Por Héctor M. Guyot/La Nación.- Que no se hicieron las audiencias. Que hay que aumentar pero no de manera salvaje. Que estamos ante el regreso del neoliberalismo. Que los que menos tienen no pueden subsidiar la energía de los que más tienen. Que una cosa es el precio en boca de pozo y otra la distribución...
Con mayor o menor razonabilidad, las distintas voces -incluso la definitiva, la de la Corte- se fueron sumando hasta convertir la suba de tarifas en un laberinto del que será difícil salir. Sin duda, desactivar la bomba que dejó el kirchnerismo es un desafío técnico y político enorme para el Gobierno, pero también supone una responsabilidad para la oposición y para el conjunto de la sociedad. Quien más, quien menos, a la bomba la hemos armado entre todos. Hay que desactivarla, eso no se discute. No hay acuerdo en el método. Sin embargo, más allá de tanto discurso, más allá de las chicanas hipócritas y oportunistas, el problema de fondo parece reducirse a una cuestión más elemental: nadie quiere poner la plata. Es decir, pagar parte del costo del desaguisado.
Al contrario, aquí todos van por más.
