jueves, 16 de febrero de 2017

CON LO JUSTO Y CRUCE DE ACUSACIONES, DIPUTADOS VOTÓ LA REFORMA DE ART.

Diputados del FpV gritaron a la oposición para que dejaran las bancas

      Por Noelia Barral Grigera/El Cronista.- La oposición planteó la inconstitucionalidad. La movilidad jubilatoria enojó al massismo y al bloque Justicialista. Carrió pidió la renuncia de Basavilbaso, titular de la ANSeS. El oficialismo logró convertir ayer en ley la reforma al sistema de Riesgos del Trabajo por un margen estrecho y con el recinto cruzado por gritos y reproches, luego de que se colara en medio de la discusión la noticia de que el Gobierno pretendía modificar a la baja el cálculo de la movilidad jubilatoria. El massismo y el bloque Justicialista se abstuvieron en la votación como gesto de rechazo a los cambios en las jubilaciones. Aun así, colaboraron para que el Gobierno pudiese aprobar la ley al garantizar el quórum en medio de un recinto alterado. Con el escándalo desatado, la diputada oficialista Elisa Carrió pidió una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo y, minutos después, reclamó a los gritos en un pasillo de la Cámara la derogación de la resolución de la ANSeS o, en su defecto, la renuncia del titular del organismo, Emilio Basavilbaso.
"Si no dan de baja la resolución, yo le pido la renuncia a Basavilbaso o a quien sea. Que aprendan las reglas de la ética. ¡Y se van a la reputa que los parió!", bramó la chaqueña, con la cara colorada. En paralelo, los jefes de los tres bloques oficialistas, Nicolás Massot (PRO), Mario Negri (UCR) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), se comunicaron con el presidente Mauricio Macri quien, según señalaron, les aseguró que dará de baja el nuevo sistema para calcular la movlidad jubilatoria. Minutos antes, la reforma se había aprobado por 88 votos a favor (de Cambiemos y sus aliados provinciales), 23 en contra (de Progresistas, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda, entre otros) y 44 abstenciones (del Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Movimiento Popular Neuquino). Los diputados del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) se quedaron de pie junto a sus bancas, sin votar, gritándoles a quienes habían anticipado su abstención o su rechazo para que dejen la sesión sin quórum. "¡Si ustedes se levantan se cae la ley!", les reclamaba Adrián Grana. Estaba en lo correcto. Sin la colaboración de quienes no votaron a favor del proyecto, el oficialismo no hubiera podido aprobarlo. Más tarde, el líder del FR, Sergio Massa, responsabilizó al PJ-FpV: "Si el kirchnerismo se quedaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno", sostuvo. Sin embargo, los números lo contradicen. El PJ-FpV tenía 57 diputados y necesitaba 66 para que los votos en contra fueran más que los votos positivos. Al Gobierno, finalmente, lo salvaron el FR, el bloque Justicialista, el Movimiento Evita y Progresistas, al garantizar el quórum. 


 Esas mismas bancadas habían colaborado para que Cambiemos logre abrir la sesión con lo justo y 45 minutos después del horario fijado para la sesión. Cuando se vencía el tiempo reglamentario, Felipe Solá se sentó y el tablero marcó 129. El industrial massista Ignacio De Mendiguren expuso el principal argumento del oficialismo para la reforma del sistema de ART: el aumento de la litigiosidad que derivó en un incremento de los seguros que las empresas pagan por sus empleados. Sin embargo, el diputado de extracción sindical Alberto Roberti, del bloque Justicialista, admitió que con la nueva ley "probablemente" no baje la litigiosidad. "Es un intento", se excusó. Para el ex ministro de Economía y diputado del PJ-FpV, Axel Kicillof, el proyecto es "un paso directo a la flexibilización laboral". Párrafo aparte merece el antagonismo entre Héctor Daer, triunviro de la CGT y diputado del Frente Renovador; y Facundo Moyano, del gremio de peajes (integrante de la CGT) y legislador del mismo bloque. El primero defendió la ley. Para el segundo, es inconstitucional. Coincidió con Facundo Margarita Stolbizer (Progresistas), que consideró que la ley "cercena severamente el derecho que tiene el trabajador" y también pronosticó que será declarada inconstitucional. El radical Luis Petri se quejó. "¡Nos meten el miedo de la inconstitucionalidad! Lo inmoral es que tengamos 120.000 juicios al año con una duración promedio de 3 años y no hagamos nada para mejorar la situación‘, apuntó.

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