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| Nota. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti firmaron la carta dirigida a Peña. |
Declaró el estado de "alerta y movilización" de todos los empleados de tribunales. El Gobierno respondió por la noche: a través del Ministro de Justicia Germán Garavano desconoció el reclamo de dinero y reveló que hubo una reunión con Hacienda ayer mismo en la que "no surgió conflicto alguno". Sospechan que el máximo Tribunal subejecuta partidas y por ende, el fondo Anticíclico de $13 mil millones que administra la Corte volvió a quedar en la mira. Esta batalla no le sienta bien al Gobierno que depende más que nunca de los fallos judiciales que la Corte tiene en carpeta. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales lo saben y grafican un cambio de escenario.
Los supremos refirieron a una contestación de Peña fechada el 18 de junio que no los satisfizo. "En virtud de la respuesta dada en la misma a nuestro pedido de modificación de las partidas presupuestarias y teniendo en cuenta que la dilación en su otorgamiento provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal, se requiere de manera urgente las ampliaciones solicitadas en el presupuesto de la Corte Suprema", arremetió el primer párrafo de la misiva. En síntesis, reclamaron su propio aumento paritario bajo el apercibimiento de hacer "paro" de actividades, una toma de posición sin precedentes. En el Gobierno, el argumento resultó inimaginable: "¿Qué implicaría la inmediata paralización"?, ¿qué no van a sacar más fallos?", se preguntó una fuente oficial con acceso al despacho del ministro coordinador. Por exótico que fuese, la elección de vocablos expuso el inicio de las hostilidades con el Ejecutivo.
"En lo atinente a la política salarial se le hace saber (a Peña) que en el presente año 2018, sólo se ha autorizado un 10% de aumento. El 5% autorizado en el mes de febrero corresponde al año 2017 y se le autorizó a todos los sectores estatales cuyos salarios quedaron por debajo de la inflación del año 2017", culminó la carta de dos párrafos. Así, la Corte exigió su propia "cláusula gatillo" y reclamó que se destraben los fondos, recordándole a Peña algo que obviamente ya sabe y es que no contabilice un 15% a cuenta de los judiciales.
Las firmas de Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz mostraron que no se trató de una jugada individual.
En el Gobierno acusaron sorpresa y no bajaron el tono de desmentida al reclamo: "no surgen situaciones como las planteadas en la nota", informaron en un comunicado sobre la ejecución presupuestaria. Y agregaron que en la reunión técnica entre Corte y Hacienda no surgieron conflictos. "Cualquier situación excepcional se tratará en la próxima reunión" entre Peña, Garavano y la Corte, fue el intento oficial de diferir la controversia a la que le bajó el precio no sin antes mostrar asombro.
La Unión de Empleados de Justicia declaró "estado de alerta y movilización" ante el intento presunto del Gobierno de "condicionar la política salarial", lo que pondría en riesgo la "independencia" del Poder Judicial. Acusaron "intromisión en la necesaria independencia de poderes" por la "no respuesta" de Peña, mientras que el "crecimiento incesante de la inflación" ya se deglutió el aumento otorgado para este año.
El escenario general se volvió impredecible en varios frentes: para la conflictividad por delante entre los empleados judiciales; para la propia lógica de poder interna de la Corte entre los antiguos y los nuevos miembros; y para el Gobierno que quedó desacomodado pensando que tenía interlocutores válidos para el máximo Tribunal y se desayunó con un revés que puede costarle el mal humor de la corporación judicial en el peor momento por la necesidad de buenas nuevas desde los tribunales.
