La expropiación de YPF encierra una contradicción: la petrolera no será controlada por la Auditoría General de la Nación sino por corporaciones multinacionales extranjeras.
Uno de los aspectos más llamativos de la expropiación de YPF es que la empresa no podrá ser auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN). El texto sancionado por el Congreso previene que no será “aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación”. Es el mismo principio que permitió transformar a la empresa pública Aerolíneas Argentinas (AA) en una de las más deficitarias. Quizá esa exclusión se explique porque es el único órgano de control presidido por un dirigente opositor, el radical Leandro Despouy. Y porque desde hace dos años denuncia el costoso descontrol de AA en manos de La Cámpora. Reincidir en errores parece ser el estilo del gobierno de Cristina Fernández, porque se descuenta que YPF pasará al control indirecto de la juventud kirchnerista, junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido. No debe olvidarse que la reestatizada YPF revistará en el área de la Secretaría de Energía de la Nación, cuyo titular es Daniel Cameron, hombre de confianza del omniministro. Cameron es reiterado motivo de preocupación por parte de la AGN, que en 2007 y 2010 emitió informes que criticaban con inusual severidad su desempeño: “Falló en cuestiones como la liquidación y el pago de regalías petroleras” y “evitó dar información, entre otras cosas, sobre el creciente agotamiento de recursos hidrocarburíferos”. Uno de los informes denunció que hubo “una disminución sistemática de los valores de explotación declarados en la jurisdicción nacional”. El apartamiento de la Auditoría es otro duro golpe asestado al Poder Legislativo, porque ese organismo, creado en 1992, asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público; verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Ejecutivo Nacional; controla las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales. Según anticiparon fuentes oficiales, la auditoría estará a cargo de empresas multinacionales no argentinas, curiosa exaltación de la independencia económica, invocada hasta el tedio en los discursos oficiales. Quizá ese control foráneo procure recuperar la perdida confianza de los inversores, estafados por los índices inflacionarios, que suponen una pérdida de más del 10 por ciento anual para los suscriptores de bonos ajustables por la evolución de la inflación. O quizá se necesite de la sabiduría de esas corporaciones en manipular balances, como Goldman Sachs, de memorable desempeño en el colapso de Grecia. Contradicciones del patrioterismo nacional, generalmente reservado para decisiones discutibles, como la ovación parlamentaria –similar a la del jueves último– que recibió en diciembre de 2001 el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá cuando anunció el default de la deuda externa.
