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| Ministro Juan José Aranguren. |
Por Rubén Rabanal, Editor jefe de Política/Ámbito.- El Gobierno se lanza a la negociación de concesiones en servicios públicos y nuevos marcos regulatorios. Lo anunció ayer Juan José Aranguren. El Gobierno decidió que no le pedirá al Congreso que renueve esa ley vigente desde que Eduardo Duhalde la usó para salir de la convertibilidad. Vicios de los Kirchner.
Adelanto. Ámbito Financiero relató hace 20 días la agenda económica que el Presidente definiría tras las elecciones y la decisión de no renovar la Ley de Emergencia Pública.
Quizás hasta buena parte del Gabinete no terminaba anoche de darse cuenta del carácter histórico de la decisión que Juan José Aranguren se encargó de comunicar ayer: Mauricio Macri ordenó no porrogar más la vigencia de la Ley de Emergencia Pública que rige en el país desde la madrugada del 6 de enero de 2002. Durante los últimos 15 años (gracias que a Néstor y Cristina de Kirchner no quisieron ceder poderes especiales que el Congreso había cedido a Eduardo Duhalde en medio de la emergencia que suponía la crisis financiera y la salida de la convertibilidad a pesar de haber salido claramente de esa situación) el país vivió en un estado de excepción inaceptable para cualquier sistema republicano.
El Congreso quedó atado así a la discrecionalidad presidencial por mantenerse la vigencia de esta Emergencia, mucho mas allá de los límite que permite la propia Constitución Nacional para la delegación legislativa. Lo dice claramente el artículo 76: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". El plazo y las materias de esta emergencia excedieron largamente cualquier limite de racionalidad durante la era Kirchner.
De hecho Macri podrá festejar finalmente haber sido el único presidente en los últimos 15 años que no le pidió nunca al Congreso mantener la vigencia de esa ley que le da superpoderes al Presidente. La norma está vigente hasta el 31 de diciembre de este año porque así se lo pidió Cristina de Kirchner al Congreso cuando, además, le hizo votar a su bloque el Presupuesto Nacional 2016 que ella nunca ejecutaría; quizás fue el mayor acto de delirio presupuestario que se registre en la historia reciente.
Así, en su primera chance de derogarla, Macri anuncia que no la prorrogará mas.
La Argentina vivió en medio de esa declaración de emergencia de la que, por si no se recuerda, conviene repetir su extensión y alcance. La pidió Duhalde cuando asumió la Presidencia tras la caída de Fernando de la Rúa. Es la norma que usó para salir de la convertibilidad votada una de las noches mas calientes que se recuerde en la historia del Congreso. Por ella se cedieron al Presidente poderes para renegociar contratos, tarifas y marcos regulatorios de todas las empresas de servicios públicos privatizadas. Todo sin pasar por el Congreso y por lo tanto sin apelar a los mecanismos y procedimientos normales que obligan a pedir autorización a las cámaras..
De hecho esa era una de las facultades más importantes que hasta ahora mantenía utilidad y uno de los argumentos que el Gobierno de los Kirchner usó para seguir prorrogándola. Los Kirchner, con esa ley, pudieron modificar tarifas al mismo ritmo que acomodaban los cada vez más pesados subsidios, todo sin pedir autorización alguna.
La Ley de Emergencia Pública (mal llamada Económica por buena parte del periodismo) declaró el estado de excepción para casi todas las áreas de la actividad del país: laboral (fue la que instauró la doble indemnización), habitacional, productivas y hasta sanitaria.
Como este diario relató en varias ocasiones, gracias a una interpretación extensiva de esa ley el Presidente puede firmar decretos prácticamente sobre cualquier rubro de la economía. Cristina de Kirchner y sus ministros usaron mentirosamente la vigencia de la norma, además, para argumentar ante acreedores del país en tribunales extranjeros, por ejemplo cuando se litigó contra los intentos de embargos por parte de los holdouts, que el país se encontraba en una situación de emergencia grave, mientras la Presidente proclamaba casi delictualmente (tomando en cuenta que se trataba de la palabra de un funcionario público) que la economía argentina crecía y la inflación estaba muy por debajo de lo que denunciaba la oposición.
El anuncio de ayer corrió por cuenta de Aranguren porque se da por descontado que, con la caída de la vigencia de la Emergencia Publica, se iniciará una etapa abierta en la renegociación de contratos de concesión y los marcos regulatorios en empresas de servicios públicos privatizados.
Se confirmó así un anticipo de este diario: Macri optó por reforzar la apuesta por la institucionalidad saliendo de un sistema que no podría tener vigencia en un país normal y aprovechar ese festejo institucional para lanzar una nueva etapa en la negociación con generadoras de energía, petroleras y distribuidoras, no solo en tarifas sino también en su marco regulatorio.
Lo dijo claramente ayer: "Este año la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero de 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos".
