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| Cristina Kirchner Crédito: Alfredo Sabat. |
Por Joaquín Morales Solá/La Nación.-
Carlos Melconian, el único economista que es un amigo histórico de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, dijo ayer que la decisión de la empresa Falabella de irse del país es un "punto de inflexión" que debería llevar a la dirigencia política a repensar el país. "No hay inversión ni para lo que se deprecia. Es la prueba de la destrucción sistemática del capital y el trabajo", argumentó. En ese contexto, en el que no hay certezas económicas ni seguridad jurídica (y cuando importantes empresas extranjeras se van del país), la Corte Suprema de Justicia debió aclarar, con un estilo más elíptico que claro, lo que es obvio: como máximo tribunal del país, se abocará a establecer si es constitucional o no la remoción de jueces que juzgaron a la actual vicepresidenta. Dicho de otro modo, reivindicó su papel de intérprete final de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado.
Seguramente la redacción implícita y sucinta (y también oscura) del documento de la Corte se deba más que nada a la necesidad del consenso interno dentro del tribunal. La Corte espera ahora que se pronuncie la instancia inmediatamente inferior, la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de la que se espera una posición cercana al Gobierno), para tomar el asunto y proteger o desproteger a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que juzgaron y procesaron a Cristina Kirchner.
Aunque para la Corte ningún acto de gravedad institucional es irreparable, porque debe pasar antes por la aprobación o la desaprobación de ese tribunal, lo cierto es que existe el precedente del exprocurador de Santa Cruz Eduardo Sosa. Sosa fue despedido de su cargo por los Kirchner y la Corte Suprema insistió varias veces en que debían reponerlo en el cargo. Desobedecieron siempre a la más alta instancia judicial del país y Sosa terminó jubilándose sin haber vuelto a su cargo. Los protagonistas de aquel atropello institucional son lo mismo de ahora: los Kirchner y Carlos Zannini, entonces presidente de la Corte de Santa Cruz y ahora procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Gobierno).
Mientras la Corte Suprema va por un camino judicial extrañamente sereno, exageradamente respetuoso de las instancias inferiores, Cristina Kirchner no espera ni frena. Avanza. La reunión del Senado convocada para hoy es una reliquia de la arbitrariedad. El primer punto del orden del día lo dice todo: aprobar la continuidad de las sesiones virtuales, a distancia, por otros 30 días. Nadie habló nunca con la oposición. Ni ella, como presidenta del cuerpo, ni el bloque de senadores oficialistas que le responden como si fueran feligreses de una religión sin orden moral. Los períodos anteriores de sesiones por videoconferencia habían sido conversados, al menos, entre la oposición y el presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans. Esta vez, el bloque de senadores cristinista no habló con nadie. Ellos tienen mayoría para aprobar cualquier cosa. La oposición deberá soportar su condición de minoría. La victoria da derechos.
El segundo asunto es, con todo, el más grave desde el punto de vista institucional. Es la aprobación o el rechazo de los acuerdos de tres jueces: Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Bruglia y Bertuzzi juzgaron a Cristina; Castelli es juez de un tribunal oral que juzgará en cuatro juicios a la expresidenta. El más importante es el de la causa de los cuadernos de las coimas. La venganza prevalece con Bruglia y Bertuzzi, aunque estos todavía tienen que juzgar aspectos menores de causas que involucran a Cristina; con Castelli sobresale, en cambio, el objetivo de buscar la impunidad.
Los traslados de esos jueces a sus lugares actuales fueron propuestos en su momento por el Consejo de la Magistratura, con su composición de entonces, y concretados por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.
Dos acordadas de la Corte Suprema (la 4 y la 7) establecieron que los traslados son posibles, legales y legítimos cuando se trata del mismo fuero y en la misma jurisdicción. En tales casos, no se necesita un nuevo acuerdo del Senado para los jueces que son trasladados. Ahora, una nueva composición política del Consejo de la Magistratura (¿no era que la política no iba a influir nunca más en la Justicia?) decidió que esos jueces, cruciales para Cristina, deben tener un acuerdo nuevo del Senado, del que ella es la dueña. Tan cruciales son que el Consejo mandó los pliegos de diez jueces, pero Cristina puso en el orden del día solo a los tres que la molestaron, la molestan o la molestarán. Esa es la verdadera reforma judicial. La otra, la que se debate en la Cámara de Diputados, es solo un despilfarro de dinero que no hay para cubrir las apariencias.
