En casi todas las provincias gobernadas por mandatarios kirchneristas se repite el mismo esquema: grupos económicos concentrados que saquean los recursos naturales y manejan los hilos de las decisiones políticas.
A mediados del siglo XX, pensadores nacionales como Arturo Jauretche popularizaron el término cipayo, que lo usaron para referirse a aquellos referentes políticos, de distintos partidos, que reproducían celosamente los intereses del imperialismo internacional en nuestro país, aun en contra de sus propios compatriotas.
Este término les calza a la perfección tanto al Gobierno nacional como a varios de sus socios, especialmente los gobernadores de distintas provincias que vienen defendiendo, sin medias tintas, los oscuros negocios de capitales transnacionales que buscan profundizar el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Lo que está ocurriendo en La Rioja con la minera canadiense Osisko y sus intenciones de desarrollar una explotación a cielo abierto en el cerro Famatina es una clara muestra de cipayismo.
Ayer se conoció que, ante la protesta de los pobladores de la zona, la firma canadiense se vio obligada a ponerle un freno a su proyecto, reconociendo que no avanzará hasta tener “la licencia social”. Así, las casi diez mil personas que vienen protestando desde principios de año lograron ganar una batalla. Pero saben que la guerra continúa y, seguramente, tendrá nuevas contiendas. Por eso ayer realizaron una asamblea y ratificaron que seguirán con el bloqueo que vienen realizando en Famatina.
“Desestimamos todo beneficio económico que el Gobierno y la empresa ofrecen como argumento de desarrollo y bienestar. Por el contrario, reafirmamos la supremacía de nuestro derecho a la vida y al agua como un bien social y responsabilizamos al Estado provincial y al nacional por la integridad física de los pobladores riojanos y la alteración de la paz social de nuestros pueblos”, afirmaron en un documento al que tuvo acceso este diario. Y exigieron “la inmediata anulación del convenio con Osisko”.
También reclamaron al Gobierno nacional “la modificación del Código Minero y anulación de las leyes impositivas de Inversiones Mineras”, que permiten que las multinacionales paguen irrisorias retenciones y cuenten con otros beneficios escandalosos.
La Rioja es una de las provincias donde aún rige un sistema político semifeudal, con un gobernador como el kirchnerista menemista Luis Beder Herrera, que fue reelecto en 2011 por un amplio margen de votos, sirviéndose de los peores métodos del clientelismo político, y que ahora no duda en defender los intereses mineros que ponen en serio riesgo la vida de miles de sus propios coprovincianos. Estos mismos intereses también manejan los hilos de muchas de las decisiones políticas y económicas de la Casa Rosada, donde Cristina Kichner no dudó en abrir las puertas para recibir a los principales exponentes de la megaminería, con quienes también suele reunirse cada vez que visita Estados Unidos.
El esquema de saqueo que se busca instaurar en La Rioja se viene desarrollando desde hace varios años en San Juan, gracias al amparo y el apoyo de otro gobernador kirchnerista, José Luis Gioja, que mantendría fuertes vínculos con la multinacional minera Barrick Gold. Gioja y Beder Herrera no son una excepción. Y ello salta a la vista cuando se analizan las principales administraciones provinciales que están alineadas políticamente con los K (ver páginas 4 y 5), donde también rige un sistema de características feudales, con millones de argentinos viviendo en la indigencia, la promiscuidad y la exclusión social.
