YPF: las provincias temen que el Gobierno se quede con las regalías.
La ley de expropiación de YPF, que está a punto de aprobarse en la cámara de diputados, no establece la obligatoriedad del pago de regalías a las provincias, una de las condiciones centrales de todos los contratos de concesión de las áreas petroleras. Los especialistas explicaron a LPO que los gobernadores no tienen ningún "reaseguro" frente a la decisión de usar esos fondos para capitalizar la compañía. Los gobernadores ya comienzan a plantear seriamente algunas dudas respecto a cierto punto de la ley de expropiación de YPF. Las inquietudes más recurrentes están ligadas a la participación accionaria que gozará cada una de las provincias, el peso que tendrán en las decisiones de la compañía y, sobre todo, los beneficios económicos que comenzarán a percibir vía regalías y dividendos. En el artículo cuatro y cinco del proyecto de ley se crea un Consejo Federal de Hidrocarburos, que sienta a todas las provincias -las que son productoras y las que no lo son- junto al Estado Nacional. Pero no está del todo claro cuáles son las funciones de ese consejo.
"Son funciones similares a las que ya tiene la OFEPHI. No dicen si tendrá decisiones vinculantes o simplemente declaraciones. El problema es que las provincias tenemos la Ley Corta -basado en el artículo 124 de la Constitución Nacional- que nos otorga el dominio de los yacimientos, para que se puedan concensionar y explotar de acuerdo a nuestras propias políticas. Entonces, una de las dudas que se plantea es si lo que estaremos haciendo es una cesión de nuestras facultades como provincia a este organismo", explicaban desde Chubut.
Esta misma duda se vuelve a plantear en los artículos ocho y nueve, en el que se establece la distribución de las acciones, 51% para la Nación y 49% para las provincias. Pero tampoco está claro cuál será el mecanismo o el criterio de la distribución de esas acciones.
En producción de petróleo, Chubut lleva la delantera: produce casi 30% de todo el crudo del país. Pero en gas está muy detrás de Neuquén. Entonces, si el criterio fuese el índice de producción de petróleo, Chubut debería quedarse con más acciones que el resto; si fuese por el gas, entonces tendría que tener más acciones Nequén.
Otro punto complicado aparece en el artículo nueve, en el que todas las provincias hacen un pacto de sindicación de acciones con el Gobierno Nacional, cediendo los derechos políticos de esas acciones. A la larga es una cesión de los derechos de cada provincia de fijar su política petrolera. Y no todas las provincias tuvieron los mismos resultados en estos años, algunas política tuvieron mejores resultados que otros.
El temor por las regalías
Pero acaso el mayor de los conflictos puede plantearse por los dividendos y regalías. La mayoría de los gobernadores da por hecho que no se distribuirán los dividendos por varios años, puesto que serán reinvertidos para ampliar la producción y la exploración. Pero también se empieza a dudar sobre el pago de las regalías, para capitalizar la empresa.
"Por cada metro cúbico o tonelada de petróleo y gas se cobra un porcentaje de regalía, que depende la provincia, pero en general ronda el 12%. Es un pago automático que hacen las empresas, porque figura como condición en los contratos de concesión de los pozos", explicó a LPO Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería.
En el proyecto de expropiación que está por aprobar la cámara baja no menciona en ningún artículo la obligación de mantener el pago de las regalías, lo cual empezó a generar dudas entre los gobernadores. "El problema es que no tienen ningún tipo de reaseguro. Cuando el Gobierno Nacional tome el control político de la compañía, puede suspender la distribución de dividendos o cortar las regalías. En todas las decisiones deberá conseguir la mayoría de sus accionistas, pero no tendrá problemas porque podrá aliarse, según lo necesite, con las propias provincias o con los empresarios privados que ellos mismos pusieron", opinó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Según Apud, "en los últimos diez años las regalías se calcularon sobre el precio interno" del petroleo. "Es llamativo que hasta ahora las provincias no hayan pataleado porque se calculaba sobre un barril a US$40, cuando internacionalmente estaba a US$100. Lo mismo pasaba con el gas. Entonces, si no exigieron nada durante estos años, no sé si tendrán el poder para plantarse ante una empresa manejada directamente por el Gobierno Nacional", agregó.
"Si cortan esos pagos, ¿qué podrían hacer? ¿Quitarle la concesión a una YPF estatal, en la que ellas mismas son accionistas? Siempre está la vía judicial, pero como sucede con los conflictos de coparticipación federal o deudas impagas por cajas previsionales -como sucede con Córdoba, por ejemplo-, esos juicios pueden durar 25 años. Y los sueldos se pagan todos los meses", argumentó Gil Domínguez.
Esta decisión no impactaría de igual modo en los presupuestos de todos los gobernadores. Se estima que Santa Cruz sería de las provincias más afectadas, porque es la que más áreas tiene concecionadas en la firma YPF. Chubut, en cambio, cedió más pozos hacia Panamerican Energy.
