DEMASIADO PROLIJO

De la Doctrina Social de la Iglesia Católica se infiere que, desde la legalidad solamente y la justicia establecida por si misma, no hay garantías de equilibrio y ecuanimidad para el desarrollo pleno de una comunidad y la resolución de los conflictos de intereses. Pensemos esta situación para un sector social o productivo enfrentado puntualmente con un gobierno en el ejercicio pleno del poder general. El séptimo paro agropecuario nacional argentino, dilatado conflicto alimentado y buscado por los Kirchner, arrancó bastante modosito para nuestro gusto. Si toda la combatividad y masividad, que se tuvo en el pico de este pronunciamiento popular, se ahogó en la sopa de las negociaciones de una dirigencia rural que se encontró de golpe con un inesperado e incómodo triunfo y que no supo ejercer como corresponde, que podemos esperar de estas prolijidades legalistas e institucionalistas. Ya cuando depositaron y depositan excesiva confianza en un parlamentarismo ficticio, se comprueba un fracaso anunciado. ¿Está dadas las condiciones para un salto en calidad de los productores agropecuarios? La regulación de su trabajo sigue estando en manos de un monopolio político que se autodenomina estado y los monopolios tradicionales de la explotación rural aliados a él. A esta verdadera oligarquía, que es esencialmente financiera y usurera, se la debería combatir desde donde más le duele: el dinero. Pensar hoy en organismos estatales que regulen con justicia la comercialización y exportación de granos y carnes, es de una ingenuidad o complicidad mayúscula. Es tiempo de acomodar los tantos e introducir la creación del tercer factor: el privado desde los propios productores.