Por Héctor M. Guyot/La Nación.-
La separación de poderes es un ideal difícil de alcanzar. Más todavía en la Argentina. No debería sorprender que el inevitable proceso de depuración que puso en marcha el nuevo gobierno bajo el mandato del voto tenga avances y retrocesos, claros y oscuros. Un primer problema es que habíamos caído muy bajo: una sola persona casi se traga las instituciones. Ahora estamos obligados a construir con poco. El segundo problema es que en estas tareas de saneamiento que por hartazgo promovió la gente participan muchos de los protagonistas del viejo orden. Que, por esa misma razón, sigue entre nosotros. ¿Cuánto puede mejorar un motor cascoteado con un cambio de aceite y algunas piezas nuevas? En suma, aquí la política mal entendida y los tribunales siguen siendo muchas veces la misma cosa. Y en beneficio de los corruptos, claro.
Hace 23 años hubo en Buenos Aires un atentado en el que murieron 85 personas. En todos estos años, la causa pasó de un juez a otro sin mayores resultados, aunque quedó demostrado que fue el régimen iraní quien organizó el ataque.
En 2013, la presidenta que quería tragarse las instituciones le hizo votar a su Congreso un pacto con Irán para exculparlo del atentado. El fiscal que investigaba el ataque denunció a la presidenta por encubrimiento en enero de 2015 y a los cuatro días apareció muerto. Tarde, dos años después, la Justicia determinó que al fiscal lo habían asesinado. Y tarde también, dos años después de formulada, esa denuncia, primero desoída por un juez hoy en apuros, fue avalada anteayer por otro juez que pide el desafuero y la detención de la ex presidenta bulímica. Por traición a la patria.
El rescate de una denuncia que fue tildada de mamarracho por el kirchnerismo reivindica el trabajo y la palabra del fiscal Alberto Nisman , que fue atrozmente silenciado con un tiro en la cabeza y una feroz campaña de desprestigio. En segundo lugar, las conclusiones a las que llevaron las investigaciones del fiscal Pollicita (que incluyeron unas 50 declaraciones de diplomáticos, informes de Interpol y correos electrónicos que sirvieron para ampliar la denuncia de Nisman) confirman que el segundo gobierno de Cristina Kirchner, marcado por el afán de ir por todo tras un apoyo de más del 50% de los votos en las elecciones de 2011, alcanzó picos de alienación difíciles de imaginar. Esas cumbres del extravío, tan altas como los niveles de corrupción, fueron revestidas siempre por un relato alucinado lleno de épica y victimización. Más o menos, el mismo al que apeló el jueves para aventar el fantasma de la detención que había lanzado por la mañana el juez Bonadio.
"Macri es el máximo responsable de una organización político judicial para perseguir a la oposición", dijo junto a sus fieles en uno de los salones del Congreso, ya bajo el amparo de sus fueros de senadora.
Acusó al Presidente de ser el director de una orquesta en la que Bonadio ejecuta la partitura judicial, todo para tender una "cortina de humo" y disciplinar a la sociedad en momentos en que el Gobierno lanza un paquete de reformas. "Me quieren callada", dijo. Muchos se lo agradecerían, pero es difícil que la verdadera experta en cortinas de humo resigne su arma principal ahora que ocupará una banca y empieza a ser acorralada por la Justicia.
En el Congreso, todos parecen sentirse más o menos cómodos detrás de la llamada "doctrina Pichetto": el desafuero sólo procede cuando existe condena firme. No parece la decisión más acertada si se trata de depurar las instituciones. Con dos condenas a cuestas, Menem no sólo eludirá la pena por sus delitos, sino que votará (si es que visita el recinto) las leyes de la Nación. ¿Qué pasará con Cristina cuando las papas quemen en causas como las de Hotesur, Los Sauces o la de asociación ilícita? Todas ellas reúnen pruebas que dan poco margen para "la interpretación" de la ley.
Pichetto es el líder de la bancada más numerosa del Senado. Tiene la llave que garantiza la libertad de su vieja patrona, ahora convertida en su enemiga. Es su turno de hacerle sentir el efecto del poder. Al Gobierno, la decisión de Bonadio le vuelve a plantear un dilema: ¿qué hacer con Cristina? Promover un desafuero desataría tensiones que pondrían en peligro las reformas en marcha. Una Cristina libre obstruye además la reconfiguración del peronismo y le devuelve al Gobierno, por contraste, su mejor imagen. Pero hay algo que Macri no debería desestimar: un contrato que selló con la sociedad, refrendado en octubre. Ese contrato dice que llegaron la separación de poderes y el fin de la impunidad. Traducido, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
