Por Fabricio Navone/La Política Online.-
El senador Armando Traferri que quedó en el medio de la tormenta al ser señalado como uno de los organizadores de la red de juego clandestino, acusó en una conferencia de prensa al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de haber orquestado una operación en su contra pero los fiscales que entienden en la causa aseguran que tienen pruebas contundentes para forzar el desafuero y este martes harán el pedido formal en la Cámara de Senadores.Sin embargo, según pudo saber LPO, la estrategia de la presidenta de la Cámara Alta, Alejandra Rodenas, será la de tratar de dilatar la discusión por el desafuero al límite, dejando pasar enero y febrero para retomar las tratativas en marzo con la esperanza de que la espuma baje, los ánimos se aquieten y se pueda lograr un acuerdo menos perjudicial para Traferri, jefe político del espacio al cual responde.
El problema es que la idea de Rodenas choca de frente con los anhelos del gobernador: "quiere que esto se resuelva lo más rápido posible e independientemente de los partidos, vamos a marcar una línea divisoria entre los buenos y los malos en esta provincia", afirmó una fuente del gobierno a LPO.
En el Ministerio Público de la Acusación aseguran que cuentan con un caudal de información de tal magnitud que sería muy difícil que Traferri pueda eludir el desafuero y con grandes chances de ir preso. Según el senador, los contactos ocasionales que tuvo con Leonardo Peiti, el zar del juego clandestino, fue por un proyecto de ley para legalizar la red pero según las pruebas en los distintos dispositivos que se recolectaron en los allanamientos relacionados a la causa indicarían otro tipo de vínculos.
El senador Traferri (derecha) y su abogado en su última declaración en los tribunales en la causa del juego clandestino.
En consecuencia, la situación en la cual quedó atrapada la vicegobernadora Rodenas es por demás de delicada. Traferri confía en que le dé una mano y durante la conferencia de prensa de este lunes no perdió oportunidad para recordarle su pertenencia a Nuevo Espacio Santafesino mientras que Perotti reclama celeridad.
Es que tal como adelantó LPO, la relación entre el gobernador y su vice se tensó al punto que prácticamente no hay diálogo pero ambos saben que aún está pendiente cambios a niveles ministeriales. En las próximas semanas se deberá designar en Gobierno al reemplazo de Borgonovo, quien fue propuesto por Rodenas y renunció luego de enterarse que era uno de los candidatos a ser eyectados. En el oficialismo están convencidos que la dimisión sorpresiva fue ordenada por el mismo Pipi Traferri para evitar un daño mayor en su carrera política con una tarjeta roja.
Además, hay otras dos carteras donde los Senadores tienen el control: una es la de Desarrollo Social, que la conduce el ex legislador Danilo Capitani y acompañó a María Eugenia Bielsa en la interna contra Perotti y la otra Cultura que está a cargo del marido de Rodenas, Jorge Llonch. La continuidad de estos dos funcionarios dependerá del compromiso con el Mani Pulite que impulsa Perotti.
El ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch (derecha) junto al titular de la cátedra del Agua Anibal Faccendini
Por ahora, el poroteo en la Cámara Alta está complicado para aprobar el desafuero ya que se deberán contar con los 13 votos que requiere la mayoría especial. Este lunes, se concretó la fractura del bloque peronista que presidía Traferri en tres: el del Pipi que retuvo cinco bancas, el que responde a Perotti y que bautizaron con el nombre "Lealtad" de cuatro legisladores y otro con dos integrantes que también decidieron tomar distancia de Traferri pero hicieron rancho aparte.
[Juego clandestino: los senadores peronistas toman distancia de Traferri y la vicegobernadora Rodenas]
Suponiendo que los 7 legisladores oficialistas acompañen el desafuero se necesitará del acompañamiento de otros seis que deberían aportar entre el radicalismo que tiene 5 senadores o del Frente Progresista con dos. Como sea, el gobernador confía en la contundencia de las pruebas que los fiscales aseguran tener.
No obstante, como el Mani Pulite santafesino no tiene límites partidarios, sostienen en el entorno del gobernador, sospechan que el hilo de veneno que unió a capos mafia del juego clandestino con ex fiscales, policías y políticos se extienda a dirigentes del Frente Progresista.
Las declaraciones judiciales del líder narco preso, Andrés Actis Caporale, sindicando a la Policía de Santa Fe como el "ente regulador del tráfico de drogas" y a Alejandro Druetta, uno de los jefes de la institución con más llegada al ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, como el jefe de todo eso, prendió las alarmas en el Frente Progresista aunque desde el entorno del radical afirman que el vínculo con Druetta o con Daniel Corbellini, mencionado por Ponce Asahad en el testimonio que detonó el escándalo, fue distante y en el plano operativo.
"Esto recién empieza y los alcances finales nadie los conoce", afirmó una fuente de gobernación a LPO. Por lo pronto, Perotti ya se puso en contacto con los radicales Jorge Boasso y Eugenio Malaponte y con el concejal del PRO, Roy López Molina. Los tres hicieron denuncias que implicaron al socialismo con el narcotráfico.
Boasso había denunciado, en 2016, a un grupo de senadores por el manejo irregular de los millonarios subsidios con los que disponen los legisladores de la Cámara Alta a través del Fondo de Fortalecimiento Institucional. La causa también salpicaba a Traferri y había sido archivada por el entonces jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, hoy preso junto a Ponce Asahad por integrar la red del juego clandestino.
Por su parte, Roy López Molina sacó a relucir las licencias de taxis que se entregaron durante la gestión del Frente Progresista en Rosario a reconocidos cabecillas narcos y la habilitación del mega boliche Esperanto que montaron Los Monos en pleno centro de la ciudad. En el mismo sentido, Malaponte señaló el rol recaudador de la policía durante los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz.
