LA PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO
Impulsa el Gobierno una ley que permite el cambio de sexo. Contempla tanto la operación como la adecuación del DNI sin necesidad de autorización judicial
En línea con la idea de profundizar el "modelo progresista", el gobierno de Cristina Kirchner dio luz verde a un proyecto de ley en el Congreso que otorgará el derecho al cambio de sexo en el país con una intervención quirúrgica, y también a tramitar el DNI con una nueva "identidad de género", ya sea con o sin previo tratamiento médico. Incluso, podría obligar a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales a cubrir la "reasignación sexual".
Fuentes legislativas dijeron a LA NACION que se dejaría a consideración del Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar la inclusión del tratamiento clínico dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO).
El permiso para la "rectificación de género" no necesitará una autorización judicial, sino apenas una declaración jurada, en la que la persona exprese ser de un sexo diferente del biológico, con o sin operación quirúrgica previa en su físico. Con esa simple declaración podrá cambiar su DNI.
En las próximas semanas, con el impulso de la Casa Rosada, Diputados buscará consenso para emitir un único dictamen sobre esa polémica iniciativa, denominada de "identidad de género". El interventor en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Pedro Mouratian, la apoyó el 18 del mes pasado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Justicia.
Según supo LA NACION de altas fuentes oficiales, el proyecto supone un paso más en la "batalla cultural" del kirchnerismo hacia un "progresismo moderno". Complementaría así la ley de matrimonio igualitario. En la actualidad, las operaciones de cambio de sexo están legalmente prohibidas en la Argentina. Es que suponen lesiones físicas muy graves que ningún médico está habilitado a realizar. La legislación impone penas muy severas.
Por ello las personas interesadas deben recurrir a tratamientos en centros médicos de otros países, como Chile (como se informa en la página 24). En los proyectos en análisis consta que leyes similares para el cambio de identidad y de sexo rigen, entre otros países, en Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá y Canadá, y en algunos estados de los Estados Unidos.
La tramitación de la nueva identidad sexual -rectificación de género- será ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Hasta hoy puede formularse sólo mediante una presentación judicial y únicamente un juez la puede habilitar. "Esto generaba medidas de prueba y juntas médicas vejatorias, que se evitarán", dijo a LA NACION un legislador que promueve el proyecto.
Y será independiente de que haya una "reasignación de sexo", es decir, una operación en los genitales.
"A partir del proyecto, el cambio de sexo será un nuevo derecho y se podrá concretar a partir de la mayoría de edad, a los 18 años. Quedará sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo si esa intervención quirúrgica se incluye en el PMO", dijo a LA NACION la diputada del Frente para la Victoria (FPV), Diana Conti.
Esto último podría generar un fuerte conflicto con las empresas de medicina prepaga y con las obras sociales, que deberían asumir costos que hoy no están previstos y podrían encarecer sus servicios, como se informa por separado.
"El cambio de sexo podrá estar acompañado por un cambio de identidad con un nuevo DNI, nuevo nombre y nueva foto", especificó Conti.
En el gobierno nacional, avalaron dos proyectos. Uno lo había presentado la propia Conti, inspirado en la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), y el restante, su par del FPV Juliana Di Tullio, promovido por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi y Transexuales (Falgtb).
El texto de Conti establece que la "rectificación registral" podrá ser nuevamente modificada sólo con autorización judicial.
Las dos iniciativas fueron debatidas en una reunión de las comisiones de Legislación General, que preside Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), y de Justicia, de Juan Pedro Tunessi, de la UCR. Se acordó allí redactar un solo dictamen en las próximas semanas para ser debatido en breve en el recinto de la Cámara baja.
Según los primeros borradores, la "reasignación de sexo" podrá solicitarse desde los 18 años con una declaración jurada. Podrá obtenerse mediante una intervención quirúrgica o con tratamientos hormonales, según la necesidad del solicitante.
Se permitirá asimismo realizarla en todos los centros médicos públicos, privados y obras sociales de nuestro país y tendrá por objeto "garantizar la salud integral", entendida como "completo bienestar físico, psíquico y social". Los actuales proyectos de Conti y Di Tullio prevén incluirlo en el PMO. Pero el dictamen final podría dejar ello sujeto a la reglamentación de la presidenta Cristina Kirchner.
"Se legislará el derecho integral a la salud y a la identidad: la rectificación de género en el DNI no necesariamente implica un cambio de sexo en el físico", dijo Vilma Ibarra a LA NACION. Las personas podrán adoptar un nombre de otro sexo y conservar el apellido si consignan en la declaración jurada que se sienten psicológicamente del género opuesto. En el Congreso aseguran que no hubo voces discordantes en las comisiones. Incluso el socialismo, la UCR y otros bloques opositores dejaron correr el proyecto.
Desde el Gobierno, Pedro Mouratian, titular del Inadi, apoyó la iniciativa. "Es un paso positivo porque permitirá a un colectivo acceder a la documentación necesaria como el DNI, que hoy no tiene, y así se ve privado de acceder a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda y a otros derechos esenciales, como la educación, de los cuales son segregados", dijo a LA NACION.
"Les permitirá reinsertarse en la sociedad", agregó Mouratian, y destacó, además, que "el cambio físico o genital no es condición para acceder a un nuevo DNI, sino simplemente su aspecto y el hecho de que la persona se sienta de ese sexo".
El proyecto de Conti dispone que la rectificación del sexo tendrá efectos retroactivos desde su inscripción en el Registro Civil, conservará el número de DNI, tendrá carácter confidencial y será informado a todos los registros del país.