Por Matías Tombolini, Economista/El Cronista.-
Desde comienzos de año parte de la agenda económica consiste en abordar un posible blanqueo laboral para reducir el empleo informal en el país. La medida tiene como objetivo principal una baja de costos salariales, adecuación de convenios colectivos, empalmes de planes sociales con la actividad privada y capacitación, así como incidir de formar definitiva en un camino que nos lleve al salto productivo necesario para competir en el mundo y conquistar nuevos mercados vía mejora en la competitividad sin necesidad de una devaluación que deprima el poder de compra de los asalariados.
El éxito de un blanqueo laboral encuentra fantasmas muy diferentes a los que enfrentó el blanqueo de capitales. En este caso el foco no estará solamente en reducir los costos salariales, sino en otro lado: la evasión fiscal, la cual es un flagelo que sufre el país desde hace décadas.
Según el INDEC, poco más de uno de cada tres empleados no se encuentra registrado y vale decir que la necesitad manifiesta de trabajar sobre la estructura de costos, choca contra el verdadero motivo detrás de la informalidad laboral. "Vender en negro", simple como eso. Luego, si se blanquean los trabajadores, se está declarando uno de los insumos más relevantes en las cadenas de valor de muchos sectores, por lo tanto habría que declarar las ventas. En suma, los vértices que presenta el problema distan mucho de estar todos a la vista.
En un comunicado llamado ‘No queremos más ropa manchada con sangre’ CAME denunció que en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, hay más de 5000 talleres textiles clandestinos, en donde trabajan más de 30.000 personas en condiciones de precariedad extrema. Estos talleres a su vez son proveedores de los puestos de venta ilegal que ascenderían a 74.150 en sólo 439 ciudades, según la misma entidad.
Respecto de las ventas ilegales y comparando el segundo semestre de 2016 con el mismo periodo de 2015, la cantidad de puestos en las ‘Saladitas’ habrían aumentado 27% lo cual expresa un ejemplo del entramado de ilegalidad que rige gran parte del sistema económico y que requiere el compromiso de toda la sociedad para poder modificarse.
Esta ‘Argentina mantera’ no termina en los puestos de venta ilegal sino que es solo el velo de un problemas mayor que se despliega a lo largo y ancho del territorio, la cual está arraigada incluso en vastos sectores de la economía.
Debido a la ventaja comparativa que tenemos en la producción de granos, incentivada a su vez por la quita de retenciones y el sinceramiento del tipo de cambio. Entre el trabajo arduo y la inversión concreta de un sector clave para el desarrollo nacional también esconde un lado oscuro de nuestro país.
La Ley de Semillas y creaciones Fitogeneticas (20.247), del año 1973, fue diseñada en un país donde se producía la décima parte de los granos que se producen actualmente. Sin embargo, hoy en día se declaran ingresos por venta de granos equivalentes al mismo monto en dólares que en aquella época. La evasión es evidente por parte de actores que se desempeñan como productores y semilleros que multiplican semillas para vender en el mercado ilegal sin el control que debería existir por parte de las autoridades gubernamentales mientras la mayoría del sector, se aviene a derecho y compite en desventaja.
Estamos aquí otra vez bajo el mismo concepto: no declarar la compra de semillas implica no blanquear el insumo por lo tanto no blanquear el producto final y de esta forma evadir en la venta del bien final.
La falta de transparencia en uno de los sectores más favorecidos por la naturaleza que cuenta con el esfuerzo de todos aquellos que invierten y pagan los impuestos en sus campos, actúa como freno a la capacidad de seguir generando conocimiento en el sector donde combatir la evasión fiscal debería ser una premisa tan relevante como correr a los vendedores ilegales de las calles.
La evasión fiscal es el elemento que determina el peso de la presión tributaria vigente, que creció 31% en la última década. La estructura y la cuantía del gasto publico son la contracara de esta discusión pero no deben limitar los alcances de la misma.
Esta gran manta invisible cae sobre los ciudadanos que tributamos. En diferentes sectores la evasión llega a niveles del 45% o 50% haciendo que el sistema impositivo en su conjunto sea poco eficiente.
Vivimos en un país donde ha sido más negocio no pagar impuestos antes que hacerlo, y donde los incentivos siempre estuvieron al revés. La reforma tributaria integral que se necesita debe ser valiente, honesta, promover la equidad sin desatender incentivos y tener en cuenta no solo los actores que aparecen en las noticias sino la verdadera estructura económica argentina.
No habrá desarrollo si no enfrentamos colectivamente el desafío de pagar todos para pagar menos. Y recaudar más pagando menos solo se logra si el compromiso abarca a todos los actores. Plantear el problema y correr el velo detrás del cual se han ocultado los evasores durante tanto tiempo seria un primer paso en la dirección correcta.
