Por Francisco Juegen/La Nación.- Meses de prolongadas discusiones y encendidos discursos. Un país casi paralizado y atravesado por ese debate entre funcionarios, empresarios, gobernadores y sindicatos. Finalmente, un acuerdo en el Congreso, al filo de fin de año. La Argentina llegaba así, casi deshauciada, a un consenso para actualizar el renombrado impuesto a los ingresos, hasta hace unos días, a las ganancias.
La clase media argentina, atorada por ese gravamen, viene pagando las cuentas de los mayores gastos que implementó la irresponsable política de los últimos años. Es un dato fáctico: durante 2016 se trabajaron 211 días sólo para pagar los impuestos al Estado. Pero esta discusión volvió a olvidar a muchas personas. De poco les sirve al ciudadano mayoritario, que recibe ingresos promedio de $ 11.200, o a la mitad de los ocupados que gana menos de $ 9000 al mes. Lejos quedó de lo que recibe un ciudadano dentro de un hogar en el decil más bajo de la pirámide social: apenas $ 1350.
Ese "puchito" arrojó a esa persona al hambre en un país rico, donde los que más tienen se quedan con el 31,5% de toda la torta de ingresos. A no olvidarse: un tercio de los argentinos son pobres. La mitad de los niños viven cotidianamente ese flagelo sin una salida a la vista.
En la Argentina, una inflación de casi el 40% anual, enormes cargas sociales y los impuestos distorsivos (ingresos brutos, impuesto al cheque, tasas municipales) que frenan la actividad privada y la generación de empleo siguen siendo la base en la que se solventan gastos que no vuelven en mejores servicios para la sociedad. Esto, a su vez, genera una nueva carga. La seguridad privada es el ejemplo más palpable que ya pagan todos: pymes, escuelas, clubes y barrios.
La Argentina es un país regresivo en el que los pobres y la clase media financian todo. Dinamarca, Canadá y Australia -este último, una guía de posible transformación para el actual gobierno- financian sus estados con el impuesto a las Ganancias. Esto parece imposible para un Estado como el argentino, que debe sostener, según datos privados, a un 40,3% de la población total.
El Plan Productivo, la Biblia oficial, pronostica un país competitivo (recortando costo nacional), pero de salarios medios-altos. Una ardua tarea en un mar de déficit fiscal. La batalla final será crear empleo de calidad. Tal vez sea posible allí dar la pelea por un sueldo digno y no por las ganancias.
