La Fiscalía que trabaja en la megacausa por el “Operativo Independencia” (1975-1976) pidió las detenciones de 36 represores y requirió la captura de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero el titular del Juzgado Federal I de Tucumán, Daniel Bejas, no hizo lugar a ese último planteo.
La Fiscalía que trabaja en la megacausa por el “Operativo Independencia” (1975-1976) pidió las detenciones de 36 represores y requirió la captura de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero el titular del Juzgado Federal I de Tucumán, Daniel Bejas, no hizo lugar a ese último planteo. Los argumentos del magistrado para denegar el pedido fiscal de detención de la viuda de Juan Domingo Perón, quien vive en España desde 1981, "se conocerán cuando resuelva la situación procesal de todos los detenidos y lo difunda", explicó una fuente judicial a la prensa.
Tal como viene informando EL SIGLO, por esa causa fueron detenidos una veintena de uniformados que participaron del Operativo Independencia, entre ellos el ex gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, y que hasta el momento nunca estuvieron imputados por delitos de lesa humanidad.
La defensa de Isabel Perón calificó ayer como "descabellada" la nueva petición de extradición de España. "Lo descabellado es atribuirle responsabilidad en hechos ocurridos bajo jurisdicción militar contra la guerrilla a la señora de Perón que fue precisamente depuesta por los militares en 1976", explicó el abogado Humberto Linares Fontaine.
No es la primera vez que se plantea pedir la extradición de la ex presidenta argentina, que permanece en libertad provisional en su casa de Madrid desde el 12 de enero de 2007, cuando fue detenida en virtud de la primera solicitud de extradición que cursó Argentina por su relación con la detención ilegal y torturas de dos jóvenes.
En enero de 2007 se libró una segunda orden contra “Isabelita” en Argentina por su presunta responsabilidad en los crímenes de la organización paramilitar derechista "Triple A", a la que se atribuyen 1.500 atentados y asesinatos de opositores y militantes de izquierda entre 1973 y 1975.
Ambas causas fueron rechazadas por la Audiencia Nacional española, que consideró que no se habían aportado pruebas suficientes para determinar que Martínez hubiera tenido una participación concreta en los actos de la Triple A.
La causa judicial que se dirime en Tucumán investiga 269 desapariciones relacionadas con el "Operativo Independencia", implementado en 1975 por el Ejército para aniquilar a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
