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| Jenny Durán, Mariela Belsky y Victoria Donda. |
Por Guadalupe Rivero/Ámbito.-
La iniciativa contempla cláusulas y tipificaciones que recibieron fuertes críticas. Jenny Durán, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina; y la diputada Victoria Donda se manifestaron en contra del proyecto.
El Gobierno envió al Senado de la Nación el proyecto de ley destinado a aprobar un nuevo Código Penal, que será girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa desató una ola de críticas por parte de quienes trabajaron por la despenalización del aborto, ya que aseguran es un retroceso tanto respecto a derechos de la mujer como en cuanto al debate que se logró en las Cámaras de diputados y senadores el año pasado.
Uno de los puntos más polémicos del texto es el que deja a criterio de cada juez la posibilidad de penalizar o no con uno a tres años de prisión a las mujeres que interrumpan el embarazo. Se trata de una cláusula de excepción que asegura: "El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad". Por otra parte, se incorporan la figura del “aborto imprudente” y “las lesiones ocasionadas a la persona por nacer”.
Jenny Durán, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y referente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, adelantó a ámbito.com que desde la campaña ya preparan un documento para manifestar su rechazo al proyecto realizado por la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación.
“Pensamos que este Código Penal no recibió ningún tipo de aprendizaje de lo que se debatió en 2018, no sólo porque los jueces decidan sobre el destino de las mujeres o penalizarlas o no; sino porque el debate del año pasado superó todo lo que tiene que ver con el fallo FAL”, sostuvo. Al mismo tiempo, rechazó las sanciones contra las “las personas que están ayudando a abortar, tanto médicos como aquellas que ayudan desde el socorrismo”.
Para ella, esto va a “traer mucho repudio por parte de las asociaciones de abogados y de la sociedad en general”. El contexto en que magistrados del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del de Seguridad y del entonces Ministerio de Desarrollo presentaron la iniciativa, para Durán, no es el indicado. “Estamos en un proceso electoral donde las personas se están manifestando en función de la profundización de la democracia; debatir el Código Penal en estas circunstancias nos parece contradictorio. Así como nos parece contradictorio haber habilitado el debate el año pasado y hoy por hoy no tener ninguna instancia de aprendizaje de todo lo que se debatió”.
En cuanto a las nuevas tipificaciones, Durán afirmó: “Lo de las lesiones al feto y aborto imprudente es un debate que retrocede, incorpora nuevas terminologías que no tienen nada que ver con lo que sucede en la realidad, independientemente de algunos casos extremos. Atrasa el debate”.
Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, también manifestó su rechazo al proyecto, el cual calificó como “inadmisible”. “El proyecto del Poder Ejecutivo no sólo no da respuesta a la persecución que este delito supone para las mujeres, ya que insiste con su criminalización y encierro; sino que, además, como no ocurre con ningún otro delito, deja a discrecionalidad de los jueces determinar la suerte de la mujer. Preocupa además que el Código profundiza este camino regresivo, creando nuevas figuras penales vinculadas directamente con el aborto”, indicó.
“Distintos organismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2016), el Comité de Derechos Humanos (2016) así como el Comité de los Derechos del Niño (2018), entre otros, remarcaron la necesidad de que Argentina despenalice la práctica”, agregó Mariela Belski.
En línea con la representante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó la importancia de tener en cuenta el debate del año pasado. “Cualquier reforma normativa que se realice en materia de interrupción legal del embarazo debe honrar el consenso al que se arribó durante el debate legislativo 2018 y establecer como piso mínimo la despenalización de las mujeres que acceden a la práctica. La propuesta actual sigue dándole la espalda a cientos de miles de mujeres y niñas”.
No necesitamos que un juez decida si podemos ser libres o no de ejercer nuestro derecho a la salud pública".
Victoria Donda
La diputada nacional Victoria Donda, en tanto, dijo a este medio que la iniciativa “no es una reforma aceptable”. “No es lo que las mujeres venimos pidiendo, no es por lo que nos venimos movilizando. Nosotras no necesitamos que un juez decida si podemos ser libres o no de ejercer nuestro derecho a la salud pública”, mencionó al respecto de la cláusula de excepción.
Para la legisladora, quien confía en que este año el proyecto de despenalización del aborto vuelva a tratarse, “esto es la estrategia de una parte del Gobierno”. Sin embargo, aclaró que “hay otra parte del Gobierno que pelea genuinamente con nosotros para que salga el proyecto” por el aborto legal, seguro y gratuito.
Con este nuevo Código Penal, según Donda, “quieren cambiar el eje de debate. Saben que si volvemos a tratar el consenso que tenemos, que es el proyecto que salió con media sanción, lo aprobamos”.
