SOJA EN RÍO NEGRO: UN CUENTO CHINO
Las concesiones que dio la provincia de Río Negro a la empresa Beidahuang desataron una gran polémica que incluye movilizaciones ecologistas, disputas parlamentarias y una denuncia penal
El día 10 de junio se presentó una denuncia penal contra el gobernador Miguel Saiz por incumplimiento de sus deberes como funcionario público ante la firma de los acuerdos de cooperación con la empresa Beidahuang. El objetivo de estos convenios, según el gobierno, es facilitar las inversiones en infraestructura de riego y comercialización para poner en producción unas 300 mil hectáreas improductivas, asegurando así, trabajo para unas 100 mil personas. Sin embargo, para los sectores de la oposición, los acuerdos firmados constituyen una violación a la soberanía nacional e incurren en delito al poner a disposición de una empresa privada de un país extranjero recursos públicos del Estado provincial. Presentamos aquí una polémica que no será fácil de cerrar.
¿En qué consiste el acuerdo de inversión?
Como parte de una fuerte tendencia internacional, la República Popular China está aumentando en gigantes proporciones sus inversiones en los países de la periferia y Argentina es uno de los destinos que más ha crecido. Según un estudio de la consultora Derloitte entre junio de 2010 y mayo de este año las inversiones del gigante asiático casi se triplicaron en el país, alcanzando la importante suma de 15.584 millones de dólares. En este marco debe ser comprendido el reciente convenio marco firmado entre la provincia de Río Negro y la empresa Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, que podría representar la mayor inversión china en Argentina en el sector agroalimentario, alcanzando la cifra de 1.500 millones de dólares.
Dispuestos a aprovechar este auge de las inversiones chinas, en octubre de 2010 el gobernador Miguel Saiz se dirigió al país asiático con la intención de firmar acuerdos con la empresa que inicien un proceso de cooperación agroalimentaria y económica.
A pesar de que en diálogo con La Tecla Patagonia, el ingeniero Humberto Iglesias, subsecretario de Producción y Recursos Naturales de la provincia, insistió en el hecho de que se trata de un proyecto marco de cooperación, aduciendo que hoy día “no tenemos un proyecto para 320 mil hectáreas donde nosotros podamos identificar en qué lugar, con qué cultivo, qué productor, porque recién se está construyendo”, el texto del acuerdo es muy taxativo acerca de lo que se realizará y en qué plazos. En los acuerdos firmados el 15 de octubre, el gobierno provincial otorga garantías a la empresa para que pueda realizar inversiones en el Puerto de San Antonio Este y se compromete a colaborar con ella para que presente un proyecto de inversión, ofrece todo tipo de información sobre el río Negro medio y unas 234.500 hectáreas de sus valles con el fin de que Beidahuang pueda evaluar la inversión, asegura la exención de impuestos provinciales, tazas, ingresos brutos, sellados, etc., se compromete a realizar gestiones ante el Banco Central para que se exceptúen los encajes bancarios para los fondos de inversión de la empresa, a la vez que gestionará para que la empresa china pueda tener a su disposición el aeropuerto de San Antonio Oeste y utilizar allí sus propios aviones, también pone a disposición los técnicos del departamento provincial de Agua para colaborar en los programas de irrigación de tierras.
Evidentemente, si bien no hay un proyecto de inversión concreto, se trata de una fuerte demostración de interés por parte del gobierno provincial para que sea esta empresa la que finalmente promueva la expansión de la frontera agropecuaria. Además, según informó a La Tecla Patagonia la diputada del Partido Justicialista Silvia Horne, “ya están viniendo los técnicos chinos. Ellos mismos dicen que ya están invirtiendo. Yo misma tengo conocimiento de que ya les están ofertando algunos pequeños productores su arrendamiento. Osea, el proyecto ya está en marcha y además esto de que el convenio es marco o re contra marco o lo que quieran decir, son en realidad convenios de cooperación que establecen fechas”.
Las críticas y una defensa
Las críticas a los convenios tienen dos aspectos: uno legal y otro ambiental. Con respecto a lo primero, se cuestiona que al no hacerse estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas para su evaluación, se está violando la ley provincial de Evaluación de Impacto Ambiental nº 3.266 y la ley nacional del Ambiente nº 25.675 que obligan al Estado a realizarlos para proyectos de esta envergadura. Por otro lado, según dijo a La Tecla Patagonia doctor Federico Aliaga, uno de los presentadores de la denuncia penal contra Saiz y miembro del Grupo de Reflexión Rural, “la ley provincial 3.484 establece todo un sistema de licitaciones públicas para hacer obras (y en el caso del Puerto), deberían llamar a licitación pública y no lo han hecho. El gobierno presta colaboración para todo ello, lo que no se puede, porque luego es el que tiene que fiscalizar la licitación pública, sin embargo, está colaborando en la elaboración de los proyectos”. A esto podemos agregar los comentarios de la diputada Horne, quien dijo a La Tecla Patagonia que “se está violando todo el apartado de la Constitución provincial sobre tierras, que dice que la planificación del uso de la tierra se debe hacer en forma participativa y democrática con los municipios y los productores de la región. Dice además que la tierra es un bien social y productivo, no un bien inmobiliario”.
Por otro lado, las críticas de carácter más ambiental tienen que ver con el uso de la tierra y los recursos hídricos de la provincia. “320 mil hectáreas regadas equivalen al caudal de tres ríos Colorado”, indicó Silvia Horne a La Tecla Patagonia. El proyecto, según el doctor Aliaga, está pensado “según todos los requerimientos agropecuarios que tienen ellos, a nivel agroindustrial, lo que implica un fuerte uso de maquinaria, de agroquímicos, no respeta la biodiversidad”.
Según el ingeniero Iglesias estas críticas son “más expresiones de carácter ideológico, de tipo principistas, que visiones estratégicas”, que la intención del gobierno es “generarles un clima apropiado para que ellos estén dispuestos a acompañar un proceso. Si ese clima es excesivo o es insuficiente lo dirá el tiempo (…). En todo caso, aceptaremos la crítica de ser excesivamente promotores”. Ante nuestro comentario de que en el convenio no quedaba claro el hecho de ser sólo un marco de cooperación, el Subsecretario insistió en que “el acuerdo con la empresa china es evaluar distintas alternativas productivas que sean de mutuo interés” y que si el texto estaba confuso podía deberse al hecho de que “hay algunos de los textos que primero fueron escritos en chino y luego traducidos al castellano y otros, al revés, que ya se llevaron escritos desde acá. Tiene que ver con una mala traducción”.
Evidentemente, el debate continuará en medio de este convulsionado año electoral. Ante la magnitud de la importancia que éste reviste no podemos menos que anhelar que se realice en forma pública, con gran participación de la sociedad civil y de las instituciones especialistas en el tema. De la misma manera, esperamos que tamaña polémica sea provechosa para el pueblo rionegrino y no se convierta en una artimaña más de la campaña electoral. ¿Será mucho pedir? .
Fuente: CNA Agencia de Noticias
