Por Luis Gasulla/Para La Nación.-
A comienzos de julio de este año, Marcelo Longobardi conmocionó a los televidentes de un canal de noticias al afirmar que era inminente la detención de un periodista en la Argentina. Los medios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner fogoneaban la detención de Luis Majul, bautizado "Pirincho". La expresidenta se había presentado en el juzgado federal Nº2 de Lomas de Zamora, en aquel entonces a cargo de Federico Villena, para observar las pruebas que demostrarían el espionaje ilegal contra ella, realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Villena terminó eyectado de la causa y Pirincho no era Majul. Pero no importaba. El ametrallamiento mediático contra el periodista de investigación ya había sido consumado. Es el término que utilizó, días atrás, el presidente Alberto Fernández, para sintetizar la manera en la que él cree que lo tratan los medios de comunicación.
Mientras periodistas militantes piden la detención de periodistas que investigaron la corrupción kirchnerista, Daniel Santoro continúa procesado por la pantanosa investigación del juez Alejo Ramos Padilla. En Dolores, el magistrado sostiene que existió una asociación ilícita conformada por el detenido supuesto abogado Marcelo D´Alessio, el fiscal de los Cuadernos -Carlos Stornelli-, exintegrantes de la Policía bonaerense como Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y dirigentes políticos de Cambiemos, para extorsionar a sus víctimas, que van desde un "chacarero" de cambiante apellido a despachantes de aduana investigados por la mafia de los contenedores pasando por empresarios que hicieron negociados durante "la década ganada". No importa que los integrantes de "la banda" no tengan relación entre sí. Para el aparato propagandístico del Ministerio de la Venganza los "ilícitos" ya están probados.
Los que repudian las prisiones preventivas, celebraron que Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, pasase una noche en una cárcel cordobesa.
A principios de este mes, el abogado mediático de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, lo denunció por el delito de "amenazas e incitación al odio y la violencia". La justicia actuó de forma express. Al influencer le allanaron su domicilio buscando vaya a saber qué cosa. El juez federal Nº2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, lo detuvo por "resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia". En el entorno del periodista negaron que no hubiese acatado las órdenes policiales. Luis D´elia o Hebe de Bonafini no se cansan de enviar mensajes amenazantes a Macri, sus votantes, la oligarquía, los medios hegemónicos y la mar en coche. En esos casos, la justicia no corre como en el caso del Presto. Pero no es la única causa judicial que acecha al influencer.
Juan Pablo Fioribello es uno de los abogados más caros y buscados del país. Hoy asesora legalmente al presidente Alberto Fernández y a la primera dama, Fabiola Yáñez. Consultado por este medio, el exdirector general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y exjefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano en el gobierno de la ciudad, evita hablar del tema. Estuvo detrás de la denuncia contra el director de la Agencia Nova, Mario Casalongue, por notas supuestamente ofensivas contra Yáñez. Fioribello y su socio, Mariano Lizardo, representaron figuras del ambiente del espectáculo. Sus servicios son millonarios. ¿Quién paga sus honorarios?
El Juzgado en lo penal y contravencional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó a El Presto bajar de su canal de Youtube un video sobre la primera dama, Fabiola Yáñez. El presidente Fernández decidió ir directamente contra el influencer y todo aquel periodista que se meta con su mujer. Tiene detrás a uno de los más duros abogados penalistas del ambiente.
El video en cuestión tuvo medio millón de visitas en ocho semanas. En el ambiente judicial no hablan de presiones políticas pero sí admiten que el Presidente estaba muy comprometido con el desenlace de la historia. No más palabras.
Al menos en la relación con los periodistas, los Fernández no son tan distintos. Antes de llegar al poder, Cristina Kirchner se mostraba amable con la prensa, al igual que Alberto Fernández, cuando abandonó Casa Rosada tras el conflicto con el campo.
Pero el memorioso lector recordará los años en que, los dos Fernández acompañaban a Néstor Kirchner, conformando el pequeño círculo en el que se definían los destinos del país. Durante sus años como jefe de Gabinete, Alberto Fernández fue un mediador con la prensa. Uno de los episodios más recordados fue cuando Jorge Lanata, a pesar de tener contrato vigente con América TV, fue anoticiado que su programa periodístico no podría continuar si no resolvía ciertas cuestiones en Casa Rosada. En mayo del 2004, el creador de Página 12 visitó al jefe de Gabinete para averiguar qué estaba pasando. Hacía un año que Néstor Kirchner había asumido la presidencia de la Nación con el 22% de los votos y estaban por prohibir de la televisión a uno de los periodistas más importantes del país. Alberto Fernández deslindó responsabilidades y se comunicó, con Lanata presente, con las autoridades de América TV. Edi Zunino recuerda en su libro Patria o Medios que el fallecido Carlos Ávila, en ese momento, propietario del 40% del canal, lo atendió sin comprender cómo el jefe de ministros le decía lo contrario a lo que le habían pedido. Lanata estuvo fuera de la televisión por cinco años y, recién en 2012 regresó a un canal de aire. Alberto trató de calmar al creador de "Día D" ofreciéndole un espacio en Canal 7 cuya figura periodística era un crítico Víctor Hugo Morales y lo dirigía Rosario Lufrano.
Dieciséis años después, hechos similares dejarían fuera de la televisión a otros destacados periodistas de la televisión de aire, como el mencionado Luis Majul.
Para los Fernández, el periodismo debe incomodar al poder, siempre y cuando no sea a ellos.
Autor de "Erase una vez en Argentina"
