:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/L3M47WFFQBFQ5CCRWHHBJFO2PA.jpg)
la firma del Pacto Fiscal en la Casa Rosada
Los vínculos que Alberto intenta mantener a veces son sapos difíciles de tragar tanto para el oficialismo como para la oposición. No hace falta remontarse demasiado en el tiempo para recordar la imagen de Alberto Fernández y buena parte de su gabinete –incluso la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Milagro Sala– en la provincia de Jujuy. Hacia allí viajaron para que el Presidente argentino acompañara en el cruce de la frontera a Evo Morales en su retorno a Bolivia.
De Milagro Sala no se habló.
Radicales. Desde que asumió su presidencia, hay dos nombres que Alberto Fernández ha nombrado más veces que el de Juan Domingo Perón: Mauricio Macri y Raúl Alfonsín. Al primero para pegarle, obvio, luego de unos meses iniciales en los que habían conversado por teléfono en más de una ocasión. Y al segundo para generar algún tipo de empatía en el electorado radical. Después de todo, Fernández ingresó a la función pública en el ministerio de Economía en tiempos de Juan Vital Sourrouille luego de pasar por el partido de Alberto Asseff. Pero volvamos al 2020.
Gerardo Morales, histórico bastión del radicalismo en la Cámara de Diputados durante las gestiones de Cristina Fernández, gobierna la provincia de Jujuy desde diciembre de 2015 y fue denunciado hasta el hartazgo por el kirchnerismo con acusaciones que van desde la digitación de los fallos judiciales contra Sala hasta, directamente, la violación de los derechos humanos por privación ilegítima de la libertad. Pero el viernes Morales estuvo en la foto con Alberto en la Quinta de Olivos, luego de firmar un pacto fiscal y de darle la espalda a Horacio Rodríguez Larreta.
Un caso semi análogo ocurrió con el gobernador mendocino Rodolfo Suárez, quien también formó parte de la foto en la que solo faltó el Jefe de Gobierno porteño, pero que por lo menos no tiene en sus cárceles ningún detenido de los que el kirchnerismo llama presos políticos.
Mendoza debe tener un gusto especial para el paladar kirchnerista, dado que dos de las figuras radicales más prominentes de la provincia tuvieron tan buena relación con Alberto Fernández en sus años de Jefe de Gabinete que tejieron lo que el kirchnerismo llamó “la transversalidad” y que en el día a día se conoció como el “radicalismo K”. Del lado de la UCR, el armador fue Alfredo Cornejo, del otro lado estuvo el propio Alberto y la fórmula terminó siendo Cristina, Cobos y vos.
Hoy a Cornejo le mencionan a Cristina y siente un rechazo similar al que siente Cristina si le mencionan a Julio Cobos. Bueno, puede que no tanto, pero se entiende. Así y todo, Alberto Fernández buscó acercarse nuevamente al radical más verborrágico de Juntos por el Cambio y para dicha tarea encomendó a Julio Vitobello. Vitobello lo llamó a Cobos para que mediara con Cornejo y se llegó a una conversación telefónica entre el ex gobernador mendocino –Cornejo– y el Presidente. Pero fue antes de la quita de la coparticipación a la Ciudad. Hoy la relación entre ambos cotiza en grados bajo cero.
Hablando de radicales, rosca y primer gobierno de Cristina, Alberto Fernández le encomendó al diputado Eduardo Valdés que se pusiera en contacto con Enrique Nosiglia –sí, el eterno y nunca jubilado Coti– para que tendiera algún puente con Martín Lousteau. El senador por la ciudad de Buenos Aires que oficiara como primer ministro de Economía de Cristina y saliera eyectado tras el conflicto con el sector agropecuario se reunió con su ex Jefe de Gabinete en Olivos. “Siempre que me llama un Presidente, voy”, dijo el economista sobre la reunión mantenida a fines de agosto, ocasión en la que aprovechó para pedirle que postergara la reforma judicial. No funcionó. Una semana después estallaba el conflicto salarial de la Policía Bonaerense y la posterior quita de coparticipación a la Ciudad.
Ya que hablamos de fotos que dicen mucho, mientras la billetera de la Nación conseguía que hasta los gobernadores radicales se posaran con Alberto Fernández, el también radical Martín Lousteau estaba en la primera fila a la derecha de Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa de esta semana, donde el Jefe de Gobierno realizó su grito de guerra contra la gestión nacional.
