Por Martín Dinatale/infobae.-
El Presidente quiere que se establezca por ley una mayor autarquía a esta oficina y que tenga mayores poderes de investigación para los funcionarios
En medio de la tranquilidad del Sur el presidente Mauricio Macri repasó con sus allegados la agenda legislativa que quiere encarar en este 2019 electoral y remarcó con énfasis un tema al que dará particular importancia: la instrumentación de una profunda reforma a la Oficina Anticorrupción (OA) con la idea de darle mayor autonomía y hacer de esa dependencia un sello propio de su gestión hacia el futuro.
El Presidente está convencido de que se vendrá una etapa que algunos despachos de la Casa Rosada denominan de "emprolijamiento institucional". En esto se incluye la reforma a la Oficina Anticorrupción que hasta ahora fue manejada por Laura Alonso y que cosechó muchos cuestionamientos de la oposición por no haber sido suficientemente dura en sus decisiones con algunos funcionarios o actos del Gobierno.
"Queremos que la administración de Macri sea recordada por la lucha contra la corrupción y esta reforma a la OA es uno de los ejes que nos propusimos para este año", reveló a Infobae un destacado funcionario de la Jefatura de Gabinete.
Esta reforma a la OA estará incorporada dentro de un amplio proyecto de reforma a la Ley de Ética Pública que desde su creación en 1999 no sufrió demasiados ajustes y que aparece como retrógrada en función de los cambios de la actualidad.
El proyecto de reforma a la Oficina Anticorrupción fue elaborado por el equipo que conduce en la Jefatura de Gabinete el discípulo de Lilita Carrió, Fernando Sánchez y se encuentra a la revisión de Macri en un borrador que esta semana fue directo a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que conduce Pablo Clusellas. No está claro aun si la iniciativa se empezará a debatir en febrero en sesiones extraordinarias o si Macri lo postergará todo para un gran anuncio en la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo.
Según expresaron tres funcionarios de la Casa Rosada que trabajaron en la redacción de ese texto, el objetivo central es que la OA tenga autonomía funcional y autarquía presupuestaria.
Es que hoy esta oficina depende en gran medida del Ministerio de Justicia y la designación de su director lo define el Presidente.
La intención es que en el futuro el titular de la Oficina Anticorrupción se defina por medio de una consulta pública y el mandato se fije por 5 años igual que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Por otra parte, el borrador del proyecto contempla para la OA una mayor capacidad institucional para aplicar un nuevo catálogo de sanciones a los funcionarios más duras que las que rigen actualmente.
El nuevo esquema de la Oficina Anticorrupción propondrá también un nuevo régimen de conflictos de interés, clarificando los supuestos conflictos e incompatibilidades de los funcionarios e incorporando un capítulo especial de la "tenencia accionaria", una figura que hoy no existe.
Este tema resulta ser muy sensible si se tiene en cuenta la polémica que se desató tras el acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino por la deuda que la empresa tiene con el Estado que aun sigue bajo investigación judicial y ya fue imputado el ex ministro de Comunicación y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad.
A su vez, se evalúa un esquema de poder de la OA similar al que se fijó para la Agencia de Acceso a la Información Pública que ahora es un ente con autarquía creado por ley que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa.
Esta Agencia que se propone como modelo para los cambios en la Oficina Anticorrupción está a cargo de un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional tras un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantiza la idoneidad del candidato. La selección de este candidato es sometida a un régimen de audiencias públicas con poder de veto.
En la Casa Rosada de todas maneras pusieron énfasis en que la reforma a la OA es mucho más amplia y contemplará un nuevo régimen de Ley de Ética Pública donde se exigirá declaraciones juradas patrimoniales y de intereses para sindicalistas, titulares de obras sociales y de partidos políticos, entre otros actores.
También se preverá un mayor detalles de información en las declaraciones juradas y publicidad de la información de cónyuges alineado con fallo judicial que declaró inconstitucional la reforma kirchnerista del 2013.
La diputada de Cambiemos Karina Banfi ya tiene presentados sendos proyectos en la Cámara baja que van a en esta dirección y evaluó ante Infobae que la idea del Gobierno es discutir todas las propuestas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A la vez, se prevé la creación de una subcomisión especial con diputados, juristas y especialistas para analizar en detalle el proyecto de ley de ética pública y someterlo a audiencias publicas como ocurrió con el proyecto de ley de despenalización del aborto el año pasado.
Por otra parte, allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explicaron a Infobae que también hay un debate interno en el Gobierno respecto a la necesidad de avanzar en paralelo con una reforma a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que depende del Ministerio Público.
Incluso en algún momento se especuló con la idea de unificar la OA con la FIA para no superponer tareas de investigación en el Estado. Pero esa idea al parecer ya fue desechada y se impone en lo inmediato una fuerte reforma al esquema de la Oficina Anticorrupción.
