JAQUE MATE A LA PRINCIPAL OPERADORA JUDICIAL DE CRISTINA KIRCHNER.

       Por Luis Majul/El Cronista.- La Unidad de Información Financiera (UIF) hizo llegar el viernes al fiscal Eduardo Taiano una evidencia muy relevante y que podría terminar con el procesamiento y la renuncia al cargo de la Procuradora General y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La evidencia es una declaración testimonial de la propia Gils Carbó, en una vieja causa, número 4775, iniciada en el año 2003, por el presunto encubrimiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi a favor de Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero k. Se trata de una declaración testimonial espontánea y autoincriminatoria, porque contradice a la propia jefa de los fiscales y la coloca al borde del procesamiento. Gils Carbó, en marzo de este año, había explicado a Taiano y al juez Julián Ercolini, para deslindar responsabilidades en la causa por la compra irregular de un edificio de 5000 metros cuadrados, que ella se había enterado de los trámites de la operación recién entonces, por las denuncias de los medios periodísticos. Además, por la compra del edificio de Perón 667, que costó 44 millones de pesos y por el que una inmobiliaria obtuvo una altísima comisión de casi 8 millones de pesos, Gils Carbó decidió apartar a su mano derecha, Guillermo Bellingi, quien aparece implicado, junto a su medio hermano, Juan Carlos Thill, en un presunto cobro de coimas por medio millón de dólares, por haber facilitado la extraña operación. 

 Con esa decisión y su coartada diciendo que ella era ajena a cualquier maniobra de corrupción, Gil Carbó terminó admitiendo su posible responsabilidad política, pero de ninguna manera administrativa o funcional. El texto que aportó Gils Carbó pareció tan convincente que tanto el fiscal como el juez entendieron, en su momento, que iba a ser muy difícil pedir una indagatoria y procesarla por su responsabilidad en la maniobra de compra irregular. Sin embargo, su propia declaración testimonial en la causa caratulada ‘Casanello Sebastián Norberto sobre encubrimiento’, para defenderse de las acusaciones que en su momento le hizo la diputada Elisa Carrió, la pueden terminar autoincriminando. La declaración está fechada en noviembre de 2016. Se trata de una texto con valor de prueba, similar a una escucha o un documento oficial. La ubica de manera muy real y no solo política, en la conducción de los trámites iniciales para compra el edificio. Es un escrito de seis carillas. Lleva la firma de la propia Gils Carbó y de su abogado León Arslanián. En esa causa, los investigadores judiciales cruzaron llamadas de Gils Carbó con altos funcionarios de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre los días 11 y 18 de abril de 2013. Los investigadores judiciales del encubrimiento querían saber sobre qué había hablado la jefa de los fiscales con los hombres de Cristina. En especial, cual había sido el contenido de una conversación que había tenido lugar a las 11 horas 47 minutos del 15 de abril de 2013 entre Gils Carbó y el segundo de Carlos Zannini, Carlos Emilio Liuzzi. Entonces, para deslindar responsabilidades, Gils Carbó revelo el contenido de esas conversaciones secretas. 

Y asi declaró, por escrito pero bajo juramento, algo que hoy la autoincrimina. Algo que hoy la pone como principal responsable del affaire de la compra del edificio de Perón 667. ¿Por qué? Porque Alejandra Gils Carbó dijo que mal podía haber dado instrucciones a los fiscales de encubrir a Lázaro Báez, ya que estaba muy ocupada solicitando a los distintos ministerios del gobierno una ampliación de presupuesto de 40 millones de pesos. Una ampliación de presupuesto que pidió con insistencia y consiguió, para terminar comprando, por licitación directa, el edificio del escándalo. Gils Carbó insistió en que estaba tan preocupada y activa por finiquitar la operación inmobiliaria, que no tenía ni tuvo tiempo para más. Es más: adjuntó todos los documentos que la muestran como la principal interesada en esa compra. Esto implica que Gils Carbó le mintió a la Justicia. Que no solo estuvo al tanto de la escandalosa operación y sus detalles desde el principio. Que también la impulsó y la comandó. Incluso lo hizo por encima del funcionario al que cuatro años después ella misma apartó. De la operación que costó 44 millones de pesos con una comisión inmobiliaria récord de casi 8 millones de pesos y una sospecha de coimas de más de 3 millones de pesos (medio millón de dólares). Gils Carbó, si todo esto se confirma, debería renunciar. Debería irse. No debería permanecer un minuto más en uno de los puestos más importantes del sistema judicial, donde los fiscales deciden a quienes acusan y a quienes le perdonan la vida.

PROCESARON Y EMBARGARON A CRISTÓBAL LÓPEZ Y FABIÁN DE SOUSA POR NO PAGAR APORTES DE TRABAJADORES.