Peronistas de antes. Alberto, Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Cristian Ritondo y Diego Santilli –entre varios más– se conocen desde comienzos de la década de 1990. Desde que la pandemia del Covid-19 llegó al país Alberto se presentó en público flanqueado por el Jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El motivo práctico era que comandaban los distritos con mayor nivel de contagio, pero nunca vimos sentado en la mesa a Jorge Capitanich, que también tenía las estadísticas por las nubes.
El motivo político era el mensaje de “unidad de los argentinos más allá de las diferencias ideológicas”. Y la verdad es que Alberto Fernández tiene más afinidad ideológica con Rodríguez Larreta que con Axel Kicillof, quien nunca jamás estuvo siquiera afiliado al Partido Justicialista. Sigue sin estarlo para el horror de los militantes que no quieren enterarse.
A principios de año, cuando la pandemia parecía algo lejano, Cristina Fernández utilizaba su cuenta de Twitter para criticar el presupuesto porteño frente al del partido de La Matanza, lo cual era una picardía difícil de sostener: el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires debe ser comparado con el de otras provincias y el de La Matanza con el de otros partidos bonaerenses. Pero quienes conocen un poco a la expresidenta ya podían ver hacia donde apuntaba.
En septiembre Alberto Fernández accedió a quitarle puntos de coparticipación a la Ciudad con la excusa de pagarle el aumento a la policía de una provincia que luego no tuvo problemas para aumentar los salarios de todos los demás sectores estatales. Para poner paños fríos –y como si quisiera mostrar que solo era el ejecutor de algo con lo que no estaba de acuerdo o no le quedaba otra opción cuando sí las había– le escribió un Whatsapp a Rodríguez Larreta dando a entender que “luego lo solucionarían”.
Al mes, Alberto le encomendó a Sergio Massa que tendiera puentes nuevamente con el Jefe de Gobierno. No podía hacerlo en persona, dado que el último Whatsapp tuvo por respuesta una doble tilde azul. Ante la clavada del visto, Massa se dio a la imposible tarea de recomponer el diálogo mientras Alberto Fernández hacía lo propio a través del vicejefe porteño Diego Santilli y sumaba a un tercer interlocutor: Eduardo De Pedro hablaba directamente con Rodríguez Larreta. El tuit de Wado pidiéndole a Larreta que deje de reprimir en el velorio de Maradona –cuando podría haber levantado el teléfono– y la movida llevada a cabo por Máximo Kirchner en la cámara de diputados para quitarle por ley aún más coparticipación a la Ciudad, dejó la reconstrucción del puente entre Alberto Fernández y Larreta en manos de la Corte Suprema.
La Justicia. Este miércoles Infobae adelantó en exclusiva que la Corte Suprema ratificaba la condena al ex vicepresidente Amado Boudou. El jueves fue confirmado y se desató el vendaval dentro del Frente de Todos.
El máximo tribunal se amparó en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial que dice que la Corte “según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
Las respuestas no se hicieron esperar. Andrés Larroque dijo “Siempre con Amado” y luego se quejó de los casos de lawfare al asegurar que “son cuestiones de fondo que no se modificaron el 10 de diciembre”. El politólogo Santiago Cafiero utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que “Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados”, a la vez que aseguró que “la Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades” Por si fuera poco, el Jefe de Gabinete de la Nación agregó: “Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar”.
Todo en la misma bolsa. Amado Boudou ya había dado declaraciones. Primero dijo que se podía ver venir “con el resultado de la comisión de juristas”, a que calificó de “muy lavado” y que “no toca los temas centrales del lawfare”. Luego de mencionar el falló de Casación en la causa de los cuadernos, dijo que “se van encadenando las acciones por falta de acción del otro lado” y que hay “un déficit de concepción y de gestión” en ese sentido. Muy entrelíneas, se le ¿escapó? una queja hacia dentro, cuando luego de disparar contra el macrismo y hablar del Lawfare, dijo que el se aguanta lo que se tenga que aguantar “pero debería ser una tarea más colectiva que individual”. Ya con el fallo a cuestas, en la mañana del viernes Boudou dio declaraciones radiales en las que dijo que no le sorprendía el resultado porque “el presidente de la Corte ha sido empleado de las grandes corporaciones” y pidió que “se anulen todas las causas del lawfare”.
