Por Fernando "Pino" Solanas (*)
Especial para Hoy
Los treinta años de la nueva invasión británica a las islas Malvinas han dado pie al Gobierno nacional para adoptar una serie de medidas contra empresas británicas, sobre la base de posibles acciones judiciales que involucrarían a las petroleras que están explorando en el territorio continental y a sus sociedades controlantes o que tengan inversiones en la misma. ¿En ningún caso se ha hecho mención explícita a cuál sería? La normativa en la que se fundaría el Gobierno para poner en marcha esas decisiones podría entrar en contradicción con el Convenio de Protección y Promoción de Inversiones firmado con Gran Bretaña durante la gestión de Menem, ratificado por el Congreso nacional a través del dictado de la ley 24.184.
Con el fin de la dictadura cívico militar y la recuperación de la democracia, los sucesivos go-biernos trataron de acordar con Gran Bretaña un nuevo tipo de relación, que mediante la realización de numerosas alternativas diplomáticas se plasmó fundamentalmente en los acuerdos de Madrid de 1990, y los convenios suscriptos como consecuencia de ellos. Acuerdos fallidos que, bajo la ficción del “paraguas” de la soberanía, permitieron el avance unilateral del Reino Unido en todos los campos y principalmente el económico, al tiempo que se congeló la resolución de la disputa de sobe-ranía sobre las islas del Atlántico Sur. Sin embargo, no les importó a las autoridades de aquel entonces que la política colonialista de Gran Bretaña se mantuviera incólume desde la primera invasión a Malvinas en 1833.
Aunque transcurrieron muchas décadas desde la primera mitad del siglo XX, los acuerdos ce-lebrados con Gran Bretaña significaron una tácita ratificación de aspectos del Tratado de Londres, celebrado en 1935, que dio lugar a lo que Arturo Jauretche denominó “la estructura legal del coloniaje”. Mediante el Convenio de Protección y Promoción de Inversiones, se favorecieron notablemente las inversiones británicas, que encontraron un campo propicio no sólo para avanzar en los procesos de privatización desarrollados a partir de la década del ‘90, sino en consolidar todo un sistema de inversiones dise-minado en actividades centradas especialmente en la especulación financiera y la explotación de los recursos naturales.
Habría multitud de ejemplos para señalar respecto a la inversión británica, pero sólo nos referiremos a la explotación del mayor yacimiento de petróleo que tiene nuestro país -Cerro Dragón-, que fue entregado ilegalmente hasta el año 2043 a la Pan American Energy, empresa cuya mitad de capital accionario pertenece a la British Petroleum y también a la Barrick Gold de Canadá, accionista de petroleras que están explorando en la plataforma continental. Como tales inversiones no están desprovistas de capitales financieros especulativos, también el banco Barclays resultó ser accionista de una de las petroleras que operan en las Malvinas, habiendo sido contratado por el Gobierno nacional para el último canje de deuda externa.
Lo que resulta incomprensible es que, ante la negativa pertinaz efectuada por Gran Bretaña al reconocimiento de nuestros derechos sobre las islas, todavía se promuevan y se promocionen las inversiones de ese país a través de un convenio aprobado por una ley de la nación. Esto es una clara muestra de una desacertada política económica para la cual no resulta incompatible la realización de negocios con empresas que violan nuestra soberanía, explorando ilegalmente la posibilidad de obtener recursos energéticos en nuestro territorio, y si bien cuando el canciller Timerman anunció la realización de acciones legales, enumerando el listado de empresas vinculadas, sugestivamente omitió a la Barrick, cuyos acuerdos con el Gobierno para la explotación minera han trascendido a la opinión pública.
Esa no mención de los fundamentos legales obedece a la clara intención de silenciar que el único instrumento con el que cuenta el Gobierno para afectar los intereses económicos británicos es la ley 26.659, cuyo proyecto fue presentado por el autor de esta nota, y que fue aprobado por una-nimidad por el Congreso y entró en vigencia en julio del año pasado. Por tal ley se establecieron una serie de requisitos para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Entre otras disposiciones, la norma establece que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitidas por autoridad competente nacional.
Fuera de esa norma legal no existe ninguna otra posibilidad de sancionar eficazmente a las petroleras, resultando una verdadera incongruencia que el Gobierno no haya decidido denunciar el Convenio de Protección y Promoción de Inversiones, que precisamente protege las inversiones británicas y que está en flagrante contradicción con la ley de mi autoría.
Resulta fundamental dejar sin efecto ese convenio, en razón de elementales principios de coherencia jurídica, para poner fin a la promoción y protección de inversiones de un país que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio y que se niega desde hace décadas a llegar a algún tipo de solución de la disputa en los términos que lo establecen las numerosas resoluciones dictadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello hemos presentado dos proyectos en la Cámara de Diputados para que se derogue la ley y se denuncie el convenio. De tal forma, y mediante la aplicación de la ley 26.659, se podrán efectivizar acciones concretas en el plano económico que afecten realmente a los intereses colonialistas del Reino Unido, y que hasta el momento no pasan de la hojarasca dialéctica que caracteriza a gran parte de los funcionarios del Gobierno.
(*) Diputado nacional por Proyecto Sur
