Por Guillermo Cherashny/El Informador Público.-
Cuando Cristina decidió nominar como candidato a presidente a Alberto Fernández, se reservó para ella un poder que sería novedoso en la historia constitucional argentina, al anunciar en un video que ella sería la candidata a vice. La resistencia en los mercados de una vuelta de ella al poder quizás fue la causa de esa movida política donde nadie pensó que se dedicaría a jugar con sus nietos pero estaba claro que al ser la líder política del kirchnerismo o cristinismo no sería una vicepresidenta decorativa. Nuestro régimen constitucional deriva del americano y en el país del norte los vices siempre fueron figuras opacas, salvo el caso de George Bush, que después se convirtió en presidente de los Estados Unidos, pero antes, como vice, no tuvo participación en las decisiones del presidente Reagan. En cambio, en el año 2000, cuando George Bush h. asumió la presidencia, llevó como vice a Richard Cheney, quien fuera Secretario de Defensa de su padre. Pero Cheney, basado en una teoría de Antonin Scalia, un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos que sostenía la tesis de “ejecutivo unitario”, interpretó que el vice tenía el mismo poder que el presidente y así fue que desde enero de 2000 a fines del 2008 fue el vicepresidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos y en casi todas las decisiones de Bush el que las tomó fue Dick Cheney, como la invasión a Irak y el nombramiento de las principales figuras del gabinete, en tanto los nombrados por George Bush carecían de poder real.
Si analizamos la Argentina de hoy, se encuentran muchas similitudes con la relación Bush-Cheney pero en realidad hay una sola coincidencia y es en la agenda judicial, donde la vicepresidente tiene su propia idea, que discrepa con la del presidente. En efecto, mientras Alberto propone -como Gustavo Beliz en 2004- fusionar juzgados federales para licuar el poder de Comodoro Py, la vice quiere pocos jueces, como hoy tiene comodoro Py, pero separando a quienes la juzgaron injustamente.
Estos distintos criterios alumbraron una reforma judicial que contempla estas diferencias y de ahí que saliera un proyecto contradictorio que se contrapone con el sistema acusatorio, donde tienen un papel fundamental los fiscales y así se expresaron varios juristas. Al mismo tiempo, el gobierno quiere designar con razón un nuevo procurador general pero no tiene los 2/3 del senado para lograrlo y, por si esto fuera poco, quiere ampliar los miembros de la Corte Suprema. Y al proponer los tres objetivos simultáneamente, la respuesta de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio fue negarse a debatir y también los diputados de Roberto Lavagna y los cuatro cordobeses de Juan Schiaretti adoptaron la misma posición, por lo cual la reforma judicial está muy lejos de aprobarse.