Eduardo Valdés también se quejó de que la Corte no haya dado ningún argumento y habló de lawfare. Axel Kicillof habló de lawfare. Todos hablaron de lawfare. Incluso el senador Oscar Parrilli dijo que “este sector del Poder Judicial está en una suerte de asociación escandalosa con el macrismo” y reclamó que se apure “la modificación de la estructura de la Justicia Federal, la reforma del Ministerio Público Fiscal y la implementación del nuevo código de procedimientos, entre otras medidas”. Ninguna de ellas incluye a la Corte que el senador acusa de macrista.
Hacia el mismo ángulo apuntó Hugo Yasky, titular de una de las ramas de la CTA –la más cristinista– cuando aseveró que “el fallo es aberrante desde el punto de vista jurídico, pero demuestra que el gobierno de los ricos y para los ricos dejó el huevo de la serpiente”.
La pregunta sería cuál es ese huevo o dónde está Corte macrista, si la actual composición de la Corte es de cinco miembros de los cuales tres –la mayoría– fueron propuestos por Néstor Kirchner en 2004: Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Los otros dos restantes son el solitario presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
Y por si faltaba algún detalle, vale aclararlo: la media carilla que rechaza el planteo de queja de Amado Boudou lleva la firma de los cinco jueces.
Quien selló sus labios fue Alberto Fernández, uno de los más acérrimos críticos de Amado Boudou cuando el ahora Presidente integraba el Frente Renovador. Tampoco hizo nada para frenar los comentarios del Frente, siquiera de Santiago Cafiero. ¿Le suma al Presidente defender lo que hostigó hasta hace media hora, incluso con chistes en Twitter? ¿Le suma que se genere un aparente clima de insatisfacción popular hacia la Corte cuando la misma tiene que decidir sobre la constitucionalidad de la poda a los fondos coparticipables de la Ciudad? ¿Le suma mantener el silencio y que el resto de la tropa banque los trapos para contener al núcleo duro de Cristina, para no quedar como que le soltó la mano a un Boudou al que nunca se la dio?
Y es que en medio de este contexto, el Presidente intenta volver a tender puentes con la Corte Suprema, donde comenzó por limar las asperezas que arrastraba desde hacía quince años con Rosatti. Recordemos que el actual juez supremo se fue del gobierno de Néstor Kirchner promediando el mandato y no, precisamente, en buenos términos. Incluso en 2016, cuando juró como ministro de la Corte, dio a entender que los motivos que llevaron a su renuncia tuvieron que ver con una licitación en la que “no cerraban los precios”. Los años han pasado tan rápido que hoy el Jefe de Gabinete del gobierno que integraba Rosatti es el titular del Poder Ejecutivo y el propio Rosatti integra la cúpula del Poder Judicial.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales tampoco están de parabienes con el trato que han recibido de parte del Poder Legislativo desde el 10 de diciembre: nadie los consultó sobre la reforma judicial ni por los cambios a la Procuración; nadie les hizo una señal de humo para saber qué opinan sobre cuestiones que luego tendrán que administrar.
Sin embargo, son tantas las intenciones de Fernández de mantener un trato fluido con la Corte que hasta intenta tener una línea de comunicación con Ricardo Lorenzetti, el histórico presidente de la Corte entre 2007 y 2018 a quien algunos ya ven con buenos ojos para volver a comandar los destinos de un tribunal en el que casi no hubo consensos plenos desde entonces. Salvo excepcionalmente. Como ocurrió con Boudou. Como podría llegar a ocurrir con la coparticipación. Como podría llegar a ocurrir con la reforma judicial. Como podría llegar a ocurrir con la modificación del Ministerio Público.
En ese sentido es difícil de creer que Lorenzetti podría manejar la Corte de otra forma, si ha firmado el mismo despacho que todos sus compañeros. De hecho, fue el propio Lorenzetti el que frenó el último intento del kirchnerismo para “democratizar” al Poder Judicial en 2013, cuando Alberto Fernández no sólo aseguraba que Cristina buscaba “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”, sino que pedía “a la gente que se movilice con razón, porque ahora están en juego sus derechos personales”.
Cristina podría dar para otro subtítulo de puentes de Alberto Fernández, pero se resume en una sencilla imagen: apenas se cruzaron en la Rosada durante el velorio de Maradona.
Hoy las agendas van por sendas paralelas que cada tanto se cruzan en algún punto en común. Mientras, Alberto Fernández hace sus intentos para crear nuevos lazos sin que los rompa Cristina. O él mismo.