      Por Lucía Salinas/Clarín.- La jueza en lo penal económico, María Verónica Straccia procesó a los dueños del Grupo Indalo por retención indebida de aportes previsionales de Telepiu SA, la razón social del canal C5N. El empresario K y su socio Fabián de Sousa sumaron otro procesamiento. La jueza en lo penal económico, María Verónica Straccia procesó a los dueños del Grupo Indalo por retención indebida de aportes previsionales de Telepiu SA, la razón social del canal C5N con un embargo de $ 25 millones para cada uno. Asimismo, se procesó por menos períodos en los que se retuvieron los aportes, y se trabó un embargo de $ 23 millones a Mariano Frutos quien está al frente de los medios de comunicación de Cristóbal López. La denuncia iniciada por el trabajador Alejandro Fraschini y se realizó por unos $ 300 millones. La resolución de 22 páginas a la que accedió Clarín, sostiene que tanto López como De Sousa fueron responsables de retener de manera indebida los aportes destinados a la seguridad social de un grupo de trabajadores de la empresa Telepiu SA, razón social de la señal C5N. Por ello se los procesó y se les trabó un embargo de $ 25 millones para cada uno, incluida la firma. En el caso de Mariano Frutos, CEO de Indalo Media, se lo procesó por un período menor por su fecha de ingreso al grupo, y se le trabó un embargo de $ 23 millones. En todos los períodos investigados (05/2012, 06/2012, 04/2013, 06/2013 a 12/2013 y 01/2014 a 07/2014) se retuvo al personal de la firma señalada, los fondos en concepto de aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social por sumas superiores a los $20.000, "y no se efectuó el depósito íntegro de las sumas retenidas una vez transcurridos los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento de la obligación", consignó la jueza Straccia. 

 Tras las indagatoria realizada al empresario K, procesado por asociación ilícita y lavado de dinero junto a Cristina Kirchner, la juez en lo Penal Económico, consignó que pese a que los trabajadores cobraron regularmente, en tiempo y forma, sus sueldos a través del depósito en sus cuentas bancarias, y que las retenciones de los aportes constan en los recibos de sueldo agregados a las actuaciones, así como también fueron exteriorizados en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios mensuales investigados presentadas ante la AFIP, hubo una "apropiación indebida de aportes destinados a la seguridad social". Además, en función de las pericias realizadas, se acreditó que Telepiu SA contaba con los fondos suficientes para realizar "las retenciones de los aportes de sus empleados e ingresarlas al Fisco en los plazos correspondientes". Así, se comprobó que con las cuentas bancarias que operó la empresa de López -en los períodos investigado-, hubo algunos ejercicios negativos, pero en general, "se registró un flujo constante de fondos". En paralelo, se "recibieron acreditaciones por sumas millonarias en todos los ejercicios" y que la sociedad sí pudo hacer frente al pago de sus proveedores. Por todo esto, es que los encontró a López, De Sousa y a Frutos -en un período menor- responsables de haber realizado una "indebida retención de aportes" previsionales. Asimismo, la magistrada señaló que los responsables de la sociedad asignaron "recursos de la firma a distintas finalidades, sin atender a la obligación legal de depositar las sumas retenidas al Sistema de la Seguridad Social, con el consecuente perjuicio al bien jurídico". ¿Cómo se financió la empresa dueña de C5N? Según los libros contables, recibió préstamos -durante el 2012-, de South Media Investments SA (sociedad controlante) y de Oil Combustibles SA (en cuyo período incrementaba su deuda con la AFIP por no pagar el impuesto al combustible), por $25.595.000 y $6.206.137, respectivamente.

Pese a tener un ejercicio inferior al de 2011, Telepiu SA "aumentó sus bienes de uso por un total de $5.182.758", señaló la jueza Striacca. El directorio de la sociedad señaló que entre otras cosas, en dicho período hubo una “una importante inversión con la incorporación de un móvil de Producción con Tecnología HD”. Algo similar ocurrió en 2013. La empresa recibió, nuevamente, préstamos de South Media ( $92.693.831) y Oil Combustibles SA ( $ 7.605.096) , mientras el activo de Telepiu aumentó por $ 75 millones en relación al ejercicio anterior. La firma registró un nuevo aumento en sus bienes de uso por $4.801.816. Una vez más, los dueños de Indalo señalaron que se hizo "una importante inversión con la incorporación de cámara IP domos exteriores con Tecnología HD”. Así, la misma dinámica se reiteró al el año siguiente. South Media realizó un préstamo por $ 115.900.011 y Oil Combustibles, por $ 10.245.096. Durante este período el activo de Telepiu aumentó por $95.000.000 pero su neto disminuyó respecto al 2013. Los bienes de uso volvieron a crecer por $3.851.027 y el directorio manifestó que "se refrescó la imagen de la señal realizando importantes inversiones en escenografías e iluminación de los estudios”. En función de estos resultados contables, la juez en lo Penal económico señaló que los dueños de Telepiu SA (propiedad de Indalo), estuvo siempre en "conocimiento" de que en los períodos en cuestión "la sociedad efectivamente retuvo a sus empleados los aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social", sino que también, contando con fondos suficientes para hacer frente a los pagos en cuestión, "se omitió efectuar su depósito en la forma y condiciones que establece la ley".