El Gobierno de Cristina Fernández prepara una nueva ley de ART para evitar la "doble vía" judicial. La iniciativa ya está lista y cuenta con el apoyo de la CGT pero con una fuerte resistencia empresaria–. La reforma de la ley de Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART), para evitar lo que se conoce como la "doble vía" en los juicios laborales, está lista. A partir de dos fallos de la Corte Suprema, que tuvieron lugar en el 2004, se consideró "inconstitucional" al tope a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y se habilitó a los empleados a cobrar la compensación establecida por ley, sin por ello impedir que luego recurrieran a los tribunales para lograr un monto mayor. El Ministerio de Trabajo de la Nación termina los últimos detalles del nuevo proyecto de ley.
Según reveló el diario 'El Cronista', las principales novedades de la iniciativa incluyen la actualización bianual de las prestaciones en base al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (Ripte), la creación de comités controladores compartidos entre empresarios y trabajadores y el agregado de una indemnización adicional del 20% al monto que correspondiese cobrar, para intentar así evitar la "doble vía" judicial.
Según reveló el diario 'El Cronista', las principales novedades de la iniciativa incluyen la actualización bianual de las prestaciones en base al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (Ripte), la creación de comités controladores compartidos entre empresarios y trabajadores y el agregado de una indemnización adicional del 20% al monto que correspondiese cobrar, para intentar así evitar la "doble vía" judicial.
De acuerdo al texto sobre el que se trabaja, la actualización de los montos indemnizatorios se realizará dos veces al año, en enero y febrero. Esto permitirá evitar que las compensaciones se vean afectadas por la inflación. La modificación se realizará automáticamente pero no de acuerdo a las cifras medidas por el Indec, sino según el índice Ripte, que en el año pasado registró un incremento del 32,5%.
Por otra parte, para acabar con la llamada "doble vía", el oficialismo incluyó en el proyecto la posibilidad de que los trabajadores cobren, además del monto indemnizatorio que corresponde a su accidente laboral, un plus del 20% para renunciar a la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Aún cuando no lo acepte y opte por recurrir a la Justicia, las ART deberán depositar ese monto y luego se le descontará al empleado de la cifra que cobre en el juicio. Si luego del proceso judicial sobrase algo de ese 20%, deberá ser depositado en el Fondo de Garantía que se creará para eventuales casos de insolvencia. El costo de ese adicional será trasladado por la aseguradora a la cuota de la compañía.
Además, el artículo 17 de la nueva normativa contempla la creación de comités de control mixtos, integrados por empleadores y representantes de la comisión interna de cada compañía, para el control de las condiciones de seguridad laborales. Esta posibilidad es rechazada por los empresarios, debido a que los obligaría a compartir "información sensible" con sus empleados.
Se trata de un esquema similar al sugerido en el proyecto impulsado por Hugo Moyano para el reparto de las utilidades empresarias entre los trabajadores. Los empresarios comparan estos comités con los “soviets” porque obliga a la empresa a compartir información “sensible” con los trabajadores.
El gobierno nacional ya presentó el proyecto a las partes involucradas en distintos encuentros privados. Si bien la propuesta cuenta con el aval de los sindicalistas, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya adelantó su rechazo.
El borrador del proyecto será debatido mañana en un encuentro de los grupos técnicos del Grupo de los 6 (G-6), que analiza salir a cuestionarlo en conjunto. El grupo integrado por la Bolsa de Comercio, Adeba, la UIA, la Sociedad Rural Argentina y las cámaras de Comercio y Construcción hace tiempo que no se reúne a nivel de presidentes, pero sí lo hace a nivel técnico. En el caso de la central industrial, su titular, José Ignacio de Mendiguren, ya le manifestó claramente a Tomada que no avalará el proyecto tal cual está redactado.
