JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y DOBLE MORAL K.
El procesamiento de Néstor Pitrola y de Vilma Ripoll por haber participado del corte de la ruta Panamericana en el año 2009 en apoyo de los trabajadores de Kraft, abrió el debate en la sociedad sobre el verdadero sentimiento del kirchnerismo hacia los luchadores populares.
Por qué el gobierno decide dar marcha atrás en una de sus políticas centrales y bases de su gestión como era la no judicialización de la protesta social. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo del 2003, marcó para muchos una nueva forma de manejarse en lo más alto del poder nacional en muchos sentidos, entre otros, el de no represión de la protesta social y el de un manejo consensuado con las organizaciones sociales.
Lamentablemente y como ha sucedido en una inmensa rama de cuestiones con el kirchnerismo, en este también lo que reina es el doble discurso y una doble moral que hace que la administración nacional entre en un estado de descomposición interna muy grande, ya que una cosa es lo que se dice, y otra totalmente diferente lo que se hace.
En estos días hemos podido observar como los dirigentes políticos y sociales Néstor Pitrola (Partido Obrero) y Vilma Ripoll (Movimiento Socialista de los Trabajadores) fueron procesados por el juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, por haber participado en corte de ruta de la Panamericana en solidaridad con los trabajadores de la empresa Kraft en el año 2009.
La historia política de nuestro país ha tenido diversa cantidad de sucesos que han llevado la relación entre gobierno y sociedad a límites muchas veces insostenibles, lo que termina por ensuciar una relación que en pocas ocasiones es feliz y que suele enturbiarse en forma sistemática ante cualquier clase de hechos.
Desde los organismos de derechos humanos que el gobierno todavía no ha podido cooptar, advierten que la no confrontación del gobierno con las protestas sociales se hace nada más que en territorio de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, mientras que en el interior del país hay una gran represión hacia los movimientos sociales y luchadores populares, y dan como ejemplo las más de 6.000 causas que hay en la Justicia contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.
El propio Centro De Estudios Legales y Sociales aseveró en un informe que el gobierno nacional “no reacciona cuando quienes reprimen son aliados políticos provinciales”, levantando honda polvareda al interior del Frente para la Victoria, que tiene entre sus aliados a hombres duros del peronismo más ortodoxo que no admiten reproches a sus gestiones y no dudan en utilizar la fuerza policial ante protestas que no le agradan.
Este doble accionar del gobierno, tan típico de la clase dirigente nacional, no hace más que dejar en claro el doble discurso del kirchnerismo, que dice trabajar por la concordia y la unificación de los argentinos, y por el otro lado le atribuye distintas culpas sobre los males de la Nación a los que no comparten su ideología o maniobrar político.
Todo este accionar político se vivió en innumerable cantidad de casos, como por ejemplo la muerte de los miembros de la comunidad Qom en Formosa; lo sucedido este año en Villa General Libertador San martín en Jujuy; la represión a los vecinos de Andalgalá; la judicialización del corte de Gualeguaychú; la innumerable cantidad de casos de gatillo fácil no investigados por los distintos gobiernos provinciales; las represiones en Mosconi, Tartagal, Las Heras y Corcovado; procesamiento a los dirigentes de la FUBA; la muerte de Mariano Ferreyra a manos de la patota sindical de la Unión Ferroviaria; etc, son muestra del amplio accionar del gobierno nacional y sus aliados provinciales en estos casos.
Este doble accionar del gobierno, tan típico de la clase dirigente nacional, no hace más que dejar en claro el doble discurso del kirchnerismo, que dice trabajar por la concordia y la unificación de los argentinos, y por el otro lado le atribuye distintas culpas sobre los males de la Nación a los que no comparten su ideología o maniobrar político.
Por un lado, se pregona los Derechos Humanos y se hacen actos grandilocuentes como la acción ordenada por Kirchner de descolgar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, del Colegio Militar; o la dictaminar al ex predio de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, como el “Espacio para la Memoria”; y por el otro se procesa a hombres del campo trabajador como Pitrola o Ripoll.
Quien fuera candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, aseguró en su cuenta de Twitter que “primero afuera del Congreso por un piso de la dictadura, ahora procesado por apoyar una huelga: ambas cosas pintan el régimen político", y añadió: "Kirchner apenas asumió prometió el desprocesamiento de los luchadores pero su número batió récords en estos años".
Además, aseguró que "el disciplinamiento de las luchas obreras por medio del código penal es un rasgo de un gobierno que respalda corporaciones como Kraft", y culminó: "Los despidos de Kraft eran antisindicalismo antiburocrático, está a la vista porque jamás faltó producción, querían más explotación obrera".
Para los principales analistas de la realidad, esto no es más que una forma de eludir el debate político que se debe dar en la sociedad a futuro, desviando la atención de los principales temas nacionales. Sería interesante que los dirigentes actuaran para poder solucionar los grandes flagelos que azotan a buena parte de la población, como el hambre, la inseguridad y la pobreza, en vez de discutir temas menores que nada tienen que ver con las necesidades reales de una población asqueada de un discurso vacuo y carente de contenido por parte de su clase dirigente.
De lo que no se atreven a hablar muchos, es que esto puede ser muy perjudicial para la lucha social por una condición de vida más digna para los argentinos, ya que impedir a través de la judicialización de la protesta social que los trabajadores lleven adelante un reclamo por un país más justo, puede conducir al país a épocas pasadas, donde la protesta estaba prohibida, y que le costó a la Argentina la vida de cientos de miles de compatriotas.
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