miércoles, 7 de junio de 2017

15-6: GOBIERNO DEBE DEFENDER EN NUEVA YORK A Y.P.F. DE FONDO BUITRE.

Thomas Griesa, Loretta Preska y Aldo Ducler  
      Por Carlos Burgueño/Ámbito.- Ese día habrá una audiencia en la Cámara de Apelaciones de esa ciudad. Bruford Capital le compró la causa al Grupo Petersen y le reclama al país entre u$s2.000 y 3.000 millones por considerarse damnificado en la operación. Argentina parece no poder liberarse de las demandas de los fondos de inversión (buitres o no) en los Estados Unidos. El próximo 15 de junio, en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, deberá atender otra causa contra el país, en este caso del fondo Bruford Capital, un "inversor" sobre el que sorpresivamente el difunto Aldo Ducler también puso el ojo días antes de morir ofreciéndose a dar detalles supuestamente ilícitos ante la UIF. Ese día, en esos tribunales que los abogados del país conocen bien desde los tiempos del "Juicio del Siglo" (y donde siempre la posición criolla fue derrotada), habrá una audiencia definitoria donde el Bruford acusará por daños a la República Argentina y a YPF por la renacionalización de la petrolera decidida en el Gobierno de Cristina de Kichner.
Y en paralelo habrá un renacimiento del caso en Buenos Aires luego de las sospechas lanzadas por Ducler y su intento por presentar datos sobre movimientos financieros sospechosos vinculados a esta operación. El caso planteado por Bruford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después que el juez derive el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016; luego de haber definido el pago final de la Argentina a los fondos buitre y de interpretar que ya no tenía que seguir con la causa. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Bruford) en octubre de 2016; el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente el jueves de la semana que viene dará una audiencia a las partes. La demanda del fondo Bruford Capital contra la petrolera YPF y Argentina se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energia y Peterson Inversora; dos compañías hoy en quiebras abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF, y para organizar la relación con Repsol, el socio mayoritario. Luego de la nacionalización de la petrolera en mayo de 2012, y como la decisión se tomó sólo por el porcentaje de los Repsol, Petersen se consideró damnificado al haberse aprobado por ley la prohibición de distribuir ganancias de la petrolea una vez renacionalizada, y así verse impedido del Grupo Petersen en pagar las cuotas por su incorporación como socios de la empresa. 

Las dos empresas radicadas en España se manifestaron damnificadas y reclamaron un resarcimiento económico al alegar además que durante la expropiación de la petroleras, se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos, dado que YPF cotizaba en Wall Street. Finalmente el juicio fue vendido al fondo especialista en este tipo de litigios, Bruford Capital, que lo llevó adelante primero ante Griesa y luego ante Preska. Y el próximo jueves ante la Cámara de Apelaciones. Si bien no hay un número definido, se estima que la demanda es por un monto estimado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, cuando Bruford invirtió no más de 35 millones de dólares. Bruford Capital llegó a la historia de la renacionalización de YPF al no poder pagar el grupo Petersen los créditos que había tomado ante diferentes bancos y la propia Repsol, por el 25% de las acciones. EL fondo incluso tenía bonos argentinos en default comprados en algún momento del 2006 al 2008, y se presentó en tiempo y forma en el juicio contra la Argentina para aceptar en marzo de 2016 la oferta que el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo llevó ante Griesa. 

Dentro del universo de fondos buitre, Bruford Capital se especializa en comprar juicios complejos ya iniciados o a punto de establecerse. Se autodefine como una casa experta en "juicios corporativos". Los adquiere a precios de remate a los demandantes originarios, y luego rearma la estrategia de cobro en diferentes juzgados. En el caso de Petersen, el argumento es que al momento de realizar la operación con Repsol, la Argentina habría ignorado los derechos de Petersen Energía (propietaria del 23% de las acciones) sin "haber lanzado una oferta pública de recompra de las acciones, tal como determinaba el estatuto accionario de YPF, según las normas aceptadas y presentadas ante la Comisión de Valores de EE.UU. en 1993", según el texto original de la demanda original a la que accedió este diario. El juicio de Bruford contra el país e YPF comenzó el 8 de abril de 2015, cuando Griesa aceptó que era en su juzgado donde el reclamo de Petersen Energía debería ser tratado. En ese momento, el juicio se concentraba en el pedido de Bruford de evaluar la alternativa que la emisión de los aproximadamente u$s5.500 millones del Bonar 24 con el que el país le pagó a Repsol, había ignorado los intereses de Petersen Energía, que no había recibido dinero por esa operación. 

El caso cayó primero en el juzgado de Griesa, al haber reclamos de parte de otros fondos buitre, anteriores al de Bruford, que pedían al juez que embargara los pagos del bono y los considerara dentro del paraguas del "pari passu" del fallo original del magistrado de Nueva York. Aunque el pedido de Bruford no tenía que ver originalmente con el "Juicio del Siglo" entre Argentina y los fondos buitre, Griesa consideró que el pago y eventual embargo del Bonar quedaba bajo su jurisdicción y aceptó que el caso de Bruford se incluyera en su juzgado. Como luego el fondo buitre, entre abril y agosto pasado, comenzó a comprar deuda argentina en default, y finalmente se presentó ante Griesa también como "me too"; finalmente ahora el juez avaló su reclamo de incluir también el pedido sobre YPF y la Argentina por la renacionalización de la petrolera dentro del caso. Hoy por hoy, la demanda no tiene nada que ver ni con el Grupo Petersen ni con la familia Eskenazi, ya que fue una causa comprada directamente a Repsol en Madrid.