A último momento, Cristina advirtió que estaba a un paso del ridículo con una denuncia sobre el procurador general (jefe de los fiscales), Eduardo Casal. Se había propuesto la semana pasada que en la reunión de hoy se tratara una denuncia sobre Casal porque este no les había tomado juramento a los nuevos miembros del jurado de enjuiciamiento de fiscales. Todos sabían que Casal había convocado a un acto protocolar para el viernes pasado en el que les tomaría juramento a esos nuevos jueces de los fiscales. Casal tomó el juramento necesario. El objetivo de la presión estaba consumado. Cristina sacó el proyecto de denuncia judicial a Casal del orden del día. Increíble: sus senadores habían anticipado que votarían para aprobar la denuncia contra Casal porque no había hecho lo que ya había hecho.
El tribunal de juzgamiento del procurador general fue modificado. Algunos miembros fueron desplazadas y otros fueron incorporados. En síntesis, ahora hay más devotos de la expresidenta y de Justicia Legítima en ese tribunal que antes. Pero la pregunta es si corresponde juzgar a Casal en ese tribunal. Este sirve para juzgar la gestión de los fiscales, no del procurador general, que debe ser sometido a un juicio político en el Congreso y que necesita para su destitución del voto de los dos tercios de las dos Cámaras. Casal es un fiscal de carrera, que cumplió cabalmente con su función durante casi 50 años en los tribunales y que está en el cargo actual porque se jubiló Alejandra Gils Carbó. Casal era el fiscal que seguía a la exprocuradora en jerarquía por antigüedad; de hecho, reemplazó varias veces a Gils Carbó cuando esta se tomaba vacaciones.
Cristina Kirchner no puede desplazar a Casal con las buenas formas porque el candidato a reemplazar definitivamente a Gils Carbó, el juez Daniel Rafecas, no consigue el necesario voto de la oposición en el Senado para alcanzar los dos tercios necesarios. El problema no es Rafecas, sino Cristina. ¿Cómo pedirle los votos a la oposición después de que la vicepresidenta la maltrata como la maltrata todos los días? Como no puede desplazar a Casal por el buen camino, decidió cambiar el tribunal que juzga a los fiscales. Pero Casal no es ahora un fiscal más. Es el procurador. No importa. Para algunas cosas lo tratan como procurador general. Para otras, como un simple fiscal. Todo vale.
¿Por qué será que el cristinismo tuvo siempre problemas con los procuradores generales, es decir, con los jefes de los fiscales? Lo tuvieron con Sosa en Santa Cruz; lo tuvieron aquí con Esteban Righi, un respetado docente de la Facultad de Derecho al que eyectaron del cargo, y lo tienen ahora con Casal.
El jefe de los fiscales es el que decide, por acción o por omisión, qué causas se investigarán. Es también el que supervisa la gestión de los fiscales. No por nada la principal acusación que le hacen a Casal es no haber sido demasiado severo con el fiscal Carlos Stornelli, quien investigó la causa de los cuadernos y recogió los primeros testimonios de los arrepentidos que contaron cómo y cuándo debían pagar y cobrar coimas durante el gobierno de los Kirchner. Stornelli fue sometido a una causa armada en su contra en Dolores por vicarios cristinistas. La famosa "operación Puf", como la llamó el ahora influyente diputado Eduardo Valdés. Casal le instruyó un sumario a Stornelli porque no se presentó ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y le aplicó como sanción un apercibimiento. Cristina quería la destitución de Stornelli. Casal está pagando su independencia.
La propia Corte Suprema está en el aire a partir de la creación de una comisión que analizará si es conveniente ampliarla. La Justicia está en el aire. La situación es institucionalmente grave y tiene consecuencias en la maltrecha economía. La inversión indispensable necesita de programas económicos, pero también de seguridad jurídica. Volvamos a Melconian: "En ningún otro país hubo un éxodo de empresas como aquí y todos padecieron la pandemia. Nos caímos al vacío sin ser Venezuela. Solo con una lluvia interminable de malos mensajes". Varios de esos mensajes saldrán esta semana del Senado, el nuevo señorío de Cristina Kirchner.
