Por Lic. Benito Carlos Aramayo/Economía/SURsuelo.- La decisión del gobernador de Córdoba de imponer un adicional al precio de los combustibles ha motivado un cruce de imputaciones con el gobierno nacional respecto de los recursos de coparticipación y la legitimidad de la medida.
El gobierno a través del ministro de Economía, el tan poco conocido Hernán Lorenzino y de su vice Axel Kicillof, de mayor protagonismo, salió al cruce de la ley N° 10.081 de José Manuel de la Sota y solicitó a la Justicia que la declarara inconstitucional ya que impone un adicional al precio de los combustibles.
