Por Daniel Santoro/Clarín.-
Un peritaje determinó que si los precios excendían determinado nivel automáticamente se los bajaba con un recálculo.
Un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) determinó que desde abril del 2007 en el sistema informático del INDEC se instaló un programa secreto conocido como “tope” para recalcular precios si excendían determinados valores.
El peritaje, al que accedió Clarín en exclusiva en fuentes judiciales, fue presentado en la causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y la ex directora del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri, por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otros delitos. Además, si se determina que el programa "tope" u otra manipulación infló el aumento del PBI, Moreno y Paglieri también podrían haber sido acusados por fraude al Estado porque había un título de la deuda que estaban sujetos a ese incremento.
El miércoles Moreno fue indagado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli y negó haber manipulado las cifras del INDEC, que debería ser un organismo autártico del gobierno de turno. Sin embargo, desde enero del 2007 cuando renunció Graciela Bevacqua el INDEC fue virtualmente intervenido por Moreno, incluso con una patota integrada por barrabravas.
Los peritos, luego de analizar los discos rígidos del INDEC de esa época y más de 800 mails, descubrieron que estaba instalado un programa “Ipn_Calind_Pkg.SQL” conocido como "tope" que administraba “funciones para cálculo de índices, aplicando además un control de topes”. Según fuentes judiciales, el programa era manejado desde una pantalla secreta que se investiga quién la usaba, aunque hacía la mayoría de los recálculos automáticamente.
“La función de control de topes consiste en controlar algún caso o “variedad” que quede (aparentemente predeterminada) para luego realizar un recálculo de agrupaciones”, afirma el peritaje. En su indagatoria, Bevacqua negó haber manipulado los índice, pero admitió que había un programa de “topes” instalado antes de que asumiera ella en abril del 2007.
Más adelante, la auditoría dice que por falta de datos no se pudo determinar para que servía otro programa llamado “PARVUL”, como tampoco que significaban las referencias denominadas “variación” y “agrupación”.
Pero de todo el análisis, “es posible informar que existe una administración de topes en el programa verificado”. Este dice que cuando “alguna variedad sufre una variacion fuera de rango (según PARVUL) se aplica la variación especificada. Luego se recalculan las agrupaciones para mantener la aditividad”. Otro mensaje señala que “saco esta condición para que marque las variedades que hay que matar por si apareció un precio nuevo”.
Los peritos oficiales que confeccionaron la auditoría informática fueron los licenciados Jorge Rosso, Darío Piccirilli y Alejandro Sabolansky y el de parte, Esteban Vertzner.
El miércoles, Moreno -entre ironías- negó haber ordenado al INDEC que se modificara la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor. El ahora precandidato a diputado nacional por el kirchnerismo hizo un breve descargo y pidió que se le asigne otra fecha para el trámite a fin de "poder explayarse" y "responder preguntas". En el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, Moreno dijo que "nunca" dio "ninguna orden ni instrucción" en relación a las mediciones del INDEC.
El ex funcionario argumentó que, para su función, no necesitaba conocer los datos del INDEC porque implican un muestreo del mercado mientras que él, como secretario de Comercio, tenía acceso a toda la información del mercado. Hace unas semanas atrás, en su indagatoria, Paglieri había negado la acusación en su contra y había dicho que, cuando arribó a organismo, había encontrado un "cúmulo de errores que parecían intencionales", y recordó que, de hecho, los había encontrado como auditora, lo que luego derivó en su designación como directora del Indice de Precios al Consumidor. La causa se inició a partir de denuncias presentadas por una ONG de Rosario y por los entonces legisladores nacionales Gerardo Morales (actual gobernador de Jujuy) y Ernesto Sanz. Los "hallazgos resultan más que contundentes para acreditar los hechos investigados y redundan sobre la sospechada manipulación de datos estadísticos", había sostenido el fiscal al justificar los pedidos de indagatoria ante lo lapidario de esta auditoría de la UNLP.
