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| El kirchnerismo como verdadera y única amenaza a la democracia argentina |
Por Rafael Eduardo Micheletti/Tribuna de Periodistas.-
Tras el decreto de Mauricio Macri habilitando a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico (no a intervenir directamente) en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (problemáticas por las que muchos inocentes mueren a diario en nuestro país), sectores de izquierda (hegemonizados por la extrema izquierda kirchnerista), marcharon denunciando el uso de la fuerza militar para una supuesta represión de la protesta social.
Se trató, lisa y llanamente, de una puesta en escena descaradamente mentirosa.
En ningún momento ello se desprende del texto del decreto. Más aún, ya van tres décadas en que los militares argentinos no participan en política ni dan muestras de tener voluntad, capacidad ni consenso social para amenazar la democracia.
El único momento en que hubo un atisbo de autoritarismo castrense en los decenios recientes fue cuando Cristina Kirchner designó y sostuvo a César Milani al frente de las fuerzas. Éste se encontraba denunciado por terrorismo de Estado durante la dictadura, juró “por el proyecto nacional y popular” (denotando vocación partidista) y recibió una importante transferencia de recursos de parte del gobierno para montar una inteligencia militar paralela a la inteligencia civil y orientada al espionaje interno. Pero no se trató de una iniciativa proveniente del interior de las Fuerzas Armadas, sino que fue impuesta desde afuera por el kirchnerismo. No evidenciaba una voluntad autoritaria de una corporación castrense desbocada, sino un intento más del kirchnerismo de avanzar con su proyecto autoritario, esta vez subordinando ideológicamente y empleando partidariamente a los militares.
La mayor parte de los que marcharon (en particular, el kirchnerismo), son los mismos que callaron e incluso avalaron el autoritarismo y partidismo militar que pretendió imponer Cristina Fernández a través de Milani.
Más aún, callaron y volvieron a callar frente a los exabruptos totalitarios de Luis D’Elía, quien recientemente convocó a “fusilar a Macri en Plaza de Mayo”, y quien ya tiempo antes había aconsejado a Maduro “fusilar” a Leopoldo López (lo que demuestra que no fue algo accidental). Son los mismos que callan frente a las atrocidades y abusos de la dictadura más larga y de la dictadura más nueva de nuestro continente, que son Cuba y Venezuela.
Lo único que políticamente amenaza a la democracia argentina hoy en día es la extrema izquierda, liderada y cohesionada por el kirchnerismo. Afortunadamente, la extrema derecha goza de muy mala prensa y virtualmente nula repercusión social desde las atrocidades cometidas por la última dictadura militar. Pero la extrema izquierda no cuenta con un repudio social unánime y contundente como ocurre con la extrema derecha, y como debería ocurrir con toda forma de extremismo autoritario.
En otras palabras, la amenaza a la democracia argentina no está en los militares, sino en el kirchnerismo de extrema izquierda. Los militares no gobiernan ni intentan gobernar desde hace 35 años. El kirchnerismo estuvo hasta hace poco en el gobierno y tiene capacidad para pelear por volver a ejercerlo. Los militares han carecido en las últimas décadas de cualquier tipo de actitud, indicio o declaraciones públicas de autoritarismo.
En el kirchnerismo, han abundado las declaraciones públicas intolerantes e incluso totalitarias, como llamar a tomar los tribunales por la fuerza, a tumbar a un gobierno democráticamente elegido o, como puntualizamos antes, a fusilar al presidente en la plaza más emblemática y central del país.
La marcha contra Macri, y a través de Macri contra las Fuerzas Armadas, debió dirigirse, para ser coherente con su propia consigna de defender a la democracia contra sus amenazas, contra el propio kirchnerismo, que era el principal sector aglutinador y organizador de la marcha (es decir, debió dirigirse contra sí misma). Desde luego, semejante coherencia y autocrítica nunca va a tener lugar en los sectores que adhieran a alguna forma de extremismo, ya que se encuentran dominados y enceguecidos por el fanatismo. Por eso, no podemos pretender que el kirchnerismo cese su comportamiento antidemocrático. Es la sociedad la que debe obligarlo a ello. Y en “sociedad” se incluyen ciudadanos en general, pero especialmente líderes de opinión, como dirigentes sociales, líderes políticos, periodistas, etc.
En democracia, todas las posturas democráticas deben ser toleradas. La tolerancia no es la mera abstención de la agresión física.
Consiste en crear un ambiente de respeto, en el que todos se sientan parte del debate. Implica, incluso, valorar la diversidad, que nos enriquece, porque incrementa la creatividad y reduce la probabilidad de error.
Ahora bien, las posturas no democráticas no deben ser toleradas, porque ellas ponen en riesgo la tolerancia misma. “La intolerancia es lo único intolerable”, sentenció Voltaire en el siglo XVIII. Karl Popper, por su parte, llamó a esto “la paradoja de la tolerancia”. En La sociedad abierta y sus enemigos (1945), expresó que: “La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquéllos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia”.
Desde luego, la intolerancia contra los intolerantes no consiste en una intolerancia penal o policial, sino meramente social y pacífica. Darle al Estado el poder de controlar el pensamiento o las ideas sería un autoritarismo tan grande que atentaría contra la democracia misma, incluso aunque lo que se pretenda perseguir sean ideas autoritarias. Esto quedó demostrado, una vez más, en la famosa “caza de brujas” macarthista contra los comunistas en Estados Unidos al inicio de la Guerra Fría. Sin embargo, hablando de condena social, las ideologías y posturas autoritarias deben ser repudiadas rotunda y unánimemente por los ciudadanos, sean de izquierda o de derecha. Las acciones y declaraciones autoritarias o intolerantes no deben pasar desapercibidas ni gozar de un clima de impunidad si pretendemos sostener, fortalecer y perfeccionar nuestro joven pero prometedor sistema democrático.
