa fabricada por la multinacional Coca-Cola en nuestro país. En la serie de publicidades se hacía hincapié en lo poco importante del que dirán. La campaña apuntaba a capturar a un público adolescente, marcado por las presiones de la imagen, por la necesidad de verse bien todo el tiempo.
En una inversión de aquel axioma publicitario, la política argentina llevada adelante por Cristina Fernández de Kirchner, pero también la correspondida por gran parte del arco político opositor, parece demostrar que hoy en la arena política nacional la imagen lo es todo.
En noticias recientes, como en un intento de rememorar la épica fabricada en 2008 por el gobierno de enfrentamiento con “la oligarquía agraria”, el anuncio de la expropiación del predio donde funciona la Sociedad Rural en Palermo generó nuevas ínfulas militantes.
Convencidos de estar dando una batalla fundamental contra los terratenientes y el latifundio, los medios alineados al gobierno llenaron sus espacios de editoriales y justificativos de la justeza de la medida. Y hasta ahí, todos de acuerdo. Si aquel predio vendido en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem a sus actuales dueños fue traspasado a precio vil, la Justicia debería velar por los intereses del Estado, los intereses colectivos y poner en entredicho aquella venta.
Pero mas allá de los dimes y diretes judiciales (la Justicia detuvo la expropiación), o de que este mismo enemigo circunstancial haya sido en los últimos meses aliado incondicional en la sanción del salario mínimo, vital y móvil impulsado por el gobierno o en la negociación de la nueva ley de semillas a medida de las multinacionales, lo interesante no es el hecho en sí, sino lo que generó. O mejor dicho, lo que se intentó generar. Durante esa semana, el tema fue noticia, motivo de debate, de defensas y discusiones mediáticas. Volvió a escena la épica “antioligárquica y antiterrateniente”.
¿Y cuál es el problema o la preocupación? Que mientras todo esto sucede en la televisión, en las radios o en los diarios, la estructura agraria de la Argentina sigue favoreciendo a esa oligarquía terrateniente a la que se dice combatir, en perjuicio de los pequeños y medianos productores, los pueblos originarios y las poblaciones del interior del país.
Mientras tanto, en 2012 desaparecieron más entre 300 y 500 tambos a lo largo de la Argentina, asfixiados por las empresas concentradas del sector lácteo que deciden el precio a pagar. Precio que, por supuesto, está por debajo de los costos de los productores.
Mientras tanto, desde los voceros oficiales del kirchnerismo se intenta generar la sensación de que están haciendo la reforma agraria, y desaparecieron en estos últimos diez años más de 60 mil pequeños productores agropecuarios a manos de los pooles de siembra y de los grandes propietarios que poseen más de la mitad de la tierra cultivable.
Mientras tanto, también se va cocinando al lento fuego de las millonarias ganancias para las multinacionales la nueva ley de semillas, que intenta implantar el uso de regalías extendidas y eliminar o limitar el derecho milenario de los campesinos del uso propio de la semilla para beneficiar a las grandes empresas semilleras como Monsanto.
Mientras tanto, los funcionarios tienen letra agraria por unas semanas, según el ranking que elaboró la revista Prensa Económica en 2012, de las 50 empresas que más dinero ganaron el año pasado, cuatro son exportadoras cerealeras multinacionales privilegiadas por la política del gobierno: General Deheza, Bunge Argentina, Molinos Río de la Plata y Cargill.
Mientras tanto, avanza el Plan Agroalimentario 2020 para profundizar el proceso de sojización en beneficio de los compradores extranjeros, en prejuicio de la soberanía alimentaria y a costa de desalojar de sus tierras a comunidades originarias y pequeños campesinos.
Y también, mientras los aires revolucionarios engrandecen una lucha tan minúscula como la de Palermo, con mucho menos prensa que la mediática disputa por el predio, el gobierno asesta un golpe más real, tratando de alejar de la calle a organizaciones opositoras como la Federación Agraria que, luego de haber osado juntarse con las organizaciones obreras y estudiantiles, es castigada con la quita de los certificados de acopio, una importante fuente de ingreso para la entidad gremial.
Algunos juristas aseguran que el decreto emitido el 20 de diciembre por Cristina Fernández de Kirchner nació sin vida, sin posibilidades de concretarse. Eso parece importar poco a la política de la imagen, que más que resolver problemas de fondo, lo que busca es un enemigo con mala imagen (ganada con años de prácticas antipopulares) como la SRA, para poder fabricar una buena imagen propia. Habrá que ver si a esta altura de los acontecimientos sólo con la pelea mediática y sin cambios profundos en la política agraria les alcanza para mantener en pie la realidad virtual del modelo.
En este contexto, no es de extrañar que la “nueva noticia” sea la carta de respuesta de CFK al actor Ricardo Darín, quien había cuestionado su crecimiento patrimonial y el del ex presidente Néstor Kirchner. No es de extrañar que tenga tanta relevancia político- institucional lo que pregunta un actor a través de una revista en un país donde la política paso a ser puro teatro.
